El Presidente Alberto Fernández recibirá en Olivos al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en medio de la tensión por la suspensión de clases presenciales dictada por el Jefe de Estado entre sus medidas para combatir la segunda ola de coronavirus en el AMBA. Medida por la que el mandatario porteño irá a tocar las puertas del Poder Judicial.
Cerca del Presidente calificaban como “pose política” la aparición del jefe de gobierno como defensor de la educación y se mostraban confiados en que su presentación ante la Corte Suprema carecería de sustento jurídico, por lo que no tenía chances de prosperar.
Decían estar dispuestos a escuchar lo que Larreta tuviera para decir, pero descartaban que pudiera haber una marcha atrás. Por eso, en lo que se refiere a las clases presenciales no se veían posibilidades de que se alcanzara ningún acuerdo.
En cambio, en Seguridad se mostraban más optimistas en cuanto a la posibilidad de coordinar el accionar de las fuerzas federales con la Policía de la Ciudad, punto sobre el que aseguran que ya venían conversando.
El Presidente tomó la decisión de hacer lo posible por mantener el cuidado de la salud de los argentinos mientras avanza la campaña de vacunación y desde ahí justificará todas sus decisiones, particularmente la de suspender las clases presenciales por dos semanas, eje de las mayores controversias.
“Establécese, en el aglomerado del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”, dictaminó el DNU firmado por Fernández publicado hoy en el Boletín Oficial.
En la Casa Rosada aseguraban que la medida estaba bien sostenida jurídicamente y que el gobierno porteño no tenía de dónde agarrarse. El punto era que la resolución -que deberá tomarse con urgencia- estará en manos de la Corte Suprema, de relación cortada con el oficialismo.
“Bueno, eso es impredecible. Pero no creo que la Corte se quiera hacer cargo del costo en vidas humanas de esa decisión“, respondía un estrecho colaborador del Presidente. La imparable suba de contagios terminó de convencer a Fernández de que las clases presenciales -en especial el movimiento de millones de personas que genera entre padres, docentes, no docentes y alumnos– debían interrumpirse por dos semanas, algo que sus propios funcionarios venían rechazando.
El Presidente sabía que la medida no sería aceptada por la Ciudad por la posturas de Rodríguez Larreta en la semana previa, cuando se decidieron las primeras leves restricciones.
“No hubo ningún control, la policía no controló nada“, comentó anoche el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien aseguró que el jefe de gobierno incumplió con lo acordado, especialmente en lo referido a la veda nocturna, pese a que le habían concedido que fuera más laxa que lo pensado originalmente.
El gobernador Axel Kicillof, entre los que más empujaron al Presidente a decidir las nuevas restricciones, fue durísimo con Rodríguez Larreta y sus actitudes. “No es cierto el versito del consenso“, aseguró, y le recriminó que firmara cosas con una mano y decidiera lo contrario con la otra.
Larreta se victimiza
En la conferencia de prensa que dio al mediodía, Rodríguez Larreta tomó el tema como bandera. “Vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para que los chicos el lunes vayan a la escuela. Le pido al Presidente si nos podemos reunir hoy mismo, esta tarde”, lanzó.
El vicejefe Diego Santilli se encargó luego de comunicarse con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, -la mejor vía de comunicación que subsiste entre ambas administraciones- y armaron el encuentro para hoy en Olivos.
Es una controversia ideal para el jefe de gobierno que por lo habitual es azuzado por los sectores ultra del macrismo que capitanea Patricia Bullrich. Ellos le criticaban la estrategia dialoguista de las primeras épocas con la que, le recriminan, no consiguió nada y encima terminó con el presupuesto recortado. La supuesta defensa de la educación le permite reposicionarse en la interna, con un tema que sabe simpático para las clases medias porteñas.
Insistirá con la idea del “consenso” y, como no habrá acuerdo, terminará acudiendo a la Justicia. El miércoles que viene, la Corte citó a una audiencia a la Nación y a la Ciudad para intentar una conciliación por el recorte de fondos que dispuso el gobierno nacional sobre lo que cobraba de más la administración porteña por el traspaso de la policía.
Los conflictos se van acumulando en el año electoral y Rodríguez Larreta tiene tendencia a colocarse en el rol de víctima, con el que se siente a gusto.
Kicillof ayer se cansó: “Pensamos que Larreta era distinto por su responsabilidad de gestión. Es igual a Macri y a Patricia Bullrich“, dijo respecto a la habitual diferenciación entre palomas y halcones de Juntos por el Cambio.
Las fuerzas de seguridad
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dio una conferencia de prensa junto a sus segundos Eduardo Villalba y Gabriel Fuks, para explicar cómo serán los operativos. En Gobierno aseguraban que la mención del Presidente a un papel de las Fuerzas Armadas fue pensado únicamente para dar la idea de que existía la decisión de hacer cumplir al decreto, no porque se pensara que tiene un papel que jugar en la seguridad interior.
A diferencia de la cuestión de las clases presenciales, en el aspecto policial del operativo creían que se terminarían poniendo de acuerdo.
Rodríguez Larreta también actuó temor por “la participación de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad“.
Omitió recordar que ya hay más de dos mil efectivos federales patrullando las villas 1-11-14, la 21-24 y la Fátima. Por eso estimaban que, sentados alrededor de una mesa los funcionarios, se pondrían de acuerdo.
Las fuerzas federales pueden patrullar y pedir papeles, pero no pueden detener ni aplicar multas. Por eso es lógico que trabajen en colaboración para lo que ya venían dialogando. La intención del gobierno nacional es desplegar unos 8.500 efectivos de las fuerzas federales en el AMBA en control de trenes y de los principales accesos.