La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue contundente respecto al rechazo al acto apologista de la dictadura que realizó la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel. El evento en la Legislatura porteña -que contó con la presencia de implicados en el atentado contra CFK- generó un fuerte repudio por representar el intento de ruptura de los acuerdos democráticos.
El show de Villarruel
Villarruel, estuvo presente en la tarde del lunes en un acto que buscó “homenajear a las víctimas del terrorismo” (sic) y que estuvo coordinado por la legisladora porteña de La Libertad Avanza, Lucía Montenegro.
El evento tuvo por fin resucitar la “teoría de los dos demonios“, intentando equiparar el accionar de las organizaciones políticas armadas de los ’70 con la represión y genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar a través de un plan sistemático de exterminio y desaparición de personas.
La cita fue una clara provocación de Villarruel -de probados vínculos familiares y personales con represores– a 40 años de la recuperación democrática de la Argentina.
Para ilustrar el “target” del evento, la propia Lucía Montenegro se ocupó personalmente de bloquear la entrada a medios de comunicación que tuvieran una mirada distinta a la de los “libertarios”. Por otra parte, para sorpresa de pocos, también se hicieron presentes figuras polémicas como Leonardo Sosa, Ximena Tezanos de Pinto y Delfina “Wagner” Meza, todas personas involucradas en las causas por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Delfina Wagner y Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina, sospechosa de ser cómplice del atentado a Cristina aparecieron ,en una actitud provocadora, en la movilización en repudio al acto de Villarruel.
Ellos buscan la guerra, nosotros buscamos la paz pic.twitter.com/4cJct38m9W— Les jóvenes (@Les_jovenes) September 4, 2023
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El repudio generalizado
El acto que intenta barrer discursivamente con los más elementales consensos democráticos provocó el rechazo y repudio general de gremios, organizaciones políticas, organismos de DD.HH. y ciudadanos de a pie.
El diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, presentó un proyecto de resolución en el que manifiesta su “máximo repudio” al acto. Por su parte, el interbloque de senadores nacionales del FdT emitió un comunicado también con el fin de repudiar el evento.
La CGT también repudió el acto, y a través de su Secretaría de Derechos Humanos, que lideran los judiciales Julio Piumato y Maia Volcovinsky, señalaron en un documento la necesidad de que “se adopten todas las medidas para evitar esas provocaciones, que niegan y falsean la verdad histórica y ofenden la memoria del pueblo“.
Por su parte, uno de los hijos de Jorge Julio López, Rubén López, afirmó que Victoria Villarruel, “no es negacionista” sino “reivindicadora de la dictadura” y advirtió que si junto a Javier Milei “asumen en el gobierno, van a darle indulto a todos los genocidas que fueron condenados“.
Una de las voces más fuertes contra Villarruel y su show fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien no ocultó su indignación ante el calificativo de “terrorista” que la compañera de fórmula de Milei le adjudicó a su hija, Laura, vícitma del terrorismo de Estado.
Villarruel calificó a Carlotto como “un personaje siniestro” para la Argentina.
“Es un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado al terrorismo, ha hecho política desde siempre, tiene a toda su familia colocada en el Estado”, dijo la compañera de fórmula de Milei respecto a Carlotto.
“Que a mí me diga lo que quiera, pero que a Laura no la toque”, respondió la referente de los derechos humanos.
Carlotto indicó que este martes va a tener una reunión en Abuelas de Plaza de Mayo donde abordarán el ataque de Villarruel.
“Lamento esto, porque me enteré muy tarde. Descansé igual, porque mi conciencia está tranquila, pero tocar a Laura es imperdonable. Estoy enojada, es un enojo de justicia, porque lo quiere hacer, no se lo podemos permitir. Está dando señales de que lo que dicen ahora es nada comparado con lo que vendrá después”, agregó en una entrevista en Nacional Rock.
En una extensa entrevista para el portal Letra P, la histórica defensora de los Derechos Humanos reconoció su temor que, ante un eventual gobierno de Milei-Villarruel:
“El pueblo estaría en una división profunda entre quienes lo votaron y quienes no, quienes aceptan y quienes no a un gobierno de una persona negacionista, que defiende los crímenes más aberrantes que se cometieron en dictadura, que los justifica”.
“Esta gente quiere dar vuelta la historia“, afirmó Carlotto respecto al revisionismo negacionista que intentan imponer los “libertarios”, y aseguró que “no nos ofende a nosotros, ofende a la patria“.
Al ser consultada sobre si habrá resistencia popular ante cualquier intento de indultar o liberar a los genocidas, Carlotto fue contudente:
“Estaremos organizados y en las calles. Así reaccionamos cuando en 2017 la Corte quiso imponer el 2X1. Nos movilizaremos en paz, nunca con violencia. Pero es necesario salir a ocupar las calles ahora, a hablar con nuestro entorno, porque lo que hay que pensar no es en la reacción, sino en evitar que aquello suceda“.
La Justicia no le da la razón a Villarruel
Una importante contracara del evento en la Legislatura fue la decisión que tomó la jueza federal María Romilda Servini quien desechó la “teoría de los dos demonios” al rechazar por segunda vez reabrir una causa por un supuesto atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, ocurrido en julio de 1976 y atribuido a “Montoneros”, en una decisión que ya fue apelada ante la Cámara Federal porteña.
La jueza analizó nuevamente el caso, a petición de un grupo de querellantes que buscaba que se reconsiderara la decisión original.
En su resolución, Servini ha argumentado que la decisión de no considerar el atentado como un delito de lesa humanidad ya ha sido confirmada por jurisprudencia de tribunales superiores, y que los hechos del 2 de julio de 1976 se consideran prescriptos.
La jueza había tomado una decisión similar anteriormente, basándose en la prescripción. En esta ocasión, tras la orden de la Cámara Federal de volver a evaluar el caso, Servini ha revisado los argumentos presentados pero ha llegado a la misma conclusión: que la calificación de los delitos investigados está agotada y que no se trata de un delito de lesa humanidad.
Cabe destacar que en 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también había rechazado un recurso extraordinario relacionado con este caso, respaldando la prescripción y sobreseyendo a siete acusados.
En consecuencia, la jueza Servini ha enfatizado que la discusión sobre la calificación de los delitos ha sido zanjada y que la causa debe considerarse cerrada, en línea con un dictamen fiscal que también se opuso a la reapertura de la investigación.
Esta decisión contrapone el discurso negacionista de Villarruel con la realidad y la legislación: los actos de las organizaciones políticas no son equiparables al genocidio.
