Antes que se iniciara el proceso de Juicio Político en su contra en el Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, fue denunciado por haber desactivado el ente del máximo tribunal que se encarga de impulsar los juicios de lesa humanidad contra los genocidas de la última dictadura.
“La conducta de Rosatti deshonra las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos”, remarcó el abogado que presentó la denuncia contra el supremo, Pablo Llonto, quien también ejerce como querellante en varias causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
El prontuario de la Corte
En 2008, cuando había que poner en marcha los juicios de lesa humanidad y sólo había un puñado de casos siendo juzgados, la Corte creó la llamada Comisión Interpoderes –que funcionaba bajo la órbita del secretario Alfredo Kraut-. La Interpoderes funcionó con relativa regularidad hasta septiembre de 2016, durante el tiempo en que Ricardo Lorenzetti era el presidente de la Corte.
En mayo de 2017 los jueces supremos firmaron el fallo que habilitaba el beneficio del 2×1 a los represores de la última dictadura y la Interpoderes no volvió a convocarse.
La situación empeoró al año siguiente con la llegada de Carlos Rosenkrantz a la presidencia del tribunal con el apoyo de Rosatti y Elena Highton de Nolasco –los tres que habían firmado el fallo que favorecía al represor Luis Muiña–.
En, al menos, tres de los 14 pedidos de juicio político que se están analizando en comisión en la Cámara de Diputados hay acusaciones vinculadas al fallo del 3 de mayo de 2017 con el que Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco beneficiaron a los represores con el cómputo de 2×1. Después Rosatti y Highton debieron dar marcha atrás con una resolución que firmaron en diciembre de 2018, luego de que se produjeran masivas movilizaciones en todo el país en protesta.
Rosenkrantz volvió a llamar a la comisión en octubre de 2020, después de que la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley pidiera su juicio político por su postura frente a las causas de lesa humanidad.
Sin embargo, en aquella oportunidad ni el Ministerio de Justicia ni la Secretaría de Derechos Humanos ni la mayoría de los organismos de derechos humanos estuvieron de acuerdo en asistir porque entendían que era sólo una formalidad para evitar el Juicio Político con el Congreso.
Cuando reemplazó a Rosenkrantz en la presidencia, Rosatti tampoco se molestó en revivir la comisión en la que deberían tratarse temas como la cantidad de audiencias que se hacen por semana en los juicios, si faltan contratos en algún juzgado que demoran las investigaciones, si hay vacantes en determinado tribunal o como se controlan las prisiones domiciliarias.
“Mucho menos se ha citado a los organismos de derechos humanos ni familiares querellantes o representantes de las víctimas para atender y resolver la enorme cantidad de problemas que impiden dar celeridad a los juicios penales más antiguos del país”, apuntó Llonto en su presentación.
En su presentación judicial, el abogado repasa la preocupante situación de los juicios de lesa humanidad: centenares de causas se instruyen a ritmos indolentes, muchas audiencias en debates orales se fijan una vez por semana o cada quince días, hay faltante de personal en tribunales y juzgados, excesivas demoras en el tratamiento de recursos, apelaciones y vías recursivas en Cámaras y en la propia Corte.
“La gravedad de la situación actual motivó que en agosto de 2020 el Senado de la Nación incluyese en el Proyecto de reforma Judicial tres artículos destinados a ‘acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad’. Sin embargo, las dos últimas presidencias de la Corte (Rosenkrantz-Rosatti), pero con mayor desidia la de Horacio Rosatti, han desactivado dolosamente todo mecanismo para resolver este problema y mucho menos han tomado medidas para agilizar las miles de denuncias y casos que desde los años 70 esperan respuesta por parte de víctimas y familiares de las víctimas”.
A Rosatti también lo denunció la ex detenida-desaparecida Patricia Isasa por haberle dado cobertura al represor Eduardo Ramos Campagnolo mientras era intendente de Santa Fe.
La presentación de Llonto hace foco directamente en las decisiones que tomó Rosatti al frente de la Corte, no en los fallos que firmó –más allá de la desaprobación de la sentencia Muiña–.
