La semana pasada, Alberto Fernández firmó el decreto 728/2022 que limitaba la incorporación de beneficiarios a programas sociales, y también dispuso en esa misma medida que el 30 % de la obra pública nacional sea otorgada a cooperativas de la economía popular, siendo Emilio Pérsico -líder del Movimiento Evita– el mayor beneficiado, con “fierros” para disputar en las elecciones de 2023 y un nuevo asiento desde donde hacerlo.
Desde el gobierno explican que el decreto forma parte de una serie de medidas tendientes a promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino.
La normativa estableció que en los procesos licitatorios se dará preferencia a las empresas oferentes que cuenten con un mínimo del 5 % de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa Puentes de Empleo y dio un plazo de 60 días para la designación de los representantes de los diferentes sectores que componen el llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.
El 5 de octubre pasado, en su despacho, Alberto recibió junto a Sergio Massa a dirigentes de movimientos sociales: Pérsico, jefe del Evita; Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa (CCC), y Daniel “Chucky” Menéndez, de Somos-Barrios de Pie. También estuvo Gildo Onorato, del Evita y secretario gremial de la UTEP.
Juan Grabois, líder del MTE y cercano a Cristina Kirchner, con fuertes diferencias tácticas y estratégicas con Pérsico, no fue invitado al cónclave en la Rosada.
Con el decreto, el Evita se aseguró una mesa de alto nivel político donde tener influencias para negociar políticas y recursos: el Consejo de la Economía Popular.
Ahí se van a sentar periódicamente representantes de las carteras de Economía (Massa), Trabajo (“Kelly” Olmos) y Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz) con “las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica”, según reza la letra chica.
En los hechos, será la UTEP; en concreto, la organización de Pérsico, Somos-Barrios de Pie y la CCC, y no otras agrupaciones.
El apéndice más importante de esa mesa será coordinar el manejo de la obra pública de baja intensidad, que generalmente abarcan trabajos como bacheo, cordón cuneta o terminación de viviendas. Estas obras son licitadas por las provincias y los municipios, y no por el Ejecutivo nacional.
El efecto del decreto, entonces, es dar un marco general para que esas jurisdicciones firmen contratos con las cooperativas de trabajo, que a su vez forman parte de los movimientos sociales.
Allí hay tanto beneficiarios de planes sociales, como no. La economía popular abarca a 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. A su vez, de los 1,3 millones de personas que tienen el Potenciar Trabajo, se estima que el Evita agrupa el 10%.
La organización tiene varios comodines políticos, con trabajo territorial y cargos en la función pública. Pérsico es formalmente secretario de Economía Social, a cargo del Potenciar Trabajo.
Además de Pérsico, entre sus filas se destacan Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario; Leonardo Grosso, diputado nacional, y Mariel Fernández, intendenta de Moreno.
El avance más reciente tiene por protagonista a Juan Manuel Abal Medina, quien se sumó a la jefatura de Gabinete nacional como asesor ad honorem.
El manejo del 30% de los 300 millones destinados a obra pública suponen una espada política importante para Pérsico y el Evita, que envalentonados, apuntan a formar su propio armado electoral y disputar territorios en las elecciones del 2023.
El distrito más codiciado por el Evita es La Matanza, municipio gobernado por Fernando Espinoza, donde ya se lanzó la diputada bonaerense Patricia “Colo” Cubría –a su vez, pareja de Pérsico–.
Además el Evita busca disputar en otros puntos del conurbano, como Tigre y Vicente López, Ituzaingó, Berazategui, Marcos Paz y Presidente Perón. En el interior bonaerense, tienen referentes para disputar en Lobos, Chivilcoy, Suipacha, Navarro, San Nicolás, Rojas, Tandil y La Costa.
