El pasado 27 de enero, el procurador bonaerense Julio Conte Grand declaró ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso, donde le preguntaron por su almuerzo con el expresidente Mauricio Macri, por su pertenencia a la alianza Juntos por el Cambio, la reunión de la “Gestapo” y otros hechos donde él es señalado como un eslabón principal del lawfare macrista en la provincia de Buenos Aires.
El expresidente Mauricio Macri y el procurador bonaerense Julio Conte Grand almorzaron juntos el 9 de diciembre del año pasado. En aquella oportunidad, Macri fue quien citó a Conte Grand para interiorizarse personalmente por un problema personal de éste. No hablaron ni de la Fundación FIFA, ni de ningún otro asunto vinculado con la actividad de uno u otro.
Esa es la versión oficial que contó el jefe de los fiscales bonaerenses a los legisladores de Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia cuando declaró el 27 de enero pasado. El procurador no detalló cuál era esa cuestión privada por la que Macri se interesó.
El actual procurador fue secretario de Legal y Técnica del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Incluso participó de los famosos “timbreos” de Cambiemos en campañas electorales.
Sin embargo, Conte Grand dijo a la Bicameral que ese no fue su gobierno. Cuando le insistieron sobre su pertenencia política antes de ser procurador, Conte Grand replicó que eso había pasado “hace mucho”.
En sus respuestas, Conte Grand negó todo. Negó reuniones privadas con los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y también negó haber tenido conocimiento de fiscales bajo su órbita que operaban con agentes de inteligencia.
En la audiencia negó haber tenido conocimiento de que el fiscal Sebastián Scalera tuviera relación con los servicios de inteligencia. Ni que otro fiscal, Mariano Leguiza, fuera quien gestionó la reunión de dos jerarcas de la AFI con el juez de Avellaneda Luis Carzoglio para pedirle, según el magistrado, que metiera preso al sindicalista Pablo Moyano.
Aunque los hechos ocurrieron en 2018 y fueron de público conocimiento, Conte Grand prometió que promovería una investigación contra Leguiza al día siguiente de declarar ante la Bicameral.
El desconocimiento de los hechos sobre los que era interrogado llegó a las reuniones con Arribas y Majdalani. Y allí apareció la cumbre del G-20 como explicación para los “dos o tres” encuentros que reconoció.
La cumbre también sirvió para explicar por qué tenía un teléfono encriptado que le había provisto la AFI. Conte Grand aseguró que se lo dio “un empleado” tras una reunión por la seguridad del G-20, que nunca lo usó y que lo devolvió, aunque no recordaba cuándo, ni a quién.
También negó todo conocimiento sobre la reunión en la que se habló de la “Gestapo” contra los gremios. El procurador se despegó de las afirmaciones del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas que lo involucraban a él como parte de un acuerdo espurio de persecución a sindicalistas.
A la reunión la catalogó como un “encuentro de trabajo” -en sintonía con los comentarios de Vidal- en el que se les prometía “acompañamiento” a los empresarios supuestamente víctimas del gremialista Juan Pablo “Pata” Medina.
Incluso parangonó esa situación con la que vivían los empresarios de la construcción en Bahía Blanca, hasta que un día fue allí la gobernadora Vidal y prometió respaldo para que hicieran denuncias penales. De inmediato el fiscal Juan Pablo Fernández, quien “no se animaba” a impulsar causas, tomó coraje y comenzó a avanzar en distintas causas.
El procurador general bonaerense tampoco conocía la existencia de bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Se trata del “Proyecto AMBA”, que fue un montaje de espionaje ilegal a movimientos sociales, religiosos, comedores comunitarios y, sobre todo, organizaciones políticas opositoras al gobierno de Cambiemos.
