Se convocó para el próximo martes 1 de febrero una multitudinaria marcha contra la Corte Suprema de Justicia, reclamando por una Justicia “que se parezca a su pueblo” y por el “fin del lawfare“. A los dirigentes sociales, judiciales y políticos que convocaron a la movilización se les sumó un alto funcionario del Gobierno Nacional.
El Gobierno Nacional, en su conjunto, no convocó a la marcha contra la Corte pero lo considera como una legítima “expresión“.
“El gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse y no son temas sobre los que tenga que opinar el gobierno”, sostuvo la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti.
La funcionaria reiteró sin embargo que el presidente Alberto Fernández está “a favor de una reforma del Poder Judicial”.
En ese contexto, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, Jorge Ferraresi, confirmó su participación a título individual.
“Voy a estar en la movilización porque me parece que es importante generar un proceso de democratización de la Justicia”, dijo el ministro.
“Se vienen viendo las mesas judiciales, que las sabíamos, la persecución de los últimos años, un método que el macrismo ha tomado desde su creación y se ha consolidado como un proceso”, recordó.
Apuntó que hoy la Corte “funciona con tres miembros y con uno desde su casa” y que “eso no pone un valor democrático a la Argentina”, por lo cual “hay que acompañar la gran movilización, porque muchos fuimos perjudicados por esas mesas judiciales”.
