El Gobierno de Javier Milei sumó 27 rutas nacionales a la red federal de concesiones, con la que busca entregarlas a empresas privadas bajo un esquema que habilita la colocación de más peajes pese al deplorable estado de los corredores por la paralización de la obra pública.
El Gobierno de Javier Milei avanza con la concesión de 27 rutas nacionales en el marco de un esquema que habilita la colocación de más peajes, pese al deplorable estado de las trazas en buena parte del país. La decisión se oficializó en medio de reclamos provinciales por el deterioro de los caminos y de una fuerte caída de la inversión vial nacional.
En la provincia de Buenos Aires figuran las rutas nacionales 3, 22, 33, 35 y 228, además del acceso A0017. Vale aclarar que la ruta 3, en su tramo Cañuelas–Bahía Blanca, ya integra una concesión. Sin embargo, con el nuevo decreto, podría extenderse desde esa ciudad hacia la Patagonia.
En Córdoba aparecen las rutas 60 y 158, y tramos de las 9, 35 y 38. Corrientes suma las rutas 120, 121 y 122, junto con la 14. En Formosa están las rutas 81 y 86, y en La Pampa, la 151 y la 152. Chubut incorpora las rutas 25 y 26, Salta la 50, Entre Ríos la 12 y Neuquén la 237. También hay corredores interprovinciales como las rutas 11, 16, 34 y 89.
Rutas Nacionales en manos de privados
La medida quedó formalizada en el Decreto 1358/2026, publicado el viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial. Lleva las firmas de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La norma suma los corredores a la Red Federal de Concesiones, bajo el régimen de la Ley 17.520.
El decreto instruye a la Secretaría de Transporte a realizar los estudios técnicos y a convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales en un plazo máximo de 12 meses. Como la norma rige desde el día siguiente a su publicación, el plazo se cuenta desde el 14 de noviembre de 2026.
Las empresas adjudicatarias tendrán a cargo la construcción, el mantenimiento, la reparación y la explotación mediante cobro de peaje. También podrán prestar servicios a los usuarios y desarrollar actividades comerciales complementarias que generen ingresos adicionales.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) deberá elaborar los informes técnicos que delimiten los tramos y, una vez firmados los contratos, supervisará su cumplimiento. La Secretaría de Transporte aprobará los pliegos, conformará las comisiones evaluadoras, resolverá impugnaciones y adjudicará las concesiones.
Entre los fundamentos, el texto sostiene: “Resulta conveniente profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional, a fin de promover las inversiones necesarias para su conservación, mantenimiento y desarrollo“.
Desde el Ejecutivo agregaron que la participación privada permitirá mejorar la seguridad vial, reducir costos logísticos y financiar obras sin comprometer el equilibrio fiscal.
El decreto aclara que la inclusión de una ruta no implica que toda su extensión sea concesionada ni que los peajes comiencen a cobrarse de inmediato. Los tramos se definirán durante el proceso administrativo y quedarán fuera los sectores que ya estén concesionados. Las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35 ya forman parte de etapas anteriores del esquema.
Hasta ahora, de una red troncal que supera los 40 mil kilómetros, el gobierno avanzó con la concesión de casi 10 mil kilómetros de la traza. Por ahora no se conoce la ubicación de las nuevas estaciones de peaje, las tarifas ni las inversiones que deberán asumir las empresas.
Ruta 3: Pretenden colocar 8 cabinas de peaje entre Bahía Blanca y Cañuelas tras la concesión
Más peajes y un deterioro que preocupa
El anuncio llega después de una caída del 80% en términos reales del gasto de la DNV y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial entre 2023 y 2026, según datos procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Los fondos de Vialidad Nacional pasaron de 2.700 millones de dólares en 2023 a menos de 800 millones en los ejercicios siguientes.
Según el Instituto Argentina Grande (IAG), solo el 42,4% de las rutas nacionales está en buen estado, el 31,8% en mal estado y el 25,8% en estado regular. Un relevamiento de la consultora Focus Market y la cámara PAETAC detectó 37 tramos severamente dañados sobre 4.625 kilómetros.
También registró demoras de hasta cuatro horas y ocho minutos en la Ruta 40, en Santa Cruz, y complicaciones en la Ruta 151, entre La Pampa y Río Negro. Lo llamativo es que el impuesto fijo a los combustibles que cobra el gobierno de la Nación pasó de representar el 8,9% al 20,1% del precio en surtidor.
Sin embargo, de los $1,5 billones ingresados al Sistema de Infraestructura del Transporte entre enero de 2024 y mayo de 2026, solo el 26,2% ($394.406 millones) se destinó a obras en calzadas. El 73,8% restante fue retenido por el Ministerio de Economía e invertido en plazos fijos, LECAP y BONCAP.
En este contexto, varias provincias asumieron tareas de mantenimiento con recursos propios. En Formosa, donde los fondos viales nacionales cayeron un 77% entre 2023 y 2025, Vialidad provincial envió cuadrillas a la Ruta 86.
En Entre Ríos, los legisladores Marianela Marclay, Adán Bahl y Guillermo Michel impulsaron una causa judicial. El juzgado federal de Victoria intimó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional a responder en tres días hábiles.
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, vale destacar que el municipio de Bahía Blanca decidió hacerse cargo de la reparación y mantenimiento de los más de 7 kilómetros que corresponden al Paso Urbano con fondos locales.
La Cámara Argentina de la Construcción estimó que la falta de mantenimiento elevará a unos 23.000 millones de dólares el costo futuro de recuperar las rutas nacionales.
