Gerardo Pollicita compró la excusa del bitcoin y aseguró que no pudo probar que el aumento de los gastos de Manuel Adorni implique enriquecimiento ilícito. Para el fiscal, el inexplicable salto patrimonial debería investigarse únicamente como posible evasión fiscal.
El fiscal federal Gerardo Pollicita rechazó sostener la investigación contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, pese al aumento de gastos que documentó el propio expediente.
En su dictamen pidió que la causa se limite a una posible evasión tributaria y que pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. La decisión no implica un sobreseimiento y deberá ser analizada por el juez Ariel Lijo.
La Fiscalía aceptó la excusa del bitcoin
Según el dictamen, el expediente no logró probar que el incremento patrimonial investigado se originara durante la función pública. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el aumento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el fiscal consideró que no pudo descartarse que el capital cuestionado fuera anterior a diciembre de 2023.
Pollicita también señaló que la investigación no pudo vincular el dinero con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. El argumento central de Adorni fue una inversión previa en Bitcoin.
Su defensa sostuvo que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras rondaron los USD 200.000 y que la liquidación de esos activos dejó USD 591.544,61, guardados luego en efectivo.
A pesar ed que se trata de una excusa insólita, ya que existen archivos del funcionario pronunciándose en contra del uso de criptomonedas como método de inversión, el fiscal entendió que ese descargo no pudo ser refutado con la prueba disponible.
Una verificación criptográfica confirmó que las claves privadas de las ocho direcciones estaban bajo control de la defensa y que esas direcciones tuvieron actividad entre 2014 y 2018.
Sin embargo, un informe de la Policía Federal Argentina advirtió que la cadena de bloques no permite identificar quién controlaba una billetera en un momento dado ni desde cuándo tuvo acceso a la clave. Es decir que las billeteras podrían haberse adquirido posteriormente justamente para explicar el patrimonio.
De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas. Los restantes se vincularían con servicios del exterior, cuyos plazos de conservación de datos ya habrían vencido. Para la Fiscalía, estas limitaciones impiden confirmar el relato, pero tampoco lo desacreditan.
Pollicita sumó un análisis de ingresos formales. Según los registros de ANSES y ARCA, las remuneraciones acumuladas de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, alcanzaron unos USD 335.000 hasta 2014 y unos USD 493.000 hasta 2018.
A eso se agregan compras de divisas por USD 60.983 entre 2011 y 2014, y la venta de un inmueble heredado en La Plata por USD 50.000. El fiscal aclaró que estas cifras no prueban la inversión en criptoactivos, pero la ubican dentro de una escala económica posible.
Adorni dice que vivió “como si no tuviera” su fortuna hasta que lo nombraron funcionario
¿Cómo sigue la investigación?
Aunque consideró explicado el núcleo patrimonial, el fiscal detectó posibles irregularidades tributarias. Recordó que la propia defensa admitió que parte de la información de las declaraciones juradas rectificativas era “materia antes no declarada” y que los ahorros se mantuvieron fuera del sistema bancario y “del radar de ARCA”.
Deberán revisarse los ingresos profesionales usados para comprar Bitcoin, la liquidación posterior, la tenencia de moneda extranjera no declarada y las diferencias entre lo informado a Binance y lo declarado ante organismos públicos. También se analizarán mutuos cuya entrega de fondos no habría sido acreditada.
El fiscal indicó que ciertos indicadores podrían exceder una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de fondos una vez iniciada la causa.
Pollicita pidió además investigar a los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y al contratista Matías Tabar, por operaciones que habrían quedado fuera del control impositivo. Solicitó enviar actuaciones al Colegio Público de Escribanos porteño para evaluar la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
Vale recordar que la causa se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó el patrimonio de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Las denuncias apuntaban a viajes, a la evolución patrimonial, a la compra de un departamento en Caballito y a una casa en el country Indio Cuá.
La Fiscalía había detectado erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo. También halló una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos.
Entre los pagos figuraban un lote en el country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o mediante terceros.
Un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) reconstruyó la evolución económica del matrimonio, que el fiscal trató como una unidad económica de hecho.
Según ese trabajo, al 31 de diciembre de 2023 los gastos informados fueron de $1.801.864,24. Un año después, con Adorni ya como vocero presidencial, ascendieron a $113.308.286,69. Al cierre de 2025 fueron de $122.519.161,48.
En su requerimiento de justificación, Pollicita describió “un nivel de vida y de una capacidad de disposición de fondos que, ya en una primera aproximación, lucen desajustados respecto de los ingresos lícitos del exfuncionario”. Entre las compras de 2024 mencionó un Jeep Compass por $21.500.000 y el lote 380 del Country Indio Cuá por USD 120.000.
Sobre los ingresos, el fiscal contabilizó $229.752.283,20 de ingresos lícitos comprobados. De ese total, $103.201.460,20 corresponden a los haberes de Adorni y $126.550.823 a ingresos de Angeletti vinculados con proveedores. Para la Fiscalía, “la magnitud del salto patrimonial registrado en apenas dos ejercicios” no coincidía con los ingresos comprobados en ese lapso.
Ahora el juzgado federal deberá resolver si acepta declinar su competencia y enviar el expediente al fuero penal económico. Ese fuero deberá determinar, ejercicio por ejercicio, si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.
