El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de Axel Kicillof y Nicolás Kreplak para crear una empresa estatal de medicamentos dedicada a evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción.
El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud Nicolás Kreplak para crear una empresa estatal de medicamentos.
La votación se realizó en la quinta sesión ordinaria del año, presidida por la vicegobernadora Verónica Magario, y la iniciativa obtuvo media sanción con los votos del bloque Fuerza Patria y el rechazo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Unión y Libertad y Hechos. Ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados.
El proyecto avanza en medio del ajuste del gobierno de Javier Milei a las prestaciones de salud, que en las últimas semanas derivó en la reducción del plan Remediar, que pasó de ofrecer 128 medicamentos y tratamientos a un esquema acotado de solo 6 principios activos.
De qué se trata el proyecto
La norma crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, bajo la forma de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM). La Provincia será titular del 99% del capital social mediante acciones clase A.
El 1% restante corresponderá a acciones clase B, que podrán ser suscriptas por uno o más accionistas públicos o privados. Además, el Estado provincial no podrá desprenderse de sus acciones sin autorización de la Legislatura, que deberá aprobarlo con los dos tercios de sus miembros.
La empresa podrá investigar, desarrollar, producir, comprar, vender y distribuir medicamentos e insumos sanitarios. También podrá elaborar vacunas, productos médicos y odontológicos, equipamiento e ingredientes farmacéuticos activos, y realizar controles de calidad de medicamentos, alimentos y agua.
La producción tendrá prioridad de abastecimiento para los hospitales y servicios públicos de salud bonaerenses y para los 135 municipios. Según los fundamentos del Ejecutivo, producir desde este formato “debería contribuir a evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción”.
El proyecto prevé que la sociedad se autofinancie con la comercialización de sus productos, la prestación de servicios y las patentes, aunque “el Poder Ejecutivo podrá realizar aportes complementarios si fuera necesario”.
En materia de deuda, la empresa podrá tomar préstamos y emitir títulos, siempre que las operaciones estén vinculadas con su objeto social, contempladas en el presupuesto aprobado y sujetas a los límites de su Estatuto y de la Ley 13.767 de Administración Financiera. El Estatuto deberá incluir una política de endeudamiento con límites prudenciales para preservar la solvencia.
El texto incorpora además una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores designados a propuesta de los bloques, con criterio de proporcionalidad.
Podrá solicitar informes, formular recomendaciones e intervenir previamente en operaciones de endeudamiento extraordinario, como las que superen límites presupuestarios o estatutarios, impliquen una exposición cambiaria significativa o comprometan activos esenciales.
La propuesta ya había sido presentada por el Ejecutivo en 2024 y aprobada por Diputados, pero perdió estado parlamentario al finalizar el período 2024/2025 sin completar su tratamiento en el Senado, lo que obligó al Poder Ejecutivo a enviar una vez más el proyecto.
