La Cámara de Diputados definirá este jueves el futuro del mega DNU de Javier Milei, en medio de la movilización en defensa de las universidades y la soberanía, y en un contexto en el que ni la oposición ni el oficialismo tienen asegurados los números.
El mega DNU 70/23 de Javier Milei llegará este jueves a la Cámara de Diputados, en el marco de la sesión convocada por la oposición para las 14 horas. Sin embargo, ni el oficialismo ni los bloques opositores tienen asegurados los números: para abrir el recinto hacen falta 129 legisladores presentes, y las cuentas de ambos sectores todavía no cierran.
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se llevará adelante la quinta Marcha Federal Universitaria, que desde las 13:30 horas confluirá con los reclamos contra el decreto en una movilización que se anticipa masiva.
Docentes, estudiantes, centrales sindicales, partidos y organizaciones sociales se concentrarán en la zona mientras los diputados buscan sesionar. Mientras tanto, el presidente se encuentra en Estados Unidos.
La oposición busca voltear le mega DNU en Diputados
La oposición convocó a una sesión especial con tres ejes. El primero es el rechazo al DNU 70/23, que ya fue rechazado por el Senado y cuya suerte en la Cámara baja depende de que se logre el quórum.
El segundo es la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El tercero es un régimen para enfrentar la morosidad y el endeudamiento de las familias.
Si el decreto se derogara en su totalidad, volverían a regir las leyes de Alquileres, Góndolas, Abastecimiento y Tierras. También podrían revertirse las disposiciones sobre cielos abiertos, la quita de controles a la industria de telecomunicaciones satelitales y la política de precios de las empresas de medicina prepaga.
Los cálculos que circulan ubican entre 119 y 123 los legisladores opositores que bajarían al recinto. Entre tanto, desde la Casa Rosada creen que a la oposición “le faltan dos” legisladores para alcanzar el quórum.
El grueso del número lo aportan Unión por la Patria, con 92 diputados, y el Frente de Izquierda, con 4. A ellos se suman 3 de Elijo Catamarca, 2 de la Coalición Cívica, 2 de Encuentro Federal, 2 de Primero San Luis, 1 de Defendamos Córdoba, 1 de Coherencia y 4 misioneros de Argentina Federal.
A esa lista se agregan doce integrantes de Provincias Unidas, un bloque de 18 en el que solo seis habían firmado el pedido de sesión. En ese conteo, los diputados que responden a gobernadores son decisivos, y muchos de ellos negocian con el Gobierno desde hace semanas.
Los seis cordobeses de Provincias Unidas, que responden al gobernador Martín Llaryora, darán quórum, según indicaron fuentes cercanas al mandatario provincial. Sin embargo, aclararon: “Apoyan prorroga la ley de Discapacidad y endeudamiento. La derogación DNU 70/23 está en duda“.
Entre los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, el jujeño Jorge Rizzotti y la mendocina Lourdes Arrieta persiste la incertidumbre, mientras que el rionegrino Sergio Capozzi no bajará y el chubutense Jorge Ávila ni siquiera figura en las cuentas.
Los tres tucumanos del bloque Independencia aguardaban instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, aunque una de ellos, Gladys Medina, participó de una reunión que armó el oficialismo para organizar el salvataje del decreto.
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Un fallo y un proyecto que favorecen al Gobierno
La sesión había sido impulsada tras un fallo de la Corte Suprema que le había devuelto vigencia a la derogación de la Ley de Tierras, contemplada en el artículo 154 del DNU. Diez días después, el máximo tribunal revirtió ese efecto con otra resolución y restituyó la norma que limita la extranjerización de tierras.
Esa decisión redujo el riesgo de que caiga el decreto que funciona como la columna vertebral de la gestión de Milei, y en el que se sostienen varias de sus políticas, y complicó los planes opositores de llegar a las 129 bancas.
Además, a menos de 24 horas de la sesión, La Libertad Avanza consiguió dictamen en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora la restitución de la Ley de Tierras.
Con esa jugada, el Gobierno busca sumar a los bloques dialoguistas y quitarle respaldo al intento opositor de rechazar el decreto en su totalidad. El oficialismo, además, convocó a una sesión para el martes 21 de octubre para socavar la sesión de este jueves.
Pese a estos movimientos, tampoco tiene garantizado el resultado. Los representantes de Milei en la Cámara baja niegan estar en condiciones de hacer caer la sesión, y desde un bloque que cooperará con La Libertad Avanza reconocen que está “difícil”.
En ese escenario, las miradas están puestas en los legisladores que responden a Gustavo Sáenz, de Salta. Los diputados Pablo Outes, Bernardo Biella y Yolanda Vega aparecen en duda, y Vega ya avisó que no asistirá por cuestiones de salud. Por eso las acciones de Outes y Biella cotizan en alza en el conteo opositor.
Es por eso que el Gobierno salió a buscar el apoyo de Sáenz. El Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, anunció que buscará inversiones para los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas, que atraviesan Salta, tal como había reclamado el gobernador a comienzos de semana.
El anuncio no se comprometió a impulsar las obras dentro del pliego de privatización: se trata de una promesa de intentar conseguir inversiones. El comunicado no se difundió oficialmente en las cuentas del Ministerio ni de Presidencia y trascendió primero en medios salteños. Un entorno de uno de los legisladores lo interpretó así: “Es un apriete del gobierno”.
Outes, por su parte, publicó una historia en Instagram en la que reclama las obras y advierte que “sin compromisos concretos” para Salta “no podemos seguir trabajando en el Congreso como si nada pasara”.
Agregó: “Los consensos también exigen reciprocidad“. Cerca del diputado sostienen que su intención es dar quórum y que no quiere ser responsable de que se caiga la sesión. Sobre Biella, fuentes citadas por LPO dicen que está aislado y nadie sabe qué hará.
Algo similar ocurría con los tres tucumanos que responden a Jaldo, que hasta el miércoles no atendían el teléfono a los emisarios del Gobierno, aunque tampoco la oposición sabía si bajarían al recinto. Tanto Jaldo como el santafecino Maximiliano Pullaro parecen estar negociando condiciones con la Casa Rosada para que la sesión se caiga.
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La marcha universitaria frente al Congreso
Afuera del recinto, la quinta Marcha Federal Universitaria concentrará el reclamo por la aplicación “efectiva e inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario.
La concentración será desde las 13:30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, punto desde donde iniciará su marcha la AGD-UBA, y en otras intersecciones cercanas al Congreso. Aunque el epicentro estará en la Ciudad de Buenos Aires, la movilización se replicará en ciudades de todas las provincias, incluida Bahía Blanca.
Los manifestantes reclaman una recomposición salarial en las universidades públicas, un aumento de las becas estudiantiles y más presupuesto. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió revisar el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió al Congreso con $7,3 billones para las universidades nacionales.
Se trata de $6,3 billones para personal, funcionamiento y transferencias corrientes, y $1,02 billones para ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos.
El CIN plantea que se necesitan cerca de $11 billones y estima que solo el gasto en personal llegaría a $8,368 billones. Su titular, Franco Bartolacci, advirtió: “Desde la asunción de Milei, las transferencias al sistema cayeron a la mitad y las instituciones funcionan al límite de sus capacidades”.
La AGD-UBA sostiene que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes. Su secretaria general, Laura Carboni, explicó:
“El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semi exclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111”.
La convocatoria suma a las dos CTA, la CGT, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, y al Frente de Izquierda de los Trabajadores, entre otros.
La CGT expresó: “Marchamos junto a la comunidad educativa porque la universidad pública es un derecho inapelable en la construcción de un futuro con dignidad y oportunidades para todos y todas”.
ATE, además, anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves y convocó a movilizarse contra el DNU y en defensa de la educación pública. También participarán organizaciones de personas con discapacidad, trabajadores rurales, ambientalistas, inquilinos y movimientos sociales.
En la columna rural e indígena, la UTEP y comunidades originarias reclamarán la plena vigencia de la Ley de Tierras. Denuncian un freno intencional a los relevamientos territoriales, el abandono de las familias de quinteros a las especulaciones del mercado y el desmonte de las obras básicas en barrios populares.
