Presentaron una denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili por las pérdidas multimillonarias que provocaron las operaciones con el oro de las reservas del Banco Central, entidad que reconoció la participación de bancos extranjeros en la maniobra, pero se negó a identificarlos.
El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para que la Justicia investigue una posible malversación de caudales públicos en la administración de las reservas de oro del país. La causa recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, en Comodoro Py.
El legislador del bloque socialista impulsó la presentación después de conocerse un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que detectó una pérdida de USD 1.023 millones asociada al pago de coberturas sobre el oro depositado en el exterior. Según el escrito, esa suma equivale aproximadamente a un octavo de las reservas argentinas del metal.
“El desmanejo y la opacidad con que el Banco Central maneja las reservas de oro no pueden seguir impunes. La pérdida de USD 1.000 millones por pago de cobertura debe tener responsables. Por eso presenté una denuncia penal contra Caputo y Bausili para que la Justicia determine su responsabilidad. El oro no se timbea”, sostuvo Paulón.
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En la presentación, el diputado afirmó que desde fines de 2025 intentó obtener información sobre las reservas en oro y en bonos del Estado. Según explicó, el Banco Central no informó cuánto oro se encuentra depositado dentro del país y cuánto en el exterior, ni brindó detalles sobre las operaciones realizadas con esos activos.
Paulón se hizo eco de las quejas de la AGN, que indicó que la falta de datos complicó las tareas de control y fiscalización. De acuerdo con el expediente, parte de las reservas auríferas se encontraba depositada en el Banco de Inglaterra.
La denuncia plantea que, si se acredita un perjuicio para el Estado, los hechos podrían encuadrarse en el artículo 260 del Código Penal, que sanciona la malversación de caudales públicos.
Entre las medidas solicitadas, el diputado pidió que se intime al titular del Banco Central a enviar de manera urgente los informes que detallen dónde y de qué modo se utilizó el oro de las reservas. También reclamó los dictámenes internos que hayan respaldado las operaciones financieras realizadas con esos activos.
Como prueba, Paulón incorporó documentación vinculada con pedidos de acceso a la información pública, comunicaciones oficiales del Banco Central sobre la administración de las reservas de oro y publicaciones periodísticas sobre el informe de la AGN.
La presentación de Paulón se suma a otra, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien denunció a Caputo, a Bausili y a Juan Ernesto Curutchet, integrante del directorio de la entidad.
En ese expediente se solicitó investigar una posible administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras.
Dalbón amplió luego su denuncia y pidió medidas de prueba para reconstruir las operaciones financieras con oro realizadas durante 2025. Reclamó contratos, actas del directorio, informes de riesgo, registros de liquidaciones y documentación sobre los pagos efectuados.
También requirió una pericia contable para establecer el resultado económico real de las transacciones y solicitó que se investigue si hubo una actuación coordinada entre funcionarios de distintas áreas.
Cabe aclarar que la existencia de pérdidas por sí sola no acredita la comisión de un delito ni la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados. Será la investigación judicial la que deba determinar si los resultados respondieron a una cobertura financiera legítima, cómo se estructuraron los contratos y si hubo un perjuicio patrimonial para el Estado.
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Las operaciones con el oro de las reservas
El tema volvió a la agenda pública por el informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. Según los datos difundidos a partir de ese documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo era el oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a unos USD 1.023 millones, con salida de divisas.
El organismo de control, presidido por Juan Manuel Olmos, advirtió que la conducción económica había apostado a una baja del precio del metal cuando la onza cotizaba a USD 2.000.
Luego, la cotización más que duplicó ese valor. Según se informó, el Banco Central debió pagar en efectivo USD 1.023 millones por las coberturas sobre una posición en oro que inicialmente era de USD 5.375 millones.
Frente a la objeción de la AGN, la entidad respondió que durante 2025 obtuvo un resultado positivo de USD 2.505 millones por su posición en oro, producto de la suba de la cotización. Lo que no detalló, según se señaló en las publicaciones, es que sin la cobertura la ganancia habría sido USD 1.023 millones mayor.
El caso tiene un antecedente en el traslado de lingotes al exterior durante 2024. El Banco Central confirmó que había transferido parte de sus reservas de oro fuera del país, pero la información sobre las cantidades, las condiciones de las operaciones y el destino dejó expuesta la opacidad de la operación.
En septiembre, durante una exposición en el Senado, Bausili afirmó que una parte del oro estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. La AGN, sin embargo, aclaró que su análisis sobre la trazabilidad de las reservas aún estaba en curso y mencionó demoras en la entrega de información por parte de la autoridad monetaria.
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¿Cuáles son los bancos extranjeros implicados?
En las últimas horas, el Banco Central reconoció que bancos internacionales participaron en las operaciones de cobertura sobre las reservas de oro que quedaron bajo la lupa de la AGN. Sin embargo, ante la consulta de LPO, voceros de la entidad se negaron a identificar a esas instituciones.
Según ellos, la mayor parte de la operación se instrumentó a través de “organismo multilaterales”. LPO interpretó que se trataría de una referencia al Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), con sede en Basilea, que realiza operaciones con reservas y oro.
También habrían intervenido bancos privados. Sin embargo, lo más llamativo de la situación es la negativa a identificar a los bancos implicados, especialmente si se consideran los antecedentes judiciales de Bausili.
Durante su paso por la Secretaría de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Bausili fue investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El expediente se centró en su intervención en operaciones de colocación de deuda pública en las que participó el Deutsche Bank, la entidad financiera donde había trabajado antes de ingresar al Estado.
La investigación del juez Sebastián Casanello determinó que Bausili había intervenido en expedientes vinculados con la contratación de bancos colocadores, entre ellos su antiguo empleador. La acusación sostenía que existía un conflicto de intereses.
Casanello lo procesó en dos oportunidades. Sin embargo, en diciembre de 2023, casi al mismo tiempo que se anunciaba su designación al frente del Banco Central con la llegada ed Javier Milei al poder, la Cámara Federal revocó el procesamiento.
El expediente siguió su curso en otras instancias y, en julio de 2026, la Cámara de Casación Penal concedió un recurso para revisar la falta de mérito, con lo que la discusión judicial volvió a abrirse.
