Dos empresas que prestan servicios al proyecto de hidrocarburos en Malvinas consiguieron contratos de YPF para participar de la explotación de Vaca Muerta antes de que Javier Milei intentara capitalizar la causa por la soberanía de las islas.
A pesar de que el gobierno de Javier Milei intenta capitalizar la causa por la soberanía de las Islas Malvinas, durante su gestión dos empresas que prestan servicios al proyecto de extracción de hidrocarburos Sea Lion, en las islas, consiguieron contratos para trabajar en la explotación de Vaca Muerta.
Se trata de las firmas neerlandesas Fugro NV y Bluewater Energy Services, ambas incluidas en un listado de compañías que el propio Ejecutivo investiga por su vínculo con actividades no autorizadas en la plataforma continental argentina.
Los contratos en Vaca Muerta Oil Sur
Las dos empresas fueron contratadas en el marco del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto impulsado por YPF junto a Pluspetrol, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol.
La obra, de casi 600 kilómetros de extensión, demanda una inversión estimada en US$ 3.000 millones y cuenta con los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según el consorcio, permitirá transportar inicialmente 120.000 barriles diarios, con una proyección de 550.000 y una capacidad potencial de 700.000 barriles por día.
Fugro NV figura en el listado de 45 empresas difundido por el canciller Pablo Quirno, investigadas por un eventual incumplimiento de la Ley 26.659, sancionada en 2011 a instancias del entonces diputado Pino Solanas. La norma restringe la actividad de compañías vinculadas a operaciones no autorizadas por la Argentina en la Plataforma Continental.
La propia empresa confirmó, en un comunicado del 31 de octubre de 2025, que había realizado “investigación geotécnica para el oleoducto de exportación Vaca Muerta Sur en el golfo de San Matías, en Argentina“, trabajo que según otro comunicado consistió en “hizo estudios geotécnicos del lecho marino frente a la costa de Punta Colorada, para Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)“.
Bluewater Energy Services, por su parte, construyó las monoboyas que se instalarán frente a Punta Colorada, en Río Negro, desde donde se exportará el crudo de Vaca Muerta.
La firma también presta servicios para Sea Lion en Malvinas, tanto a través de Bluewater Energy Services BV como de Bluewater Sea Lion Production Company Limited, con sede en el Reino Unido.
Ahora la incógnita es si el gobierno de Javier Milei cumplirá su amenaza. Es que el canciller Quirno advirtió a las empresas y contratistas del proyecto Sea Lion “que Argentina no admitirá ataques contra su soberanía“, pese a que hasta ahora el gobierno no se había preocupado sobre el tema.
El problema es que desde YPF aseguran que “el universo de empresas que prestan servicios petroleros es acotado, sobre todo en tareas altamente especializadas como la construcción de monoboyas o los servicios de geofísica”. Por ahora, los funcionarios libertarios no presentaron ningún plan para avanzar con las inversiones si se corta el contrato.
El RIGI beneficia a una empresa que opera en las Malvinas
Las críticas desde Tierra del Fuego
Las contradicciones del Gobierno de Javier Milei con respecto a la cuestión de Malvinas también generaron cuestionamientos por parte del gobierno de Tierra del Fuego, especialmente luego de que el libertario mencionara la base naval integrada en su Cadena Nacional.
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y el gobernador Gustavo Melella fueron excluidos de la visita que el canciller Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, realizaron a la ciudad para recorrer el obrador de la base.
Vuoto respaldó la obra, pero reclamó una mesa de diálogo con las autoridades locales: “Van a hacer algo en nuestro territorio, armemos una mesa“, planteó, y cuestionó que el Gobierno “no haya convocado a las autoridades locales” pese al impacto directo que tendrá sobre la ciudad.
El intendente aclaró que no rechaza el proyecto: “Celebramos la base naval que tenemos“, dijo, y consideró que puede representar “una oportunidad para ampliar la logística estatal y privada, dinamizar la economía local“.
El otro punto de conflicto señalado por Vuoto fue la contradicción entre dos decisiones tomadas por el propio Gobierno con un mes de diferencia: “No podés un mes atrás sacar a remate las tierras estratégicas que tiene la Armada en la ciudad y un mes después anunciar una base“.
La referencia apunta al Decreto 764/2026, firmado por Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli y publicado el 21 de agosto, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a vender un predio de 382.594,79 m² (unas 38 hectáreas).
El sitio está distribuido en cuatro fracciones sobre las calles Yaganes y 44 Héroes del ARA San Juan, donde funcionan la Legislatura provincial y el Ecoparque dedicado a la tripulación del submarino hundido en 2017. Ese decreto continúa vigente.
