El gobierno de Javier Milei fracasó en su intento de desactivar la sesión impulsada por la oposición para emplazar los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados, y ahora busca impulsar iniciativas propias para no exponerse a una derrota.
Martín Menem no logró voltear la sesión que la oposición pidió para este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados con el objetivo de forzar el tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Pese a los intentos de última hora del gobierno de Javier Milei por convencer a bloques aliados de no bajar al recinto, las bancadas opositoras finalmente sentaron a 135 diputados en sus bancas, muy por encima de los 129 que necesitaban para lograr el quórum.
En Balcarce 50 ya asumen la posibilidad de una nueva derrota parlamentaria y decidieron, sobre la marcha, cambiar de estrategia: en lugar de resistir la apertura del recinto, los diputados de La Libertad Avanza se sentarán en sus bancas para impulsar su propio cronograma.
Endeudamiento y discapacidad llegan al recinto
La sesión especial fue solicitada por un arco amplio de bloques que incluye a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y representaciones provinciales como Coherencia, Defendamos Córdoba y Primero San Luis.
El recinto se abrió a las 12 de este miércoles con el objetivo de emplazar a las comisiones correspondientes para que avancen con el tratamiento de dos ejes centrales.
El primero es la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que vence a fin de año y que la oposición busca extender hasta 2027. Se trata de un proyecto único que tendrá como cabecera a la Comisión de Discapacidad, con el acompañamiento de Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto y Hacienda.
El segundo eje, más complejo, es la respuesta al sobreendeudamiento de las familias argentinas. Sobre este tema conviven más de 50 iniciativas distintas, entre ellas propuestas vinculadas a tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas sueldo, refinanciaciones y mecanismos de alivio para deudores, además de proyectos que plantean declarar una emergencia crediticia.
Solo dentro de Unión por la Patria hay 18 expedientes sobre la cuestión, lo que obliga a un trabajo de unificación entre los bloques opositores antes de poder avanzar hacia una media sanción. El expediente tendrá como cabecera a la Comisión de Finanzas, junto a Defensa del Consumidor (que preside Hugo Yasky), y Presupuesto y Hacienda.
El antecedente inmediato de esta jornada se remonta a fines de agosto, cuando la oposición ya había puesto a prueba su capacidad de reunir el quórum para estos mismos temas y logró sentar a 133 diputados, aunque en aquella oportunidad la votación no tuvo efectos prácticos por una cuestión reglamentaria.
Ese antecedente funcionó como advertencia para el Gobierno y, a la vez, como un compromiso que ahora expone a quienes acompañaron en aquella sesión si no ratifican su postura. Una fuente del peronismo lo resumió así a C5N: “Tranquila nunca estoy con el quorum, pero hoy lo cuento y lo tengo”.
En los días previos a la sesión, distintos diputados de bloques dialoguistas y provinciales confirmaron su presencia pese a las maniobras del oficialismo. Según pudo reconstruirse, la oposición sumó incluso a legisladores que hasta la semana pasada colaboraban con el Gobierno, con lo que esperaban igualar o superar los 133 votos de agosto.
Entre los bloques que ratificaron su presencia se cuentan los 18 integrantes de Provincias Unidas, los 8 de Argentina Federal, los 3 de Elijo Catamarca, el diputado del MID Eduardo Falcone y los monobloques de Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández.
Ellos, junto a los 93 legisladores de Unión por la Patria y los cuatro del Frente de Izquierda conforman un piso que alcanzaría cómodamente el número necesario.
LLA busca voltear la Ley de Emergencia en Discapacidad con un proyecto propio en el Congreso
Las maniobras de LLA para frenar el debate
Hasta último momento, la Casa Rosada sostuvo que la oposición no tenía garantizados los 129 diputados y desplegó gestiones con bloques aliados y provinciales para intentar restarle presencias y evitar así el emplazamiento de las comisiones.
El titular de la Cámara de Diputados había dispuesto inicialmente que los legisladores de La Libertad Avanza no bajaran al recinto, en un intento por hacer caer la sesión antes de que comenzara.
Luego, el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, se reunió con jefes de bancadas aliadas (entre ellos Cristian Ritondo del PRO, Pamela Verasay de la UCR y Alberto Arrúa, del misionerismo) para ofrecer un dictamen propio sobre discapacidad que convirtiera la prórroga en “indefinida”, de manera de descomprimir la presión opositora.
Uno de los diputados presentes en ese encuentro relató a LPO que los representantes libertarios “estaban nerviosos” y que otro legislador remarcó, con tono de advertencia hacia el oficialismo: “Saben que, si no respetan los acuerdos, no sale ninguna ley que necesiten“.
El bloque oficialista había convocado con anticipación a la Comisión de Finanzas para tratar los cerca de 48 proyectos sobre endeudamiento que mantenía sin dictamen, fijando como fecha límite el 30 de septiembre. Esa maniobra fue interpretada por la oposición como una “trampa” para ganar tiempo y descomprimir la sesión.
Con el correr de las horas, y ante la confirmación de que el número opositor estaba prácticamente cerrado, el Gobierno resolvió un cambio de rumbo. La evaluación interna fue que insistir en frenar una sesión que de todos modos iba a poder abrirse dejaba al oficialismo en una posición más débil, expuesto a una derrota inicial sin margen para incidir en el debate posterior.
Por eso, La Libertad Avanza decidió que sus 95 diputados bajen al recinto, dejando de lado la idea de impedir el quórum, y optando por estar presentes para intentar torcer el resultado del debate posterior y ofrecer una alternativa propia.
Sin embargo, hasta el momento no se conoció un texto concreto. En materia de endeudamiento, el Gobierno tampoco definió con precisión cuál será su propuesta: en el oficialismo evalúan que podría llegar a través de una resolución del Poder Ejecutivo, aunque todavía no hay una alternativa cerrada.
El Gobierno también descartó introducir cambios en la normativa del Banco Central que regula la difusión del Costo Financiero Total (CFT). En el Ejecutivo tampoco descartaron que Javier Milei recurra al veto si el resultado final de la ley contradice la posición oficial.
