El gobierno de Javier Milei reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, con el que reduce la edad de imputabilidad a 14 años y habilita penas de hasta 15 años de prisión, ignorando las necesidades presupuestarias de los centros de detención.
El Gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes la baja de la edad de imputabilidad luego de que la ley fuera sancionada en febrero y, a partir de ahora, adolescentes de hasta 14 años podrán ser encarcelados en la Argentina.
La medida, oficializada a través del Decreto 875/2026, pone en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) y habilita procesos penales contra menores que hasta el viernes pasado no podían ser juzgados.
Sin embargo, mientras se amplía el universo de personas que pueden terminar tras las rejas, la inversión estatal prometida para sostener esa infraestructura resulta mínima: el propio texto oficial reconoce partidas que, según especialistas y legisladores, están lejos de cubrir las necesidades reales del sistema.
La firma del decreto estuvo a cargo del presidente Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. La norma reemplaza a la Ley 22.278, que regía la cuestión penal juvenil desde 1980, previo incluso a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la reforma constitucional de 1994.
Qué implica la baja de la edad de imputabilidad
El nuevo régimen rige desde el momento en que el adolescente cumple 14 años hasta las 0 horas del día en que cumple 18, y contempla un abanico de sanciones que van desde la amonestación hasta la privación de la libertad, pasando por la prohibición de acercamiento o de salida del país, el monitoreo electrónico y los trabajos comunitarios.
La pena máxima prevista es de 15 años de reclusión, y el encierro está pensado como última instancia, reservada a los casos de mayor gravedad o reincidencia. Los menores condenados a prisión deberán cumplir la pena en unidades separadas de los adultos.
También se crea un Registro Nacional de Reincidencia para el seguimiento de los casos. El Ministerio de Justicia queda designado como autoridad de aplicación y deberá coordinar la implementación junto con otros organismos creados por el propio decreto.
Entre los incluidos están el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil (espacio de articulación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en el que también participan la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General) y el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que nuclea al personal encargado del seguimiento de los adolescentes imputados.
La reglamentación no avanza sobre otros derechos específicos para las víctimas, por lo que tendrán tutela efectiva, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito, y prevé capacitaciones para jueces, fiscales y defensores.
En cuanto a los fondos, la ley dispone una partida que ronda los 23.739 millones de pesos, aunque ese monto se concentra exclusivamente en el ámbito federal: unos 20 mil millones para la Defensoría General de la Nación y tres mil millones para el Ministerio de Justicia. Nada de eso está destinado a resolver el déficit de infraestructura carcelaria en las provincias.
Los números que contradicen el relato oficial
La puesta en marcha del régimen fue celebrada por la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien sostuvo: “Se terminó la excusa de la edad para delinquir“. En un posteo del fin de semana había escrito: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás. Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil”.
Ese discurso, sin embargo, choca con las advertencias que se vienen realizando desde el propio debate legislativo. La senadora Alicia Kirchner había cuestionado la falta de infraestructura: “En la Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido”.
“Seis provincias no tienen absolutamente nada. ¿Quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación? ¿Les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?“, remarcó. Y es que hasta ahora el Gobierno de Milei ha relegado a las provincias cualquier cuestión que requiriera inversiones.
El doctor en Derecho Emilio García Méndez, profesor de Psicología Jurídica en la UBA, también cuestionó el contenido de la reforma: “La pena máxima de 15 años me parece excesiva“, comenzó.
“También considero un error la ausencia de franjas etarias, tratando de la misma manera a todos los adolescentes desde los 14 hasta los 18 años y, sobre todo, creo que es gravísima la posibilidad de que los jueces se inmiscuyan en cuestiones de naturaleza social”, agregó.
García Méndez recordó además que existe un pedido de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Provincial por la Memoria y defensores bonaerenses, y admitió: “Aducen que habrá un aumento potencial de personas privadas de libertad”.
“No lo descarto, pero tampoco lo puedo asegurar, porque en la Argentina prácticamente no tenemos ninguna información precisa sobre el número de personas privadas de libertad”, indicó.
Sobre las condenas dictadas bajo el régimen anterior, agregó: “Los defensores padecen de una crisis de identidad. Hubo, hasta hace muy poco, sentencias groseramente largas que impusieron a adolescentes penas de 23, 25 y hasta 26 años”.
Los datos disponibles relativizan además la magnitud del problema que la reforma dice venir a resolver. Según el abogado Mariano Lema, “en 2025 se iniciaron 22.493 investigaciones penales preparatorias (IPP) en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, frente a 1.012.857 del fuero criminal y correccional; las IPP juveniles representaron el 2,2% del total”.
Lema precisó también que “incluso las IPP juveniles disminuyeron 0,9% respecto de 2024 y los delitos contra la propiedad cayeron 12,1%, con bajas de 21% en robo y 19,3% en hurto”. Sin ir más lejos, en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Nacional de Menores registró en 2025 un total de 1.768 causas, un 14,8% menos que el año anterior.
“Esos números no minimizan ningún hecho grave ni describen por sí solos cuántos adolescentes delinquen, pero recuerdan que la política pública necesita proporciones, series y categorías antes de extraer conclusiones”, agregó.
Pese a haber señalado la necesidad de la reforma frente al esquema anterior, Lema también marcó los límites de su implementación territorial: “no todas las jurisdicciones llegan al mismo punto ni con las mismas herramientas“, y advirtió que “la falta de recursos deja de ser un problema de gestión, para convertirse en un problema de igualdad”.
A esas dudas se suma la mirada de la jueza Marianela Tschiffely, quien cuestionó los tiempos de la implementación: “Esto se hizo demasiado rápido y no se consultó demasiado a los especialistas”.
