Las universidades de todo el país van al paro luego de que el gobierno de Javier Milei no reconociera la pérdida salarial acumulada durante la negociación paritaria e intentara desconocer la Ley de financiamiento Universitario, pese a que la Justicia rechazó levantar la cautelar que obliga a cumplirla.
Los docentes universitarios rechazaron este martes la oferta salarial presentada por el Gobierno de Javier Milei, a la que calificaron de “vergonzosa“, y convocaron a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre.
La medida de fuerza fue resuelta por el Frente Sindical Universitario tras una reunión paritaria que terminó sin acuerdo entre las autoridades nacionales y los representantes gremiales de docentes y no docentes de las universidades de todo el país. Desde el frente indicaron que se rechazó “de manera unánime el vergonzoso aumento”.
En paralelo, el juez federal Martín Cormick rechazó un pedido del Poder Ejecutivo para levantar la medida cautelar que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó al Gobierno un plazo de tres días para presentar un informe documentado sobre los avances en su cumplimiento.
La normativa, sancionada y ratificada por el Congreso, cuenta además con el respaldo de la Justicia en distintas instancias, incluida la Corte Suprema, que ya había ordenado acatar la cautelar. Sin embargo, el gobierno libertario sigue evitando avanzar con su cumplimiento.
❌ PARO TOTAL EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
👉🏽 Mañana, miércoles 2 de septiembre, paramos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. pic.twitter.com/SgEqyP21Zd
— Fedun (@FEDUNArgentina) September 1, 2026
No hubo acuerdo y las universidades van al paro
La reunión del martes estuvo encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien presentó ante los gremios una propuesta de aumento del 3% para los salarios de septiembre.
A ese porcentaje se sumó otro 3% para octubre, cifra que ya había sido pactada en la mesa de negociación de junio. En los hechos, entonces, lo único nuevo que ofreció el Gobierno fue el incremento correspondiente a septiembre.
La propuesta quedó muy por debajo del reclamo sindical. Según los cálculos de las federaciones, la recomposición pendiente asciende al 31,2% adeudado hasta julio, a lo que debe sumarse la inflación de agosto y una suma equivalente al FONID para los docentes preuniversitarios.
Del encuentro participaron representantes de FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, junto al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que la oferta oficial “no fue una oferta, fue una provocación” y remarcó que la única salida al conflicto pasa por “el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario“.
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, quien afirmó que “hay una ley vigente y una medida cautelar que el Gobierno tiene que cumplir” y que por eso los gremios resolvieron ir a la huelga.
Desde la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), su secretario general, Emiliano Cagnacci, señaló que el Poder Judicial ya había instado al Gobierno a cumplir la ley y que la Corte Suprema ordenó acatar la cautelar, pese a lo cual la oferta del 3% “da la espalda a la decisión judicial”.
Los gremios ya habían realizado la semana previa un paro de 48 horas por el mismo reclamo, y para este jueves está prevista una reunión plenaria del CIN en la que podría definirse la fecha de una nueva marcha federal, la quinta desde que Milei asumió la Presidencia. La próxima instancia de negociación paritaria quedó fijada para el 17 de septiembre.
Alejandro Bucciarelli, del Sindicato Unido de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (SUDUNS), explicó a El Ágora Digital que el planteo gremial:
“No se trata solamente de que el porcentaje ofrecido por el gobierno es insuficiente, sino que en realidad no reconoce la pérdida acumulada ni tampoco la recomposición que los gremios entendemos que debe producirse en cumplimiento de la ley de financiamiento”.
Milei ajustó por 2.5 billones los presupuestos de educación, salud y obra pública en la previa de la marcha universitaria
La Justicia reclama respuestas al Gobierno Nacional
El rechazo del juez Cormick al pedido del Ejecutivo para levantar la cautelar se enmarca en una causa que lleva varias instancias.
La medida cautelar, que ordena sostener el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, fue confirmada por la Sala III de la Cámara del fuero y quedó firme después de que la Corte Suprema desestimara un recurso extraordinario presentado por el Estado.
En su resolución, Cormick sostuvo que el Gobierno no logró demostrar que los acuerdos alcanzados hasta el momento hayan tenido un impacto positivo sobre los perjuicios que motivaron la cautelar, ni que exista una solución definitiva al deterioro de los ingresos del sector.
Por ese motivo, consideró que no puede darse por superado “el peligro en la demora” y mantuvo la vigencia de la medida. El fallo aclara, de todos modos, que este rechazo no implica un adelanto de opinión sobre el fondo de la causa, que continúa su curso hacia una sentencia definitiva.
El origen del reclamo judicial se remonta a un acta firmada el 10 de junio entre el Consejo Interuniversitario Nacional, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y las organizaciones gremiales, que establecía una suba salarial del 24,33%, así como incrementos para gastos operativos y becas.
El Estado había solicitado el levantamiento de la cautelar argumentando avances en esos compromisos y asegurando que se trataba de una muestra del acuerdo con las universidades, pedido que ahora quedó rechazado.
Bucciarelli explicó que el plazo de tres días fijado por el juez busca actualizar la información antes de resolver sobre la cautelar, pero que no frena el trámite de la causa principal: “una vez resueltos los planteos que habían provocado la suspensión anterior, se reanuda el llamado de los autos para dictar sentencia en la causa principal”.
Consideró además que, aunque son planos jurídicos distintos, el resultado de la paritaria de este martes “puede ser relevante cuando el juez tenga que evaluar el grado real de cumplimiento de la cautelar”.
