El gobierno de Javier Milei subejecutó fondos por casi 3.000 millones de dólares para sostener el relato del “déficit cero“, reteniendo partidas que por ley deberían destinarse a obras viales e infraestructura hídrica, entre otras áreas.
El gobierno de Javier Milei subejecutó fondos por casi 3.000 millones de dólares durante sus primeros dos años de gestión, en un esquema que le permitió dibujar el superávit fiscal declarado como objetivo central de su política económica.
La maniobra se dio en paralelo a la parálisis de buena parte de la obra pública en el país y al desfinanciamiento de infraestructura esencial, como el mantenimiento de las rutas nacionales, el saneamiento y la vivienda social.
Según surge del análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y la Oficina Nacional de Presupuesto, los fondos fiduciarios estatales que continúan en funcionamiento recaudaron más de $ 8,2 billones entre 2024 y 2025.
Sin embargo, buena parte de esos recursos (que por ley tienen un destino específico, mayormente ligado a obras de infraestructura) no se utilizó para los fines originalmente previstos.
Milei y Caputo perdieron el superávit del que venían presumiendo
Desvío de fondos en nombre del superávit
El superávit financiero acumulado por estos fideicomisos ascendió a $ 1,86 billones en 2024 y a $ 1,23 billones en 2025, cifras que equivalen a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente, tomando el tipo de cambio oficial promedio de cada año.
Las planillas oficiales muestran que los fondos ejecutaron solo el 55,8% de lo recaudado en 2024, un porcentaje que subió al 69,5% en 2025 y se mantuvo en un 69,7% durante el primer trimestre de este año. En otras palabras, una porción significativa del dinero recaudado con fines específicos quedó sin aplicarse a las obras para las que había sido creado.
El resto de los activos no utilizados se derivó hacia colocaciones financieras bajo la órbita del Ministerio de Economía. Es decir que Luis Caputo decidió utilizar los fondos destinados a obras para la compra directa de letras, bonos y otros títulos públicos emitidos por el Tesoro nacional.
Existen 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación. Entre ellos, los recortes más pronunciados en los desembolsos se registraron en áreas sensibles vinculadas a infraestructura social y de transporte.
El caso más marcado es el del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuyas transferencias cayeron un 94%. Esa reducción derivó en la paralización de 636 proyectos de infraestructura básica y construcción de viviendas en barrios populares.
Una situación similar se observa en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica. En ambos casos, las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo superan ampliamente los montos efectivamente destinados a la ejecución de obras viales, el mantenimiento de rutas y las tareas de saneamiento en distintas provincias del país.
El esquema descripto por los informes oficiales muestra un patrón que se repite en la mayoría de los fideicomisos analizados: los organismos recaudan fondos con afectación específica por ley, pero ejecutan solo una fracción de lo recaudado en los proyectos para los que fueron creados.
El remanente, en lugar de acumularse sin uso o ejecutarse en obras pendientes, se coloca en instrumentos de deuda pública y le sirve al gobierno a sostener la meta de déficit cero, en un contexto en el que el superávit fiscal se vuelve cada vez más difícil de sostener para Casa Rosada.
Para mantener su discurso, especialmente teniendo en cuenta que, en el último mes registrado volvió a entrar en déficit, el gobierno deja sin financiamiento a proyectos de vivienda social, transporte e infraestructura hídrica que dependen de esos mismos fondos para avanzar.
Para colmo, ni los funcionarios del Ministerio de Economía ni de la Jefatura de Gabinete aclararon los motivos oficiales de la subejecución ni sobre eventuales planes para revertir la situación en los fondos con mayores recortes, como el FISU, el Sistema de Infraestructura del Transporte y el Fondo de Infraestructura Hídrica.
