Javier Milei anunció que prepara un proyecto para aplicar un mecanismo de “shutdown” como el que rige en el Gobierno estadounidense, que paralizaría los servicios públicos y dejaría sin salario a miles de empleados estatales si “te agotás el presupuesto“. ¿Cómo funciona el mecanismo en Estados Unidos?
Javier Milei anticipó que su Gobierno prepara un proyecto de ley para aplicar en la Argentina un mecanismo de “shutdown” similar al que rige en Estados Unidos, de modo que, si se agota el presupuesto asignado, el Estado deje de gastar y “se apague”.
Si la iniciativa sigue el modelo estadounidense, un esquema de este tipo paralizaría servicios de la administración pública y dejaría sin salario a miles de empleados estatales hasta que el Congreso apruebe nuevos fondos.
“No se puede gastar más y se apaga el Estado”
El anuncio se conoció este martes, cuando el Presidente habló del tema durante una transmisión en el canal de streaming oficialista Neura, minutos después del triunfo de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026.
Allí, Milei explicó de manera sintética la lógica del mecanismo: “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”. Consultado sobre si ese esquema podría impulsarse por ley, respondió: “Estamos trabajando en ello”.
El proyecto también fue abordado por el mandatario en una entrevista posterior, en la que amplió la idea: “Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política”, afirmó.
Según trascendió, la definición del formato de esta y otras reformas se realizó en una reunión en Olivos junto al equipo económico, integrado por Santiago Bausili y Federico Sturzenegger. El “shutdown” no fue el único tema abordado por el Presidente.
En la misma entrevista, Milei se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que según indicó se encuentra en etapa final y ya cuenta con una “versión unificada”. En ese marco, cuestionó el esquema vigente de la autoridad monetaria por tener múltiples objetivos de política económica, al que calificó como “un insulto al intelecto”.
El mandatario adelantó además que buscará prohibir de manera explícita, y con sanciones penales, que el Banco Central financie al fisco. Consultado sobre si la emisión monetaria con ese fin podría ser penada, respondió: “Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”.
Según explicó, la reforma podría apoyarse en artículos ya existentes del Código Penal. Hasta el momento, el Gobierno no precisó qué partidas se verían afectadas por el shutdown local, ni un cronograma para el envío del proyecto al Congreso.
En los hechos, una medida de estas características forzaría a la oposición a aceptar las propuestas presupuestarias del oficialismo para evitar la paralización del Estado. Vale recordar que por falta de acuerdos y el intento de Milei de ejercer el máximo ajuste posible, el gobierno pasó 2 años sin presupuesto propio.
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Qué es el shutdown y qué pasó en Estados Unidos
El “government shutdown” es un mecanismo propio del sistema estadounidense que se activa cuando el Congreso no logra aprobar a tiempo las leyes de financiamiento de las agencias federales.
Ante esa falta de acuerdo, la administración debe suspender las actividades consideradas no esenciales, mientras se mantienen operativas funciones críticas como defensa, seguridad nacional y control del tráfico aéreo, generalmente con personal trabajando sin cobrar hasta que se resuelve el conflicto presupuestario.
Desde 1976 se registraron alrededor de 20 cierres de este tipo en Estados Unidos. En distintos episodios se cerraron parques nacionales y museos, se suspendieron inspecciones de alimentos, se demoraron préstamos y se vieron afectadas operaciones aeronáuticas.
El antecedente más recordado hasta hace poco fue el ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump, por la falta de acuerdo sobre el financiamiento de un muro fronterizo con México.
Aquel cierre parcial se extendió 35 días y afectó a unos 800.000 empleados federales, entre trabajadores suspendidos y personal esencial que continuó en funciones sin cobrar.
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), ese shutdown demoró 18.000 millones de dólares en gasto federal y recortó 11.000 millones de la actividad económica, de los cuales 3.000 millones quedaron como pérdida permanente.
Ese récord fue superado entre octubre y noviembre de 2025, cuando el gobierno federal atravesó un cierre de 43 días, el más largo de la historia de Estados Unidos. La medida dejó a cientos de miles de empleados sin cobrar, interrumpió programas sociales y provocó demoras en aeropuertos.
Los parques nacionales y los museos del Smithsonian permanecieron cerrados, mientras que los controladores aéreos trabajaron sin salario, lo que generó demoras en aeropuertos clave y advertencias de las aerolíneas sobre un eventual caos operativo.
El impacto también alcanzó a los programas de asistencia social: pese a una orden judicial para sostener el financiamiento del programa alimentario SNAP, los pagos se retrasaron en varios estados, mientras que el programa WIC, orientado a mujeres y niños, logró mantenerse activo gracias a fondos remanentes del ejercicio anterior.
Para intentar contener los efectos más visibles, la administración Trump dispuso que el Pentágono utilizara fondos no comprometidos para garantizar el pago de salarios militares, y el Departamento de Agricultura reasignó recursos para sostener de forma transitoria otros programas.
Ya en 2026, Estados Unidos atravesó un nuevo cierre parcial, de cuatro días, que se resolvió con la sanción de una nueva ley de financiamiento.
En la Argentina, la Ley de Administración Financiera no contempla en la actualidad un mecanismo de este tipo: si no hay una ley de Presupuesto aprobada al inicio del ejercicio, se prorroga automáticamente la del año anterior con ajustes por decreto.
