El gobierno de Javier Milei respaldó la decisión del Estado boliviano de deportar a los legisladores y organismos de derechos humanos argentinos que viajaron para documentar las denuncias de represión en el país. “Los gobiernos de Bolivia y Argentina mienten“, denunció Juan Marino.
El gobierno de Javier Milei tomó partido por las autoridades bolivianas y avaló la expulsión de una delegación de legisladores argentinos que había viajado a Bolivia para documentar las denuncias de represión en el marco de las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
En lugar de reclamar por sus compatriotas, el canciller Pablo Quirno calificó la medida como un ejercicio legítimo de soberanía y aseguró que la misión argentina era la que estaba en falta pese a que habían sido invitados por la Asamblea boliviana.
Legisladores argentinos deportados en Bolivia
En la madrugada del lunes, una comisión de representantes políticos y referentes de organismos de derechos humanos de Argentina aterrizó en el aeropuerto de El Alto, en La Paz, con el objetivo de relevar denuncias sobre represión estatal en Bolivia.
La delegación estaba integrada por el diputado nacional Juan Marino (Fuerza Patria); Vanina Biasi, legisladora porteña del Partido Obrero en el Frente de Izquierda; Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano, de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma; y Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros.
Según relataron los propios integrantes de la misión, agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos al llegar a La Paz y les negaron el ingreso al país. Ante su negativa a ser derivados a una sala de inadmitidos, las autoridades los trasladaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde donde finalmente fueron deportados de regreso a la Argentina.
Los integrantes de la misión indicaron que en todos los formularios declararon que viajaban en el marco de una misión humanitaria, por lo que rechazaron la justificación oficial.
Las autoridades migratorias bolivianas les entregaron una carta amparada en el Artículo 26 de la Ley N° 370 de Migración, que señalaba que no habían presentado itinerario ni hospedaje como fundamento para la expulsión.
El diputado Germán Martínez, presidente del bloque peronista, señaló que Marino había sido formalmente invitado por la Asamblea Plurinacional de Bolivia y que ya había completado los trámites migratorios en otra ciudad del país antes de ser retenido en La Paz. Martínez exigió que se garantizara la integridad del legislador y reclamó la intervención consular argentina.
“Los gobiernos de Bolivia y Argentina mienten”
Desde el avión detenido en Santa Cruz, varios integrantes de la comisión difundieron videos en redes sociales en los que describieron el operativo como un acto de hostigamiento y restricción arbitraria.
Marino señaló que “la irregularidad corrió por parte de Migraciones en Santa Cruz” y compartió imágenes previas a su regreso al país. Luego confirmó que “no nos permitieron ingresar a Bolivia” y “ya estamos en vuelo volviendo a Argentina“.
Más tarde, agregó que “los gobiernos de Bolivia y Argentina mienten“. “Expulsaron a la Misión para ocultar lo que está por pasar en Bolivia”, señaló, “reclamamos que la CIDH y la ONU se constituyan de forma urgente en territorio boliviano”.
NO NOS PERMITIERON INGRESAR A BOLIVIA
Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina. A las 16:30 hacemos conferencia de prensa en Ezeiza pic.twitter.com/znmWnOjIwW
— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) June 15, 2026
Biasi aseguró que estuvieron “secuestrados con represión policial” y sostuvo que “el gobierno de Rodrigo Paz impidió el trabajo de una misión humanitaria internacional que viajó a Bolivia para relevar las denuncias de represión contra trabajadores y sectores populares que luchan contra el ajuste”.
Para la legisladora porteña, lo ocurrido “constituye una vulneración de las libertades democráticas y un intento de impedir que organismos y representantes políticos constaten la magnitud de la represión que atraviesa el pueblo boliviano”.
Barry, por su parte, describió que “no los dejaban bajar del avión” y que el trato recibido “fue igual al de un secuestro”. Según relató, las autoridades intentaron que firmaran un documento con “causas truchas” para justificar la deportación: “No vamos a firmar nada de esto”, afirmó desde el interior de la aeronave.
URGENTE | Nos tienen retenidos dentro de un avión para impedir el ingreso de la misión internacional de derechos humanos a Bolivia.
Cuando un gobierno le teme a una delegación de observación, deja en evidencia que tiene mucho que ocultar. pic.twitter.com/Srfj81Ejvq
— Vanina Biasi (@vaninabiasi) June 15, 2026
El diputado Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) sostuvo que el viaje tenía como finalidad “verificar denuncias presentadas por organizaciones sociales en el marco de las protestas” y reclamó la autorización inmediata del ingreso.
La misión emitió un comunicado en el que afirmó que la expulsión “atentó contra los fueros diplomáticos” de los legisladores Marino y Biasi, y calificó el accionar del gobierno de Paz Pereira como “dictatorial“.
El gobierno argentino tomó partido por Bolivia
Lejos de exigir explicaciones o reclamar por sus ciudadanos, el canciller Pablo Quirno salió a respaldar públicamente la decisión boliviana en cuanto la situación se volvió pública.
A través de la red social X, el funcionario sostuvo que las autoridades de Bolivia habían detectado “inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”.
Además, aseguró que actuaron “en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”.
Quirno confirmó que los integrantes de la misión ya se encontraban retornando a la Argentina y precisó que la embajada argentina en Bolivia y los consulados en La Paz y Santa Cruz de la Sierra “activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes”.
Sin embargo, el gobierno nacional no cuestionó en ningún momento la actuación de las autoridades migratorias bolivianas ni presentó una protesta formal.
La postura del gobierno de Milei generó repudio en sectores del peronismo y la izquierda, que exigieron la intervención del Ejecutivo para garantizar la liberación inmediata de los legisladores y su retorno seguro al país.
La diputada Paula Penacca solicitó que “las autoridades consulares de nuestro país intervengan para garantizar su libertad y la integridad física” de los afectados.
COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que, en el día de la fecha, arribó al Estado Plurinacional de Bolivia un grupo de ciudadanos argentinos integrantes…
— Pablo Quirno (@pabloquirno) June 15, 2026
