El gobierno de Javier Milei intervino la Oficina de Presupuesto del Congreso bajo la excusa de realizar una auditoría, y ahora el organismo encargado de medir el impacto de los proyectos de ley deberá pedir permiso para publicar informes.
El gobierno de Javier Milei frenó la publicación de informes técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo encargado de analizar el presupuesto nacional y evaluar el impacto fiscal de proyectos de ley.
La parálisis se consolidó tras una reunión de la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria, dominada por el oficialismo y sus aliados, que aprobó una serie de resoluciones que condicionaron el funcionamiento del organismo.
El 2 de junio se realizó la primera reunión de esa comisión en tres años. Allí, por iniciativa del diputado libertario Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, se aprobó una auditoría sobre la OPC y se establecieron nuevas condiciones para su operatoria.
La resolución clave, la Resolución 003-CSP-2026, instruyó a las áreas técnicas del organismo a solicitar autorización previa de la comisión antes de elaborar cualquier análisis que no esté contemplado en un plan anual todavía no aprobado. Ese plan fue rechazado por la propia comisión, que exigió su reformulación.
El resultado práctico fue la virtual paralización de la oficina. “La semana pasada llegó la resolución y desde ahí se paralizó todo. Estamos paralizados”, indicaron fuentes de la OPC. Según explicaron, la norma generó confusión interna sobre qué trabajos pueden realizarse: “La resolución instruye a que lo que no esté autorizado no está permitido hacerlo“.
Hasta ahora, la OPC elaboraba tanto los informes contemplados en su plan de trabajo como los solicitados por legisladores o vinculados a debates parlamentarios en curso. Con la nueva disposición, ese margen quedó suspendido hasta que la comisión apruebe un nuevo plan anual.
Entre los informes demorados figura la ejecución presupuestaria del mes de mayo, que la OPC publica de forma mensual. Desde sectores opositores se especula con que esos datos podrían mostrar aumentos en el presupuesto de inteligencia y recortes en áreas como salud y educación.
También se menciona el posible impacto fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los proyectos que el gobierno busca ampliar y cuyo costo en términos de recaudación sería significativo.
No le dan los números: Caputo se metió en el INDEC para proteger el relato libertario sobre la inflación
“No puede ser que no se puedan publicar los informes“
La diputada de Unión por la Patria Julia Strada denunció que el gobierno “se quiere llevar puesto el funcionamiento de la OPC” y recordó que en mayo el presupuesto del organismo fue recortado en 55 millones de pesos mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
Para Strada, esta situación se suma a una serie de manejos de información poco transparentes por parte del gobierno, incluyendo la opacidad en torno al swap con el Tesoro de Estados Unidos y los envíos de oro del Banco Central a Londres.
El exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez afirmó que la intervención fue ordenada por Milei y Adorni sobre un organismo “formado por un pequeño equipo de profesionales muy calificados” cuya conducción fue elegida por concurso público.
Otras fuentes opositoras describieron la situación como una “invasión política” y señalaron que “fueron diez personas a la OPC y precintaron cosas”. Desde ese sector también se marcó una distinción entre la auditoría en sí y sus consecuencias prácticas: “La auditoría no es un problema, sino que le pusieron una mordaza. No puede ser que no se puedan publicar los informes“.
El gobierno de Javier Milei viene de intervenir el INDEC para evitar que se modifique la metodología para medir la inflación, que en su momento generó tensiones con Marco Lavagna hasta que el funcionario terminó renunciando. El propio oficialismo aseguró que no cambiará la metodología hasta tener números favorables.
El economista Christian Buteler advirtió que “de ser así sería preocupante que un organismo independiente no pueda publicar sus informes porque no se condicen con el relato que quiere imponer el Gobierno”.
La OPC fue creada por la ley 27.343 con el objetivo de producir información técnica objetiva para asistir al Congreso. Su independencia respecto del Poder Ejecutivo es parte de su diseño institucional.
