Imputaron a Reidel por usar la tarjeta de Nucleoeléctrica para gastos personales

La Justicia imputó a Demian Reidel e investiga el uso de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica para gastos personales. Compras en freeshops, discotecas y peluquerías son algunos de los gastos que se atribuyen al exasesor con el que Javier Milei quería ganar el Nobel de Economía.

El fiscal federal Ramiro González imputó al economista Demian Reidel por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa estatal que el acusado dirigió entre abril de 2025 y febrero de 2026.

Reidel, exjefe de asesores del presidente Javier Milei (con quien el libertario había presentado un paper en el Foro de Davos con el que se ilusionó con ganar Premio Nobel de Economía) quedó así en el centro de una investigación penal que también alcanza a otros funcionarios de la compañía. Sin embargo, no es el primer escándalo del exfuncionario.

¿Por qué imputaron a Demian Reidel?

La investigación se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló a Reidel, a integrantes del directorio, a la sindicatura y a otros funcionarios de la empresa por el manejo de una tarjeta corporativa identificada como cuenta N° 338402.

El fiscal González tomó la denuncia y abrió una causa penal orientada a establecer si hubo conductas punibles en el uso y la administración de ese instrumento financiero durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Los delitos que menciona la denuncia son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además del expresidente de la compañía, González incluyó en el requerimiento de instrucción a los miembros del Directorio y de la Sindicatura por una presunta omisión en sus obligaciones de control, supervisión y autorización de los gastos corporativos realizados.

El expediente cobró fuerza a partir de la difusión de un documento oficial denominado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, que fue incorporado a la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública impulsado por la diputada peronista Florencia Carignano.

El mismo reporte había sido incluido como anexo en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso, en respuesta a una consulta formulada por legisladores de Unión por la Patria que solicitaron el detalle completo de los gastos corporativos de NASA.

El fiscal señaló que del análisis preliminar de los movimientos registrados en ese documento “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

También advirtió que la documentación disponible no permite identificar al titular ni al responsable de cada operación, ni aclara si los consumos fueron realizados con una única tarjeta o con plásticos adicionales. A esto se suma que no existe ninguna rendición documentada sobre el destino institucional de cada gasto observado.

Como primeras medidas de prueba, González solicitó incorporar formalmente el reporte al expediente e identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta, además de requerir información bancaria detallada sobre cada operación: fecha, comercio, monto y usuario del plástico utilizado.

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Usando la tarjeta de la empresa para sus gastos

El documento de 58 páginas remitido al Congreso registra 3.861 consumos por un total de $443,2 millones, equivalentes a más de 310.000 dólares al tipo de cambio oficial. Esos gastos corresponden a 103 tarjetas asignadas a 11 directivos y 92 técnicos de la empresa, aunque el reporte no distingue qué persona realizó cada operación específica.

Entre los rubros que despertaron mayores suspicacias figuran 46 compras en locales de duty free o free shops por un total de 7,8 millones de pesos, de las cuales 34 se realizaron el 7 de febrero, apenas dos días antes de que Reidel presentara su renuncia.

El listado también incluye 502 operaciones de adelantos en efectivo por cerca de 60 millones de pesos, concentradas mayormente entre enero e inicios de marzo de 2026, sin precisión sobre el destino de esos fondos.

A eso se suman gastos en hoteles cinco estrellas en ciudades como Río de Janeiro, Viena, Miami y Singapur, pagos en restaurantes, cadenas de ropa, supermercados y servicios personales.

Una parte significativa de los movimientos se concentra en España, donde se registran consumos vinculados a la empresa del sector energético Tecnatom, con antecedentes de trabajo conjunto con Nucleoeléctrica.

En ese mismo contexto, el reporte detalla gastos en una peluquería de Madrid y en una discoteca, realizados en fechas próximas a actividades relacionadas con esa compañía. El listado incluye también operaciones en Brasil, Corea del Sur, Austria y Estados Unidos, así como pagos en aerolíneas y hoteles de distintas categorías.

Desde la empresa se aclaró que los registros corresponden a consumos de “casi un centenar” de funcionarios y empleados jerárquicos, y que los movimientos podrían estar vinculados a viáticos por misiones oficiales en el exterior.

El fiscal, sin embargo, advirtió que incluso bajo esa interpretación, algunos de los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos para comisiones fuera del país.

Reidel intentó despegarse públicamente de las acusaciones. “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas, servicio de playa, free shop ni nada”, escribió en sus redes sociales.

Sostuvo también que las versiones difundidas “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa” y que atribuirle esos consumos “es mala fe”. Al mismo tiempo, reclamó una investigación completa: “Que se investigue hasta el último peso. No tengo nada que ocultar”.

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No es el primer escándalo de Demian Reidel

La imputación por las tarjetas corporativas no es la primera acusación que recae sobre Reidel. El economista presentó su renuncia el 9 de febrero de 2026 en medio de una crisis interna que había sacudido a la cúpula de Nucleoeléctrica durante semanas.

El primer foco de conflicto fue una licitación del servicio de limpieza de las centrales nucleares de Atucha. Distintas empresas competidoras (entre ellas M&G, Distribón y Euro Clean) denunciaron que el proceso habría implicado un sobreprecio estimado en más del 140% respecto del contrato vigente y los valores históricos del servicio.

Además, señalaron que los contratos habrían sido direccionados hacia una firma vinculada a Gabriel Bonetto, exaportante del PRO. Una de esas empresas recurrió directamente a la Justicia, mientras que el gerente de planta, Juan Pablo Nolazco Sáenz, presentó su propia denuncia ante el Comité de Integridad de la empresa.

A esa causa se sumó una denuncia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que acusó a Reidel de haber adquirido un software de gestión administrativa (el sistema SAP S/4HANA) por siete millones de dólares, cuando según las investigaciones del sindicato su valor real rondaría los 600.000 dólares, lo que implicaría un sobreprecio superior al 1.000%.

ATE solicitó la cancelación de esa compra, al igual que se había pedido con el contrato de limpieza.

El tercer frente se abrió a fines de enero, cuando trascendió que Reidel habría saldado deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días. Aunque negó las acusaciones y aseguró que los fondos provenían de operaciones “transparentes” que figuran en su declaración jurada, no logró acreditar esa afirmación de manera pública.

Ante el avance de las investigaciones, el directorio de Nucleoeléctrica tomó una decisión sin precedentes: congeló la firma del presidente de la empresa y concentró el control administrativo en los gerentes, una medida interpretada como una señal abierta de desconfianza hacia la conducción. La salida de Reidel llegó poco después.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una sociedad anónima cuyo capital accionario está distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (ENARSA, 1%). Opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, con una potencia instalada total de 1.763 MW.

La empresa acumula superávit desde hace más de siete años (que al 30 de junio de 2025 representó el 27,7% de sus ingresos) aunque el Gobierno nacional la incluyó entre las empresas públicas a privatizar, con la intención de vender el 44% de sus acciones a un valor estimado de entre 246 y 440 millones de dólares.

Tras la salida de Reidel, la empresa quedó bajo la conducción de Juan Martín Campos, con Martín Porro como segundo.

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