El ya procesado Diego Spagnuolo se negó a ampliar su declaración ante la Justicia por el escándalo de corrupción en ANDIS: Se trata del primero de una lista de 35 imputados entre exfuncionarios del gobierno de Javier Milei y empresarios que deberán presentarse en Comodoro Py.
Diego Spagnuolo se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py pero se negó a declarar ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa que investiga el entramado de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión del gobierno de Javier Milei.
El exfuncionario fue el primero de una lista de 35 imputados (entre exfuncionarios y empresarios del sector médico) que deberán presentarse ante la Justicia Federal entre esta semana y el 26 de mayo próximo. además, ya hay una ventena de procesados en la causa, incluido Spagnuolo.
Cabe recordar que cuando los audios del entonces titular de ANDIS destaparon el escándalo, el presidente había asegurado que “todo lo que dice es mentira” e incluso calificó la denuncia como “una opereta de la política más rancia”.
Spagnuolo hizo silencio, pero las indagatorias siguen
A su salida de los tribunales de Retiro, Spagnuolo confirmó su decisión a la prensa con una frase escueta: “No declaré”.
El exfuncionario, que ya se encontraba procesado por la causa, compareció en el marco de una ampliación de su indagatoria, convocada a pedido de los fiscales Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La ronda de declaraciones continuará en los próximos días con un cronograma que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 extenderá hasta fines de mayo.
Este miércoles 29 le toca el turno a Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud y segundo en la línea de mando de la ANDIS; a Miguel Ángel Calvete, señalado como nexo entre funcionarios del organismo y directivos de laboratorios y droguerías; y a los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
El listado completo de citados contempla a 35 personas. Entre las fechas restantes de abril, el 30 declararán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín. En mayo, las audiencias se suceden sin interrupciones.
El día 5 están convocados Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami; el 6, Oscar Alberto Capello, Guido Capello y Pablo Alejandro Rivero; el 7, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen y Máximo Ariel Perdiechizi.
El 12 declararán Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués y Christian Sagués; el 13, Vicente Sagués, Lucas Sagués e Humberto Gabriel Maone. La semana siguiente contempla las presentaciones de Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat y Gustavo Bernat el día 14.
Además, de Vicente Vázquez, Nicolás Luna y Fabián Piedimonte el 19; de Lautaro Britez, Diego Miras Acosta y Fabián Parlakian el 20; y de Matías Javier Palotti Bertola, Patricio Denholm y Alan Poccovi el 21. El cronograma cierra el 26 de mayo con Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
Junto con la convocatoria a indagatoria, el juzgado decretó la inhibición general de bienes de todas las personas y empresas involucradas, con el argumento de que existe riesgo de que se desprendan de activos que podrían ser recuperados por el Estado en caso de condena.
En palabras del propio magistrado Lijo: “Las hipótesis delictivas investigadas permiten advertir la posibilidad de maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos u objeto de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”.
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De qué se trata la causa ANDIS
La investigación apunta a reconstruir un esquema de corrupción que funcionó dentro de la ANDIS entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que el organismo dependía del Ministerio de Salud de la Nación.
Según el dictamen fiscal, durante ese lapso funcionarios del ente habían direccionado compras de insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI, prestaciones de alto costo y baja incidencia) para beneficiar a un grupo acotado de empresas proveedoras, a cambio de retornos y dádivas de distinta naturaleza.
El fiscal Picardi describió la maniobra como un mecanismo estructurado: las compras se canalizaban a través del sistema SIIPFIS, diseñado para garantizar transparencia en las contrataciones, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas que en realidad actuaban de manera coordinada.
Según la acusación, algunas firmas cumplían el rol de oferentes de fachada, mientras que las adjudicaciones estaban decididas de antemano. Los insumos involucrados no son menores: se trata de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros dispositivos médicos de alto valor.
Estos productos se gestionaban a través del programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS, creado para atender a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves en situación de vulnerabilidad que no cuentan con cobertura médica específica.
En lugar de cumplir ese objetivo, según la fiscalía, el circuito fue capturado por los responsables de la organización para concentrar pagos en un grupo reducido de droguerías y proveedores afines. La investigación estima que las maniobras implicaron erogaciones de fondos públicos por un total aproximado de $75.478 millones de pesos.
Entre las irregularidades más llamativas que recoge el expediente figuran incrementos de precios injustificados en medicamentos de uso crítico. El caso más extremo detectado es el del Macitentan 10 mg: adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024, fue vuelto a adjudicar apenas tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%.
Algo similar ocurrió con el Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se abonaron alrededor de $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones por la misma unidad.
En cuanto a la concentración de adjudicaciones, el expediente detalla que en 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. se llevaron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total que supera los $30.337 millones.
En el segmento de insumos para amputaciones, también se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025, distribuidas de manera equilibrada entre grupos empresariales, lo que reforzó la hipótesis de un reparto previamente pactado.
La causa también contempla una línea de investigación sobre posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al dinero generado por estas contrataciones. Durante la investigación se hallaron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad relacionadas con el exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.
El expediente tuvo origen en agosto de 2025, a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo.
En esas grabaciones, el exfuncionario y uno de los letrados de confianza de Milei hace referencia a supuestos pedidos de dinero a proveedores y menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
El juez que instruyó la primera etapa de la causa aclaró que el procesamiento no descansa en esos audios sino en un conjunto más amplio de pruebas: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.
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Procesados, delitos imputados y avances de la investigación
Al momento de esta nueva ronda de indagatorias, 19 personas ya fueron procesadas en la causa. Spagnuolo fue indagado y procesado por los delitos de cohecho activo, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Según la acusación, la estructura habría tenido dos vértices. Desde el sector público, la conducción habría estado en manos de Spagnuolo y de Daniel María Garbellini. Desde el ámbito privado, los roles clave habrían correspondido a Miguel Ángel Calvete y a Pablo Atchabahian, con la participación de más de 20 empresarios que operaban a través de aproximadamente 30 firmas.
Entre los ya procesados figuran también Diego Martín D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas; Roger Edgar Grant, ex coordinador de Gestión de Urgencias; Eduardo Nelio González, exdirector nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas; y Lorena Vanesa Di Giorno, empleada vinculada a Calvete.
Completan la lista de procesados Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), y los empresarios Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.
El magistrado que condujo la primera parte de la instrucción sostuvo que la investigación logró “reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Además, señaló que hubo “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
También advirtió que el esquema “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados“, y señaló que existen indicios de que la lógica de intermediación y sobreprecios se habría extendido hacia otras áreas y actores dentro del propio organismo.
Para llevar adelante la investigación, la fiscalía cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).
El fiscal Picardi indicó que la investigación continúa abierta sobre otras personas físicas y jurídicas, y que no se descartan nuevas imputaciones a medida que avanza el análisis de cruces de llamadas, movimientos financieros y material secuestrado.
