La Policía Federal reprimió a familias de personas con discapacidad, prestadores y trabajadores del sector que reclamaban al gobierno de Javier Milei mejoras en sus condiciones y el cumplimiento de la Ley de Discapacidad.
Efectivos de la Policía Federal, fuerza que depende de la ministra Alejandra Monteoliva, reprimieron este miércoles en Plaza de Mayo a familias de personas con discapacidad, prestadores y trabajadores del sector que reclamaban al gobierno de Javier Milei mejoras en sus condiciones y el cumplimiento de la legislación vigente.
La protesta comenzó temprano y durante el transcurso de la mañana integrantes del Foro por la Discapacidad intentaron instalar un gazebo frente a la Casa Rosada como parte de un acampe por tiempo indeterminado.
Los efectivos intervinieron para impedirlo: rompieron el gazebo, avanzaron sobre los manifestantes y protagonizaron empujones que alcanzaron a menores de edad y a personas en silla de ruedas.
El padre de una joven usuaria de silla de ruedas que fue empujada por un agente relató lo ocurrido: “Estamos luchando también por los derechos de ellos, pero no les da la cabeza. Vienen, la atacan a ella, me atacan a mí, me tiran, a ella la golpearon. Alcancé a agarrarme de ella, pero sí, ya me tiraban. No les importa nada”.
Fuentes de la Casa Militar indicaron que los manifestantes contaban con autorización para instalar la carpa, pero únicamente “fuera del área de vallado”. Los manifestantes juastamente señalaron que fueron agredidos pese a intentar cumplir con la medida.
La jornada del miércoles 18 de marzo fue una continuación del plan de lucha iniciado el viernes 13, en el que prestadores de todo el país habían comenzado a suspender actividades en reclamo de pagos adeudados.
¿Cuál es el reclamo de las personas con discapacidad?
En el centro de las demandas está el programa Incluir Salud, gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que garantiza cobertura médica a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) sin obra social.
Según los prestadores, el Estado acumula entre cuatro y cinco meses de deuda en algunos casos, con atrasos que en ciertos sectores se remontan a septiembre, octubre y noviembre del año pasado.
Daniel Masuzzo, titular de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires, fue recibido junto a otros referentes por autoridades del Ministerio de Salud, quienes les indicaron que corresponde al Ministerio de Economía girar los fondos. En otras palabras, Mario Lugones le pasó la pelota a Luis Caputo.
Masuzzo describió la situación en estos términos: “Estamos pidiendo que paguen el programa Incluir Salud, que deben en muchos casos septiembre, octubre y noviembre. Queremos saber por qué Economía no gira los fondos, son 4 millones y medio de dólares por mes. La gente se muere, no tiene más medicamentos, no tiene más nada.”
Además del programa Incluir Salud, los manifestantes denuncian demoras en los pagos del PAMI a transportistas especializados y a prestadores de distintos servicios. Durante las 48 horas de paro, quedaron afectadas escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos y el transporte de beneficiarios en todo el país.
“¿Cómo hacemos para pagar los sueldos para darles de comer, para darles todas las terapias? Lamentablemente con ayuda de gente, de la familia, de todo y aportes de por ahí de cualquier cosa, no tenemos y ya no nos podemos sostener más, no hay más fuentes de financiamiento“, explicó el titular de un centro de día entrevistado durante la marcha.
Los manifestantes también reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2025 y reglamentada este año, pero cuyas disposiciones en materia de pagos, según los prestadores, aún no se han implementado por parte del Gobierno de Javier Milei.
En las últimas semanas, el Ministerio de Salud aplicó un aumento del 5,87% en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral, calculado sobre la variación del IPC de diciembre 2025 y enero 2026, según la Resolución 340/2026 de la cartera a cargo de Mario Lugones.
Sin embargo, los prestadores señalan que el incremento no resuelve el problema de fondo mientras los pagos sigan sin concretarse. Uno de los familiares indicó durante la protesta que “nuestra situación es extremadamente crítica, nos estamos quedando sin prestaciones básicas como escuelas, centros de días y terapias”.
Desde el Foro Permanente por la Discapacidad reclamaron “una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional que garantice la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, y advirtieron que de no regularizarse los pagos, muchas instituciones podrían verse forzadas al cierre definitivo.
