La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó elevar a juicio oral a 6 exmilitares por delitos de lesa humanidad llevados adelante contra 30 docentes, estudiantes y personal de la Universidad Nacional del Sur. ¿Quiénes son los acusados?
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca pidió al Juzgado Federal N°1 que eleve a juicio oral la causa en la que se investiga a 6 exmilitares por delitos de lesa humanidad y constitutivos de genocidio cometidos contra 30 docentes, estudiantes y personal de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
Los hechos investigados ocurrieron entre junio y noviembre de 1976, durante la última dictadura militar, e incluyen delitos como violación de domicilio y privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por haber sido perpetrada con amenazas y violencia, en algunos casos con imposición de tormentos agravados por persecución política.
Se trata de 3 exoficiales del Comando del V Cuerpo del Ejército: el coronel Osvaldo Bernardino Páez, el mayor Osvaldo Lucio Sierra y el teniente primero Norberto Eduardo Condal. A ellos se suman tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 181: Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y el suboficial Víctor Raúl Aguirre, a quien se le imputa coautoría directa.
El fiscal general Miguel Ángel Palazzani (junto a los auxiliares fiscales Paula Molini y Pablo Fermento) también solicitaron al juez Walter López da Silva que se admita como querellantes a la organización H.I.J.O.S. Bahía Blanca, a la Universidad Nacional del Sur y al organismo de derechos humanos Equipo Nizkor.
En cuanto a las 30 víctimas, cabe remarcar que en el momento de los operativos en los que fueron secuestradas se desempeñaban como docentes de Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemática y Biología de la UNS.
Además, integraban el gabinete de psicopedagogía social de las escuelas medias de esa institución, eran profesores y estudiantes de la Escuela de Servicio Social, o formaban parte del cuerpo docente y estudiantil del Colegio Nacional de Bahía Blanca. En algunos casos, debieron exiliarse.
Cabe recordar que también habían sido imputados por estos hechos el entonces secretario del juzgado federal Hugo Mario Sierra y el directivo del multimedio La Nueva Provincia, Vicente Massot.
En estos casos, el juez decidió no aceptar su citación como sospechosos y aludió que es necesario profundizar la investigación para comprobar su participación. Es por esto que decidió devolver el expediente a la fiscalía para que solicite nuevas medidas de prueba.
Ante esta situación, la Unidad Fiscal apeló la decisión, remarcando que ya se encontraban reunidos elementos probatorios suficientes para convocarlos a prestar declaración indagatoria. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca indicó que, si el juzgado consideraba que existían medidas pendientes, debía reasumir la investigación.
En ese mismo pronunciamiento, además, revocó el procesamiento de cinco exoficiales del Batallón de Comunicaciones 181 inicialmente acusados por la fiscalía y dispuso su falta de mérito.
Cabe recordar que, en la Megacausa Zona 5, la Justicia ya había emitido una orden para que La Nueva Provincia corrigiera varias notas de la época, por considerar que el medio había difundido información falsa al servicio del terrorismo de Estado.
La cruzada contra la Universidad Nacional del Sur
El accionar de los acusados se inscribe en el plan de persecución política contra la comunidad universitaria que se llevó adelante durante la última dictadura por parte de las fuerzas armadas y de seguridad, según remarca la acusación.
Incluyó secuestros, cautiverio y torturas, y contó con la planificación, coordinación y ejecución del fuero federal y la colaboración del multimedio encabezado entonces por el diario La Nueva Provincia, agregan desde la Fiscalía.
En su requerimiento, los fiscales sostuvieron que los delitos se llevaron a cabo “como parte de una amplia operación de acción psicológica que incluyó el armado de una causa judicial”, destinada a exponer a las víctimas y a instalar la idea de que la institución funcionaba como “la universidad de la subversión” (según calificaba el entonces comandante Acdel Vilas).
El fiscal apuntó que por un lado participó el Comando del V Cuerpo del Ejército y las fuerzas de seguridad bajo su control operacional (como el Destacamento de Inteligencia 181 y el Departamento II Inteligencia del Estado Mayor),
Estos se encargaban de realizar tareas de espionaje, vigilancia y registro de las actividades de docentes y personal universitario hasta concretar los secuestros, identificaban objetivos, y luego las autoridades militares diseñaban el plan represivo, que incluía una dimensión operativa y otra de acción psicológica (que incluían la participación judicial y mediática).
Por otro lado, participaba el Juzgado Federal de Bahía Blanca, que intervino para dotar de una apariencia de legalidad a los secuestros, interrogatorios y torturas, según detalla la acusación. En este contexto, se impulsaron causas judiciales que sirvieron para encuadrar formalmente la persecución penal contra integrantes de la comunidad universitaria.
Esto no incluyó solo a las 30 personas secuestradas, sino que también se persiguió a otros 30 docentes como participes de un supuesto “plan de adoctrinamiento”, por el que se emitieron órdenes de captura en todo el país.
Finalmente, participaba La Nueva Provincia en la acción psicológica, dedicándose a difundir de manera masiva el desarrollo de esas “investigaciones judiciales”. La fiscalía remarca que este accionar ayudaba a instalar la idea de que la institución formaba “subversivos“, mientras daba apariencia de legalidad a las tareas represivas.
