El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí, quien había asumido en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte, y profundizó aún más la crisis política en el país, que Javier Milei y su equipo citan como ejemplo a seguir.
El Congreso de Perú removió este martes al presidente interino José Jerí invocando “inconducta funcional y falta de idoneidad”, una cláusula constitucional que en la práctica se ha convertido en herramienta recurrente de destitución y ha profundizado la inestabilidad política del país, que Javier Milei y su equipo económico señalan como modelo a seguir.
La caída de Jerí, el octavo presidente de Perú en 10 años
Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el pleno del Parlamento peruano aprobó la moción de censura contra Jerí en una sesión extraordinaria que generó controversia incluso en su procedimiento.
Algunos legisladores cuestionaron que correspondía avanzar con un juicio político (que requiere 87 votos sobre 130 miembros) y no con una censura, cuyo umbral es más bajo. Con 115 legisladores presentes, la mayoría necesaria era de 58 votos. Jerí obtuvo 75 en contra.
El detonante de la crisis fue el llamado Chifagate: en enero se viralizaron imágenes de cámaras de seguridad que mostraron al mandatario en una reunión no declarada con el empresario de origen chino Zhihua Yang en un restaurante de comida oriental.
Lo que agravó el episodio fue que Jerí asistió encapuchado, intentando pasar inadvertido. La investigación posterior reveló que ese encuentro, ocurrido el 26 de diciembre, no figuraba en ninguna agenda oficial.
Diez días después, el 6 de enero, hubo un segundo encuentro en una tienda de productos chinos en el centro de Lima, cerca del barrio chino. El local había sido clausurado por las autoridades municipales el día anterior. En las imágenes, Jerí aparece conversando por teléfono con una campera de aviador de la Fuerza Aérea del Perú con su apellido bordado.
A medida que el escándalo se expandía, Jerí cambió su versión en varias ocasiones hasta admitir que no había estado solo en la primera reunión: lo acompañó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
La Fiscalía de la Nación lo señaló como presunto autor de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Yang, por su parte, es identificado como contratista del Estado y como alguien investigado por presuntamente integrar una red de tráfico de madera.
Desde que estalló el caso, el Congreso acumuló siete pedidos de moción de censura. Ninguno prosperó inicialmente porque no alcanzaban las 78 firmas que exigía la presidencia del Parlamento para habilitar el trámite. La semana pasada, la oposición confirmó que había llegado a ese número y convocó a la sesión extraordinaria que terminó con la destitución.
Antes de ser removido, Jerí había dejado en claro que respetaría el resultado, pero defendió su posición públicamente. “Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró en una entrevista televisiva el domingo previo a la votación.
El miércoles, el Congreso está convocado a elegir a un nuevo presidente provisional, que ejercerá el cargo hasta las elecciones generales previstas para el 16 de abril.
Ocho presidentes en 10 años: una crisis que no cede
La destitución de Jerí no es un hecho aislado. Es el último eslabón de una cadena de crisis institucionales que comenzó con las elecciones de 2016 y que refleja un choque estructural entre un Poder Legislativo con fuerte capacidad de remoción y un Ejecutivo que nunca logró consolidarse.
El ciclo arrancó con Pedro Pablo Kuczynski, elegido ese año tras derrotar a Keiko Fujimori en una elección ajustada. Con el fujimorismo controlando el Parlamento, Kuczynski se vio forzado a renunciar en marzo de 2018, antes de que el Congreso lo destituyera por el escándalo de sobornos vinculado a la constructora Odebrecht. Había gobernado 20 meses.
Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió para completar el mandato. También heredó la enemistad del fujimorismo y el 10 de noviembre de 2020 fue destituido por “incapacidad moral permanente“, tras 32 meses en el cargo.
La salida de Vizcarra llevó al poder al entonces jefe del Congreso, Manuel Merino, que duró cinco días. Las protestas callejeras, que dejaron dos muertos, lo obligaron a renunciar. El Parlamento eligió entonces al centrista Francisco Sagasti como presidente de transición: el único en este período que completó su mandato, de ocho meses, hasta las elecciones de 2021.
Con esos comicios llegó al poder Pedro Castillo, un maestro rural. Gobernó sin mayoría parlamentaria, con el Parlamento controlado por la derecha, y en diciembre de 2022 fue destituido tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. Había ejercido 17 meses. Su remoción desató protestas con decenas de muertos.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, la única mujer en llegar a la presidencia del Perú, lo reemplazó y gobernó 34 meses. El mismo Congreso que la había encumbrado la destituyó el 10 de octubre de 2025 en un juicio político en el que se alegó su incapacidad para contener una ola de inseguridad y extorsiones.
En su lugar asumió Jerí, entonces presidente del Congreso, quien acaba de correr la misma suerte, apenas 130 días después. El resultado de esta acumulación: ocho presidentes en menos de diez años, cuatro de ellos destituidos por el Congreso, dos que renunciaron antes de enfrentar ese desenlace y uno solo que completó su mandato interino.
Las sombras del modelo que Javier Milei admira
El año pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, lo dijeron con claridad: su objetivo no es llevar a la Argentina al nivel de Suiza, Estados Unidos o Irlanda, sino a uno más cercano: “Paraguay, Uruguay, Perú, esas sociedades viven tranquilas“, afirmaron.
Milei comparte esa visión. Para el presidente argentino, el giro liberal que Perú adoptó en los años 90 bajo Alberto Fujimori es prueba de que es posible domar la inflación y estimular el crecimiento sin un Estado de gran tamaño y a fuerza de “diciplina fiscal”.
Sin embargo, la propia realidad peruana muestra que la desigualdad se mantuvo alta a pesar del crecimiento del producto bruto: las regiones rurales y andinas permanecen al margen del desarrollo, y más del 70% de los trabajadores peruanos están en la economía informal, sin cobertura social ni derechos laborales. La pobreza, además, aumentó tras la pandemia.
La inseguridad es otro flanco crítico. Perú registró un incremento sostenido del crimen organizado en ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa. El país se consolidó como ruta clave del narcotráfico regional, con presencia de mafias transnacionales en zonas como el VRAEM. La debilidad del Estado en lo social habilitó ese avance.
A eso se suma la corrupción sistémica: cuatro expresidentes peruanos han enfrentado procesos judiciales por escándalos graves, entre ellos el caso Odebrecht, que involucró a múltiples gobiernos de la región. La fragmentación política, con partidos efímeros y sin programas estables, alimentó además una profunda desconfianza ciudadana en las instituciones.
El propio caso de Jerí ilustra la tensión entre los indicadores macroeconómicos y la realidad política: cuando asumió, contaba con casi 60% de aprobación por su discurso de mano dura contra el crimen. En febrero, esa cifra había caído a 37%, y hoy es el tercer presidente consecutivo en ser destituido desde 2021.
