Tras la destitución y arresto de Pedro Castillo, la vicepresidenta peruana Dina Boluarte fue electa por el Congreso para asumir la presidencia del país en medio de la crisis político-social. Quién es y qué piensa la primera presidenta mujer del Perú.
Tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo, el Congreso de Perú adelantó la sesión y aprobó la vacancia presidencial por una abrumadora mayoría de 101 votos a favor, seis en contra y diez abstenciones.
Ante esta decisión, quien asumió la presidencia de la República fue Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la primera mujer en el cargo de la historia del país.
La presidenta Boluarte asume las riendas del país en medio de una crisis política, que se ve agravada además por una potente sequía que azota los Andes, una quinta ola de infecciones por COVID-19 y una gripe que ha matado a miles de aves en la costa del Pacífico.
La primera presidenta mujer
Boluarte, una abogada que fue hasta hace poco ministra de Desarrollo e Inclusión Social, estaba siendo investigada por el Congreso por una supuesta infracción constitucional, pero el Legislativo la absolvió esta semana de todos los cargos.
Nació el 31 de mayo de 1962 en Chalhuanca, Apurímac, Perú. La ahora jefa de Estado se graduó de abogada e hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de San Martín de Porres. Entre su antecedente laboral se encuentra su paso por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como abogada y jefa de una de sus oficinas, cargos que ocupó desde 2007.
Fue candidata a la vicepresidencia, durante las elecciones generales de 2021, por el partido Perú Libre, en la que la fórmula, encabezada por Pedro Castillo, el cual salió victorioso en el balotaje frente a Keiko Fujimori.
El 29 de julio de 2021, fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el Gobierno de Castillo.
A más de un año en el cargo, el 25 de noviembre de 2022, tras el nombramiento de Betssy Chávez como Presidenta del Consejo de Ministros, Boluarte presentó su renuncia como ministra y conservó el cargo que ostentaba hasta la actualidad.
La ideología de Boluarte
La exvicepresidenta de Perú fue expulsada del partido Perú Libre a principio de año. La separación, según se dio a conocer, se debió a que nunca abrazó el ideario del partido liderado por Vladimir Cerrón que candidateó al último presidente electo.
“Internamente he discrepado de algunos aspectos del ideario de Perú Libre como la estatización generalizada de la economía o la intervención en los medios de comunicación. Sin embargo, no he tenido oportunidad de debatir internamente estos puntos de vista“, marca en primer lugar el comunicado publicado a través de sus redes sociales, luego de que surgiera un trascendido que generó polémica dentro del partido.
Las primeras horas críticas
En sus primeras palabras como presidenta Boluarte llamó a la “unidad nacional” y exhortó a dejar de lado las ideologías, en tácita alusión al enfrentamiento que marcó a fuego la relación entre el gobierno de Castillo y el Congreso, dominado por la derecha.

Luego lanzó un guiño a la Organización de los Estados Americanos (OEA):
“Hago un pedido muy concreto a la representación nacional, solicito una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional“.
A inicios de diciembre, una misión de la OEA que monitorea la crisis política peruana había pedido una tregua de 100 días entre el Ejecutivo y Legislativo que no llegó a ocurrir.
Sin bancada propia en el Congreso, Boluarte enfrenta una situación de fragilidad muy similar a la que vivió entre 2018 y 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, que acabó perdiendo el cargo.
El expresidente peruano Ollanta Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, se mostró esceptico de su gobierno y analizó:
“No tiene las herramientas para gobernar, ella debe convocar un adelanto de elecciones, puede ser renunciando para que asuma el presidente del Congreso y adelante elecciones”.
La crisis peruana
La abrupta caída de Pedro Castillo revela una vez más la compleja situación en la que desde hace más de tres décadas se debate la política peruana, en un proceso que va más allá de la simple “crisis de representación” para convertirse en una generalizada y profunda crisis estructural de todo el sistema político.
Una crisis que muy difícilmente pueda remontar una presidenta sin bancada propia en un Congreso hostil cooptado por la derecha.
Castillo, fue detenido horas después de haber anunciado la disolución del Congreso, una decisión que llegó en el marco de una crisis institucional que asedió a su Gobierno –asumido el 21 de julio de 2021-, pero que en realidad tiene larga data: desde 2016 no hay Gobierno peruano que haya finalizado su mandato.
Castillo debía enfrentar este miércoles una tercera moción de vacancia presidencial. En otras palabras, por tercera vez el Congreso iba a decidir si lo sacaba de su cargo o no.
A diferencia de las otras ocasiones, esta iniciativa llegó con mucha más fuerza y más adhesiones. Fue firmada por congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú, Alianza para el Progreso y otros legisladores independientes.
El proyecto fue aprobado por 73 votos a favor -cuando se necesitaban 52-, 32 en contra y seis abstenciones para declarar la “incapacidad moral” para el ejercicio de la presidencia y se decidió que se trataría en el pleno este 7 de diciembre.
Antes de que el Congreso sesionara, a las 12 (hora argentina), el mandatario emitió un mensaje grabado.
“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional“, pronunció ante la cámara e informó que llamaría a elecciones lo antes posible para la elección de nuevas y nuevos legisladores.
Mientras tanto, dijo, se gobernaría por decreto y estableció un toque de queda de las 22 horas a las 4 de la mañana.
“Se declara en reorganización el sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional“, había determinado.
Castillo, además, se ocupó de hacer un racconto de lo que fue su gestión, los desencuentros constantes con el Poder Legislativo, enumeró los proyectos de ley que nunca fueron tratados y denunció una “obcecada campaña y de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana“.
Según lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, de 1993, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso en caso de “censura” o si se ha “negado su confianza a dos (en dos ocasiones) Consejos de Ministros”.
Es decir, en caso de que el Congreso niegue el aval al gabinete de ministros en dos ocasiones. Sin embargo, este no fue el caso y por ello la decisión de Castillo encontró oposición.
El tiro de gracia contra Castillo lo ejecutaron las Fuerzas Armadas, que comunicaron que no acompañarían la medida del ahora ex presidente.

En este marco, Castillo intentó escaparse a la embajada de México para pedir asilo pero fue interceptado y detenido por la Policía Nacional. Por estas horas, se debate si al ex presidente peruano le cabe el delito de sedición y se espera que sea juzgado también por delitos de corrupción.
En la región, sólo el Canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo estar dispuesto a darle asilo a Castillo. Argentina fue el primer país en repudiar el intento de golpe y exigiendo el restablecimiento del orden democrático.
Argentina lamenta y expresa su profunda preocupación por la crisis política que atraviesa la hermana República del Perú, y hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) December 7, 2022