El gobierno de Javier Milei preadjudicó cuatro centrales hidroeléctricas de la Patagonia amparado por la Ley Bases y también lanzó el proceso para privatizar la Hidrovía, una gestión que viene envuelta en cuestionamientos.
El gobierno de Javier Milei formalizó este viernes la preadjudicación de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas del Comahue, dando un paso decisivo hacia la transferencia al sector privado de activos energéticos clave.
A través de la Resolución 2059/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó la venta del cien por ciento del capital accionario de las sociedades que operan las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La operación generará un ingreso de más de 706 millones de dólares para las arcas estatales para darle aire a corto plazo al gobierno libertario a cambio de entregar por varias décadas activos estratégicos para la producción de energía.
Las instalaciones, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, pasarán a manos privadas mediante concesiones por 30 años para la venta de energía eléctrica. La firma de los contratos definitivos está programada para el 22 de diciembre en Cipolletti, Río Negro.
La central Piedra del Águila quedó en manos de Central Puerto S.A., que ofreció 245 millones de dólares por las acciones. El complejo El Chocón fue asignado al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Green Energy, que presentó una propuesta de 235,6 millones de dólares. Este grupo controlará el 99% de las acciones y BML Inversora tendrá el 1% restante.
El consorcio integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos se quedó con dos represas. Para Alicurá ofertó 162 millones de dólares, mientras que por Cerros Colorados presentó inicialmente una propuesta de 38 millones que fue mejorada hasta alcanzar los 64,1 millones de dólares tras un pedido de mejora de precios.
La Comisión Evaluadora rechazó ofertas presentadas por el grupo conformado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar para tres de los renglones. Las propuestas de un dólar realizadas por estas firmas fueron consideradas como un precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta.
El proceso se enmarca en la estrategia oficial de venta de activos estatales, particularmente la privatización de ENARSA y NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.), declaradas sujetas a ese régimen por la Ley 27.742.
El marco regulatorio incluyó la reversión al Estado de las concesiones originales otorgadas en la década de 1990 y la creación de sociedades vehiculares para cada complejo, con participación mayoritaria de ENARSA (98%) y minoritaria de NASA (2%).
El Ministerio de Economía actuó como autoridad de aplicación conforme a los decretos 695/2024 y 718/2024. El ministro Luis Caputo había anunciado a finales de noviembre que se habían recibido ofertas por 685 millones de dólares, monto que con el desempate de una propuesta se extendió a 700 millones.
Los nuevos concesionarios asumirán la operación plena de los aprovechamientos hidroeléctricos una vez publicada la adjudicación definitiva en el Boletín Oficial. La decisión representa uno de los movimientos más relevantes en la reconfiguración del sistema energético argentino bajo la administración actual.
La opaca licitación de la Hidrovía
El mismo viernes, el gobierno también avanzó con otro proceso clave: la licitación de la Hidrovía. A través de la misma resolución que formalizó la venta de las represas, el Ejecutivo fijó para el 27 de febrero de 2026 a las 13 horas el llamado a licitación pública para la concesión de la Vía Navegable Troncal, arteria que concentra el 80% del comercio exterior argentino.
La concesión, que se otorgará bajo el régimen de obra pública por peaje, busca renovar por un período de veinticinco o treinta años los servicios de señalización, dragado y redragado de los canales del Paraná.
El pliego compromete al oferente a realizar tareas de dragado, señalización, relevamiento del lecho del río y nivel de agua, además de prestación de auxilio para salvamento de buques y cuidado de infraestructura.
Sin embargo, el proceso viene envuelto en cuestionamientos. Días antes, mediante la Resolución 66/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el gobierno dio por concluida la etapa de revisión de observaciones al pliego de bases para la licitación.
El legislador del Parlasur Gabriel Fuks cuestionó duramente la decisión: “El Gobierno está abriendo nuevamente a velocidad máxima un proceso licitatorio del que sigue habiendo muchísimas zonas oscuras y difusas”.
Fuks advirtió que las múltiples objeciones planteadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fueron consideradas “sólo en forma burocrática”. Señaló que el gobierno dio por aprobado el pliego tras tomarse 48 horas para analizar las impugnaciones, cuando el período de observaciones de la sociedad civil había cerrado el 14 de diciembre a las 23:59.
“Lejos de garantizar un debate real y profundo, el Gobierno convirtió una instancia de participación ciudadana en un trámite exprés, vaciándola de contenido”, sostuvo Fuks.
A principios de 2025, la primera licitación de la Hidrovía había fracasado. El 25 de febrero se oficializó su suspensión tras recibir una única oferta de la empresa belga DEME, lo que generó sospechas sobre un pliego diseñado a medida.
Fuks atribuyó aquel resultado “a la cantidad de incoherencias que tenían los pliegos” y “a la propia dinámica de la disputa interempresarial”. El proceso está atravesado por lobbies empresariales y pujas geopolíticas entre potencias, particularmente Estados Unidos y China.
Entre las empresas internacionales especializadas en dragado que han mostrado interés figuran la neerlandesa Jan De Nul (que durante décadas estuvo a cargo de la concesión), Boskalis, la china CCCC Shanghai Dredging Co Ltd, la belga DEME y Van Oord.
El ingreso de la empresa china quedó vedado por las condicionalidades del acuerdo con Estados Unidos, que reclama que Argentina no celebre contratos con empresas extranjeras estatales (particularmente chinas) o con participación estatal en su paquete accionario.
Fuks completó su crítica señalando: “Estamos hablando de la columna vertebral logística de la Argentina y del Mercosur. Un proceso diseñado para beneficiar a pocos actores concentrados, con tarifas crecientes y reglas poco claras, termina perjudicando a los productores, a las PYMES exportadoras y a la industria nacional”.
