Julio Cordero fue el encargado de presentar la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei prepara para después de las elecciones: Lo hizo en el marco del debate por el Presupuesto 2026 en el Congreso. ¿Qué implican los “salarios dinámicos” que propuso?
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, anticipó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados los lineamientos centrales de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei planea impulsar después de las elecciones legislativas.
La propuesta introduce el concepto de “salarios dinámicos”, un eufemismo que Casa Rosada utilizar para establecer un régimen que permita pagarles menos a los trabajadores bajo la excusa de una supuesta “meritocracia“.
Precarización y “salarios dinámicos”
Actualmente, los convenios colectivos de trabajo establecen salarios básicos que funcionan como pisos mínimos garantizados para todos los trabajadores de un sector según su categoría. La reforma propone invertir este principio: los montos de convenio pasarían a operar como techos de referencia en lugar de mínimos asegurados.
Bajo este esquema, los trabajadores percibirían un salario básico reducido y quedaría a discreción del empleador complementar ese ingreso con sumas adicionales que podrían alcanzar, o no, el tope fijado en el convenio colectivo. Cada empresa tendría margen para pactar condiciones salariales diferentes, siempre que no superen lo establecido colectivamente.
El abogado laboralista Gustavo Ciampa, asesor de la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, advirtió sobre el trasfondo de la propuesta: “Eso no existe. Atrás de eso quieren tener la posibilidad de bajar salarios. Porque no hay impedimento para que crezcan todos los días”.
La iniciativa incluye también modificaciones en la vigencia temporal de los convenios colectivos de trabajo. La propuesta plantea acotar la duración de las cláusulas económicas, lo que forzaría a renegociaciones periódicas entre trabajadores y empresas que se adapten “a la evolución del contexto macroeconómico y sectorial”.
Además, el Gobierno pretende eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, buscando evitar indexaciones desvinculadas de la productividad y las capacidades de cada empresa. La idea es que la evolución de los salarios se asocie con los resultados específicos de cada sector.
Ciampa recordó que esquemas similares ya fueron probados en Argentina con resultados negativos. “Esto ya se intentó en Argentina. En 1991 hubo un decreto de (Domingo) Cavallo que permitía aumentos si solo se demostraba aumento de productividad”.
“Y en 1993 permitía y promovía que se pacten módulos particulares, que eran incrementos salariales que podrían ser suprimidos después”, señaló. El abogado laboralista también aclaró un punto técnico:
“La legislación argentina permite premiar por mérito. Pero implica que el salario está dirigida a satisfacer todas las necesidades. Arriba de eso, si hay mérito, se puede premiar. Pero no se puede castigar”.
La visión oficial: mérito y productividad
En su exposición ante diputados, Cordero planteó que el sistema actual de paritarias debe modificarse. “El salario real es muy superior y debe serlo al salario básico paritario. Antes el salario básico paritario servía para paliar inflación“.
“Cuando la inflación va bajando, ahora las negociaciones tienen que tratar de otra cosa y ese salario básico tiene que permitir que los empleadores le paguen más y mejor a los trabajadores, que también generen un diferencial y se destaquen”, explicó el funcionario.
Según Cordero, el objetivo es “reunirnos con los sindicatos para encontrar esos elementos objetivos que permitan ese diferencial por mérito“. El secretario describió esto como un “plan de incremento salarial dinámico” que viene desarrollándose desde hace dos meses.
La Secretaría de Trabajo sostiene que el propósito es dar flexibilidad a las negociaciones, adaptar los sueldos a la realidad económica de cada actividad y mejorar la competitividad sin eliminar la negociación colectiva.
Desde el área de Cordero aseguran que el proyecto no implica suprimir la negociación colectiva, sino dotarla de mayor “capacidad de adaptación” al entorno económico. No es la primera vez que el gobierno utiliza esta excusa, y apenas hace unos días el ministro de Economía Luis Caputo calificaba el régimen actual como “arcaico”, “rígido” e “impredecible”.
“Si logramos este equilibrio que permite que el Estado se achique lo suficiente para permitirle al sector privado ese crecimiento, podemos crear una sociedad magnífica y una Argentina que nos merecemos”, sostuvo, apelando a otro de los gastados argumentos del oficialismo.
El anuncio se da en el marco de las denominadas “reformas de segunda generación” que el gobierno de Milei implementará después de las elecciones legislativas. La reforma laboral en particular es presentada como una supuesta herramienta para aumentar el empleo, el problema es que el tipo de empleo que aumentaría estaría fuertemente precarizado.
La discusión sobre los “salarios dinámicos” comenzó en el marco del debate del Presupuesto 2026 que presentó el gobierno libertario. Cordero fue el encargado de exponer los lineamientos de la política laboral en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch.
“Vuelven a hablar de cosas que fracasaron”
En este contexto, el diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó la situación del salario mínimo, vital y móvil que “cayó en un 34%” y solo alcanza a cubrir un 27% de la canasta básica. También señaló que hay 127.000 puestos de trabajo no registrados más y 321.000 puestos de trabajo menos.
Palazzo apuntó contra la reforma: “Vuelven a hablar de cosas que en el país ya han pasado y fracasaron porque duplicaron la desocupación. Tenemos que trabajar en la laboralización de los trabajadores de plataformas”.
Por su parte, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano indicó que se cerraron “30 empresas por día y 236.000 despidos“. Agregó que “los salarios perdieron un 30% de puntos frente a la inflación acumulada” y que el INDEC informó que “el 80% de los argentinos reciben menos de 900.070 pesos mensuales“.
Desde el sector sindical también manifestaron un rechazo frontal a la propuesta. Advierten que introducir “techos” salariales en lugar de “pisos” representa una pérdida de garantías para los empleados y un debilitamiento de la protección colectiva.
Desde las organizaciones gremiales sostienen que el sistema propuesto podría generar diferencias arbitrarias entre trabajadores de un mismo sector, funcionando como mecanismo de “premio y castigo” a discreción del empleador. Esta situación, alertan, amenazaría también la libertad con la que los trabajadores participan en la actividad sindical.
Los gremios rechazan especialmente perder la posibilidad de usar los montos de convenio como el mínimo asegurado para todos los trabajadores encuadrados. Consideran que la reforma implica una precarización de las condiciones laborales y una posible pérdida de derechos históricos conquistados por el movimiento obrero.
