La Justicia ordenó restituir todas las pensiones por discapacidad que había suspendido el Gobierno de Javier Milei a través de la ANDIS, que se encuentra intervenida por el escándalo de coimas que salpica tanto al presidente como a su hermana Karina Milei.
El Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca dictó el viernes pasado una resolución que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer en 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas.
La medida, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, extiende a todo el país una cautelar que había sido dictada en septiembre de 2025, en aquella oportunidad, únicamente para la provincia de Catamarca.
El fallo ordena además el pago inmediato de los haberes retenidos y prohíbe a ANDIS continuar con las auditorías basadas en el Decreto 843/2024, norma que endureció los requisitos para mantener estas prestaciones. Hasta que no haya sentencia definitiva, el organismo debe abstenerse de disponer nuevas suspensiones de pensiones por incapacidad laboral.
La decisión judicial reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas y confirma que se trata de un caso colectivo, donde las vulneraciones comparten una misma causa normativa y fáctica. Según las organizaciones que promovieron la acción, más de cien mil pensiones fueron suspendidas en los últimos meses.
El nivel de desesperación es tal que el mismo viernes, manifestantes ingresaron a la fuerza a la sede de ANDIS en el barrio porteño de Belgrano para exigir ser recibidos por las autoridades. Sin embargo, el interventor del organismo, Alejandro Vilches, se negó a aceptar un petitorio firmado por familiares de personas con discapacidad.
La resolución judicial llega mientras ANDIS se encuentra intervenida tras el escándalo de corrupción que destaparon los audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, corrido de su cargo luego de que detallara un entramado de coimas que incluye al presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, así como a la Droguería Suizo Argentina S.A.
¿Qué dice el fallo de la Justicia?
La sentencia del magistrado catamarqueño establece que ANDIS debe, en un plazo máximo de veinticuatro horas hábiles desde el dictado de la presente, restablecer la totalidad de las pensiones suspendidas o retenidas a sus titulares y pagar el importe de los haberes de pensión retenidos hasta la fecha, en todo el territorio nacional.
La medida cautelar se mantiene vigente hasta tanto no recaiga sentencia definitiva en la causa. Durante ese período, el organismo tiene prohibido continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral.
El tribunal fundamentó su decisión en que las suspensiones uniformes vulneraron derechos sociales básicos: el derecho a la seguridad social, a la salud, a la vida independiente y a la igualdad ante la ley. La resolución califica al colectivo como homogéneo y considera que corresponde una respuesta de efecto nacional.
El fallo también designa como representantes adecuados del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, fundamentando la elección en su trayectoria y vinculación con la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Según el tribunal, esta designación busca “garantizar la apropiada y responsable defensa de los derechos e intereses en juego en este proceso a la luz de la expansión de la cosa juzgada”. La sentencia representa un duro revés para el Gobierno, que había apelado a criterios de ajuste fiscal para justificar las suspensiones masivas de prestaciones.
De hecho, el vocero presidencial Manuel Adorni había apelado a argumentos falsos para instalar un supuesto abuso de las pensiones durante una de sus conferencias de prensa, en la que había mostrado una radiografía de un perro asegurando que se utilizó para conseguir un beneficio.
“Le otorgaron la pensión por invalidez. Uno puede confundir cualquier cosa, pero ¿qué se pensaban que era la cola del perrito? Este era el nivel de descontrol“, había dicho el vocero. Sin embargo, el extitular del organismo, Fernando Galarraga, rápidamente lo desmintió, aclarando que:
“El expediente fue frenado, denunciado y archivado. La persona solicitante, de Goya, Corrientes, nunca cobró ni cobra una pensión entregada durante nuestra gestión”.
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El amparo colectivo que derivó en el fallo
El fallo se dictó en el marco de una acción de amparo colectivo iniciada por el Defensor del Pueblo de Catamarca junto a personas con discapacidad y a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM).
A esta presentación se acumuló la acción judicial realizada ante la Justicia Federal de La Plata por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el patrocinio jurídico de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
En su presentación de septiembre, estas organizaciones argumentaron que la conducta estatal había implicado una violación del debido proceso y del derecho a la protección social, a la salud y a la vida independiente de las personas con discapacidad.
Además, sostuvieron que se había violado el deber de buena fe estatal al haber creado nuevas obligaciones para los beneficiarios de estas prestaciones de manera simultánea con el inicio de la auditoría y sin impulsar medidas de difusión para que las personas conocieran el deber de actualizar sus domicilios.
“La suspensión de más de cien mil pensiones en los últimos meses implicó un grave avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, profundizando la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentaron históricamente. Con esta decisión, la Justicia federal reafirmó la obligación del Estado de revertir un accionar arbitrario que puso en riesgo el derecho a una vida digna”, señalaron desde ACIJ.
También se presentaron en el caso la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
Desde el CELS destacaron que “el restablecimiento inmediato de las pensiones y la suspensión de nuevas auditorías son medidas urgentes que devuelven a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad”.
“La sentencia reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa. Por eso, la resolución hace extensiva la protección judicial a todas las personas afectadas en el país, sin necesidad de que se presenten individualmente”, remarcaron desde el CELS.
El escándalo en ANDIS
La resolución judicial coincide con la intervención de ANDIS tras el escándalo de corrupción que destapó una serie de audios del exdirector Diego Spagnuolo, quien expuso un entramado en el que formarían parte altos funcionarios del Gobierno nacional y otros agentes, como la Droguería Suizo Argentina S.A.
Además, investigaciones periodísticas demostraron que el Gobierno había ordenado suspender medio millón de coberturas para 2025 y que los empleados festejaban cada vez que cumplían con un determinado número de bajas.
Lo más alarmante es que luego se comprobó que gran parte de las bajas se dieron al azar y de manera virtual, y que premiaban a los trabajadores del organismo que dejaban a mayor cantidad de personas sin cobertura.
Ahora resta que el fallo sea cumplido por el Gobierno Nacional: las pensiones deben ser reactivadas y las prestaciones debidamente abonadas. Además, el Gobierno deberá revisar su política de evaluación y auditoría para asegurar que los procesos de baja respeten los derechos constitucionales y convencionales de las personas con discapacidad.
Por otro lado, cabe recordar que el Congreso de la Nación había impulsado una Ley de Emergencia en Discapacidad para amortiguar el impacto del ajuste. Aunque el oficialismo vetó la medida, luego los legisladores insistieron en el impulso de la Ley. Esto obliga a Casa Rosada a sancionar la normativa. Sin embargo, Milei se negó a ponerla en práctica.
