El Gobierno de Javier Milei anunció el cierre de Vialidad Nacional y la eliminación de los Institutos del Cancer y de Enfermedades Cardiovasculares antes de que venzan las facultades delegadas, y lo celebrará con una fiesta junto a Federico Sturzenegger en Casa Rosada.
En su más reciente conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, acompañado por el ministro Federico Sturzenegger, anunció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo responsable del mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales.
Esta decisión, que afectará a más de 5.500 trabajadores, se suma a la extensa lista de instituciones desmanteladas por el gobierno libertario, incluyendo el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares.
Además, marca la última avanzada del gobierno de Javier Milei contra los organismos nacionales antes de que este martes 8 de julio se terminen las facultades delegadas que le otorgó el Congreso a través de la Ley Bases.
En este contexto, Sturzenegger confirmó que Milei organizará una celebración en Casa Rosada para agasajar a las 200 personas que trabajan en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en lo que constituye una muestra de cinismo similar a su asado con los 87 “héroes” que le permitieron bloquear aumentos jubilatorios.
Vialidad Nacional: El fin de un organismo clave
La Dirección Nacional de Vialidad, creada décadas atrás, constituía el ente estatal encargado del diseño, construcción, conservación y planificación de las rutas nacionales argentinas. Con una plantilla de más de 5.500 trabajadores distribuidos en todo el territorio nacional.
Este organismo es responsable del mantenimiento de una red vial que conecta ciudades, pueblos y regiones, facilitando el comercio, el turismo y la integración nacional. Los empleados de Vialidad no solo se ocupan del mantenimiento rutinario de las rutas, sino que también desempeñan un papel fundamental en situaciones de emergencia.
Son ellos quienes realizan las tareas de asistencia y despeje de caminos durante catástrofes naturales como las inundaciones que afectaron a Bahía Blanca y Zárate-Campana. En pleno invierno, estos trabajadores se encargan del despeje de hielo y nieve en las rutas patagónicas y cordilleranas, garantizando la conectividad en condiciones climáticas adversas.
Según explicó Adorni, las funciones de Vialidad serán transferidas al Ministerio de Economía de Luis Caputo (que viene absorviendo cada vez más carteras y organismos) y a un nuevo ente regulador denominado Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
La medida también incluyó la supresión de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, cuyas funciones de control de tránsito pasarán a manos de Gendarmería Nacional.
El gobierno planea abrir una licitación para la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, argumentando que busca eliminar décadas de “despilfarro y corrupción” en el sector.
La decisión desató una ola de críticas desde diversos sectores, especialmente desde los gremios y dirigentes políticos que alertaron sobre las graves consecuencias que tendrá el desmantelamiento de Vialidad Nacional.
La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, fue particularmente dura en sus declaraciones, responsabilizando directamente a Milei y Sturzenegger por las consecuencias fatales que podría tener esta medida.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza“, denunció Aleñá, quien advirtió que la disolución del organismo generará “rutas nacionales de la muerte” al profundizar la peligrosidad de las vías argentinas.
La dirigente sindical desmintió categóricamente la versión oficial sobre la supuesta ineficiencia de Vialidad, calificando la decisión como “profundamente ideológica” y enmarcada en el plan gubernamental de reducir el Estado a su mínima expresión.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó su repudio a través de redes sociales, calificando el desmantelamiento como “un castigo más al desarrollo federal”. Para el mandatario provincial, la medida no solo es “irracional” sino que constituye “una agresión directa al desarrollo armónico del país“.
Ziliotto destacó que para su provincia esto significa “más abandono”, considerando que ya habían denunciado el estado crítico de las rutas nacionales pampeanas sin recibir respuesta de la Nación.
DESMANTELAR VIALIDAD NACIONAL ES UN CASTIGO MÁS AL DESARROLLO FEDERAL
La decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad no sólo es irracional, es ajuste a sus trabajadores y es una agresión directa al desarrollo armónico del país.
Para La Pampa,… pic.twitter.com/IPIPyT6EA2
— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 7, 2025
La diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley, también repudió lo que calificó como un “desguace“, convocando a una manifestación frente a la sede central de Vialidad Nacional. Siley responsabilizó a diputados y senadores dialoguistas por haber otorgado las facultades delegadas al presidente.
Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que la medida “pone en riesgo la vida de millones de argentinos” y reclamó la intervención urgente de los gobernadores para frenar lo que consideró “un retroceso sin precedentes”.
Aguiar señaló que el abandono de las autopistas en los últimos 18 meses había sido notorio y que a partir de ahora la situación sería “todo peor“.
¡NO AL DESGUACE DE VIALIDAD NACIONAL!
Ante la inminente publicación del DNU que avanza con el desguace del organismo, mañana acompañaremos la conferencia de prensa de los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional, quienes al día de hoy no saben si continúan con su… pic.twitter.com/vtIEWtA21y
— Vanesa Siley (@Vsiley) July 7, 2025
Una fiesta para celebrar el desmantelamiento de la salud pública
Junto con Vialidad Nacional, el gobierno también anunció la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, dos organismos dedicados a abordar las principales causas de muerte en Argentina.
Esta decisión forma parte de lo que el gobierno denomina una “reestructuración del sistema de salud público nacional” bajo la justificación de buscar mayor eficiencia administrativa, el latiguillo usual con el que justifica el desguace.
El Instituto Nacional del Cáncer, que hasta ahora funcionaba como un organismo con identidad institucional propia, pasará a operar como una unidad organizativa interna dentro del Ministerio de Salud que conduce el cuestionado Mario Lugones.
Según fuentes oficiales, esta transformación busca “reforzar la capacidad técnica del Ministerio en materia oncológica, evitando duplicaciones administrativas y permitiendo una mayor articulación entre las estrategias de prevención, tratamiento, investigación y acceso a medicamentos“.
El Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, por su parte, fue eliminado definitivamente. El gobierno justificó esta decisión argumentando que había sido creado por ley en 2015 pero nunca fue implementado, no contando con sede, personal ni presupuesto asignado, existiendo solo en el plano normativo.
Estas medidas se complementan con la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo organismo descentralizado que unificará la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur.
También se dispuso la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical, cuyas funciones se integrarán al Instituto Malbrán, y la eliminación de las Delegaciones Sanitarias Federales.
En este contexto de destrucción del aparato estatal, el ministro Federico Sturzenegger confirmó que el presidente Javier Milei organizará una celebración en Casa Rosada para agasajar a las 200 personas que trabajan en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El evento, que se realizará en un nuevo Día de la Independencia, será informal según indicaron fuentes de Casa Rosada. Además, marca el fin de las facultades delegadas que permiten al Ministro avanzar con el desguace del Estado. Queda la incógnita sobre qué lugar tendrá Sturzenegger a partir de ahora.
“El presidente Javier Milei va a agasajar a toda la gente que trabajó en esto el miércoles. Vamos a ser unas 200 personas”, declaró Sturzenegger durante la conferencia de prensa del lunes. La fiesta celebrará el trabajo realizado por el ministerio encargado del “desmembramiento” de organismos estatales durante estos 365 días de gobierno.
La decisión de festejar el desmantelamiento del Estado mientras miles de trabajadores enfrentan la pérdida de sus empleos y millones de argentinos quedan sin servicios públicos esenciales, refleja la mentalidad con la que el gobierno libertario encara la gestión pública.
La destrucción sistemática del aparato estatal
El desmantelamiento de Vialidad Nacional y los institutos de salud representa solo la punta del iceberg de una estrategia más amplia de destrucción del Estado argentino. A través de los 65 decretos firmados durante este período, Milei ha golpeado a prácticamente todos los sectores de la administración pública.
En el ámbito de la salud, además de los institutos mencionados, se eliminaron las Delegaciones Sanitarias Federales y se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura de SAMIC. Se reorganizaron las funciones dentro del ANLIS Malbrán y se unificó la gestión de cinco hospitales nacionales bajo la nueva ANES.
El sector cultural también sufrió profundas transformaciones. Se disolvió el INADI, calificado por el gobierno como “el ejemplo paradigmático de uso del Estado para la persecución y el adoctrinamiento político“, que empleaba a 430 personas. Casa Rosada nunca pudo explicar en qué consistía la supuesta persecución ideológica del organismo.
También se eliminaron varios institutos históricos como el Instituto Nacional Belgraniano, Browniano, Newberiano, el Instituto Juan D. Perón y la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al General Juan Domingo Perón.
Otros organismos culturales fueron transformados en unidades organizativas, perdiendo su autonomía institucional. Entre ellos se encuentran el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional Yrigoyeneano, el Museo Nacional de Bellas Artes, el ex Centro Cultural Kirchner (ahora Palacio Libertad), la Comisión Nacional de Monumentos, el Instituto Nacional del Teatro y diversos institutos de investigación histórica.
En el sector agropecuario, se disolvió el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. También se eliminó el Instituto Nacional de Semillas, generando ahorros estimados en 1.000 millones de pesos anuales, y se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
El gobierno también procedió a la disolución masiva de fondos fiduciarios, eliminando 29 de estos instrumentos financieros que abarcaban desde el desarrollo rural hasta la vivienda social. Entre los fondos eliminados se encuentran el PROCREAR y el PROGRESAR, el Fondo de Integración Socio Urbana y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, entre otros.
En materia de regulación, se disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. Sus funciones, que supuestamente duplicaban las del ANMAT, fueron transferidas a este último organismo.
Las medidas desreguladoras abarcaron múltiples sectores de la economía. Se eliminó el Registro de Constructores, calificado como un mecanismo “diseñado para corromper y repartirse la obra pública entre los amigos del poder”.
Se desreguló el transporte automotor de cargas, eliminando el RUTA, un trámite considerado inútil. Se abrieron las importaciones para ciencia y tecnología, se desregularon las obras de arte y se eliminaron las jornadas obligatorias de Educar en Igualdad.
En el sector energético, se modificaron las leyes de energía para desregular las contrataciones de proveedores. Se fusionaron los entes reguladores de electricidad y gas en un único organismo, y se desreguló el mercado de garrafas.
Se autorizó la privatización de Intercargo, Corredores Viales y Energía Argentina S.A., mientras que se buscó transformar al Banco Nación en sociedad anónima. Se concretó la fusión por absorción de Construcción de Vivienda para la Armada por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
