En el marco de la causa que investiga a los miembros de Revolución Federal, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que pide imputar a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Nilda Basile por el delito de asociación ilícita.
De esta manera, la justicia federal de Comodoro Py ratificó la decisión de la Cámara Federal de procesar a los integrantes de Revolución Popular por “incitación a la violencia colectiva“, un delito menor.
Según el fallo emitido por los camaristas de Comodoro Py Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña, el pedido de la defensa no refutó adecuadamente “la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que señaló la Cámara de Apelaciones como objeción al recurso de casación presentado”.
Cabe recordar que los abogados de la Vicepresidenta habían pedido que se procese a los implicados por el delito de “asociación ilícita”, recordando que esto era lo que había resuelto el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Según el magistrado, los integrantes de Revolución Federal pertenecen a un grupo dedicado a “imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor“.
Sin embargo, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi decidieron revocar el procesamiento y mantener los procesamientos de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Nilda Basile por “incitación a la violencia colectiva” y sin prisión preventiva.
Asimismo, Casación argumentó que la decisión cuestionada por la defensa “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos“.
Sumado a esto, la cámara también decidió que se reduzca el embargo sobre los cuatro implicados “hasta cubrir la suma de 4 millones de pesos por cada uno”.
Revolución Federal y el intento de magnicidio
Luego de que se comprobara que Brenda Uliarte (una de las implicadas en el intento de magnicidio), había participado el 18 de agosto en una marcha de antorchas de Revolución Federal frente a la Casa Rosada, se inició una investigación sobre los lazos entre los miembros de la organización y los responsables del atentado.
En este contexto, se reveló una serie de lazos entre morel y Caputo Hermanos, que incluyó varias transferencias que coinciden con escraches que realizó Revolución Federal.
Esta situación propició el pedido de los abogados de la Vicepresidenta de unificar las causas para investigar el rol del grupo en el intento de magnicidio en su contra, aunque el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti consideraron que no había elementos para investigar las actividades de Revolución Federal junto con el atentado.
