¿Qué es la violencia institucional? Una deuda de la democracia

violencia institucional

Una de las mayores deudas de nuestra democracia es, sin lugar a dudas, la violencia institucional. En estos más de 40 años, son miles las personas que han sido víctimas de asesinatos, desaparición, torturas y tormentos en manos de diversas instituciones estatales.

En un gran porcentaje los responsables de estos hechos han sido las fuerzas de seguridad. En estos meses y en estos últimos días, en particular, estamos todes muy movilizados por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En este caso se ha puesto en tela de juicio el rol de la policía bonaerense, el de la justicia y, también, el de los medios de comunicación. La aparición de un cuerpo el sábado a la noche que podría ser del joven desaparecido desde el 30 de abril nos mantiene en estado de alerta desde ese momento para poder saber si es él y qué pasó.

Pero para poder entender un poco mejor de que hablamos cuándo hablamos de violencia institucional, es importante llegar a una definición, para poder desmembrar cuales son las características que hacen que el caso de Facundo y tantos otros tengan esta naturaleza.

Entonces podemos decir, arrimando a una definición, que la violencia institucional se trata de prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.).

Una aclaración antes de seguir, esta es una definición útil y necesaria para delimitar a grueso modo el campo de intervención, y los hechos que recaen en esta categoría. Pero también existen otras situaciones como la discriminación por parte de los policías, el sometimiento a un proceso penal en el marco de una “causa armada”, las detenciones arbitrarias, la extorsión policial para habilitar usos del espacio público (venta, consumo de sustancias prohibidas, trabajo sexual), las heridas causadas por el uso de armas. Entonces podemos hablar casos de más intensidad o más extremos y de casos de menor intensidad o menos extremos.

Este tipo de prácticas se fundamentan en distintos “motivos” que varían a lo largo del tiempo y los lugares: el color de la piel, el lugar de nacimiento, la clase social, el género y la identidad de género. En definitiva todas estas formas de violencia tienen como presupuesto la consideración de que todos los seres humanos no somos igualmente dignos, en especial los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de sectores vulnerados.

Retomando la definición que dimos, tenemos que analizar cuáles son las características que nos permiten hablar de que un determinado hecho es la violencia institucional.

Estas prácticas violentas deben ser ejercidas por funcionarios públicos quienes representan al Estado.

La otra característica clave es la restricción de la autonomía y/o de libertad. Esto abarca desde Situaciones de tránsito, que comprende situaciones en que las personas se encuentran en espacios públicos, en móviles y medios de transporte y en paradores para personas en situación de calle. Situaciones de detención, que comprende mayormente a situaciones caracterizadas por el hecho de que las personas involucradas no pueden abandonarla por su propia voluntad. Incluye comisarías e instalaciones policiales, instalaciones de fuerzas de seguridad, centros de detención y, a su vez, lugares no identificados y domicilios particulares en los que se realizan detenciones. O situaciones de internación.

Debemos destacar que estas prácticas no son transgresiones individuales o puntuales (que marginalmente podrían darse) sino que partimos del reconocimiento de su recurrencia y sostenibilidad en el tiempo, esto es de su carácter estructural. Podemos traer a colación como en el caso de Santiago Maldonado, el gobierno de Macri en un momento dijo que lo paso era un abuso de unos agentes desligando así la propia responsabilidad estatal.

Otro aspecto que debe ser analizado con relación a la violencia institucional hace referencia a aquellas irregularidades que, bajo la forma de acciones u omisiones, constituyen por sí o tienen como resultado, el encubrimiento y la impunidad respecto de la puesta en práctica de cualquier forma de violencia sobre les ciudadanes y acá entra a jugar la responsabilidad que le cabe a las jerarquías de cada institución, a quienes tienen responsabilidad política y al poder judicial.

El caso Chocobar es otro ejemplo donde la pata política reconoció como algo positivo el accionar del policía en lugar de pedir, de mínima, que se le habrá un sumario. También podemos remarcar los casos de violencias que se dan dentro de los penales y donde hasta el mismo marco legal sancionatorio del servicio penitenciario, hace que estas cuestiones sean naturalizadas.

Entonces podemos decir que, lamentablemente, la impunidad es un patrón común en las prácticas de violencia institucional, cuando fallan los controles que deben existir entre los distintos poderes o instancias del Estado se sostienen los malos procederes. Y algunos actores judiciales avalan la violencia institucional cuando no investigan ni sancionan a los responsables directos, convirtiéndose así en encubridores y responsables indirectos.

Podríamos inferir que la decisión política de no sostener a ningún funcionario que esté sospechado de ejercer violencia, y un sistema judicial que caiga con todo el peso de la ley sobre esos funcionarios, es la solución más factible para empezar a desandar el camino de la plena vigencia de los derechos humanos.

Los medios de comunicación hegemónicos tienen, también aquí, un rol fundamental en el sostenimiento de estas prácticas. Con su rol central de difusión de información, generadores del “sentido común”, de las representaciones sociales de los distintos grupos o sectores de la comunidad – que en su versión más extrema generan lo que en la antropología se llama una otredad, o en palabras de Carl Schmitt el enemigo interno que pone en riesgo a la sociedad – sostienen esa proposición de que no todes somos igualmente dignos.

Al replicar los medios las versiones oficiales de los distintos casos de violencia institucional, como la verdad de lo sucedido, e indagando en la vida privada de las víctimas y sus familias, se convierten en parte de los encubrimientos que obstaculizan llegar a la verdad y a la justicia de estos hechos.

Una de las implicancias de la violencia institucional, es que genera para el Estado responsabilidad internacional. Nuestro país se encuentra inserto dentro del sistema interamericano de derechos humanos, a partir de la reforma constitucional de 1.994 los tratados de derechos humanos tienen jerarquía internacional. Es por eso que en él durante y en la posterioridad, las víctimas o sus familias pueden acudir a los organismos internacionales para resguardar sus derechos y denunciar el accionar estatal que los vulnera.

La complejidad de la violencia institucional es tal, que mientras un sector del Estado se convierte en victimario, otro sector es quien denuncia y acompaña. Hablamos por ejemplo de las áreas de derechos humanos o de prevención de esa violencia que se han creado en los últimos tiempos en los distintos estamentos gubernamentales y judiciales. Sin embargo han sido casi inexistentes los casos en que desde estas áreas se ha podido intervenir sobre los núcleos duros que sostienen y reproducen las prácticas de violencia, quedando la balanza desequilibrada entre los distinto roles que adquiere el Estado en estos casos, que convierte a la violencia institucional en una deuda de nuestra democracia.

Miguel Bru, a 27 años de su desaparición

Hoy se cumplen 27 años de la desaparición forzada de Miguel Bru, quien tenía 23 años, y era estudiante de periodismo en la UNLP. El 17 de agosto de 1993 fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido en la Comisaría 9ª de La Plata.⁠

Durante todos estos años se realizaron rastrillajes por zonas periféricas de La Plata, Berisso y Ensenada. Sin embargo el cuerpo de Miguel sigue sin aparecer.⁠

El juez Amílcar Vara, fue destituido por encubrir la a la policía. En 1999 se condenó a prisión perpetua a los ex policías Walter Abrigo y Justo López por tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario público. El ex comisario de la 9ª, Domingo Ojeda, y el ex oficial Ramón Cerecetto fueron sentenciados a dos años de prisión por encubrimiento.⁠

La mamá de Miguel, Rosa Bru, sigue luchando por saber qué sucedió con su hijo. Ella fundó, junto amigos de su hijo la Asociación Miguel Bru, que tiene como meta general la defensa de los Derechos Humanos de los ciudadanos y ciudadanas frente a los abusos del poder policial e institucional, ya sea por acción u omisión.

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