En una nota del 23 de abril publicada en este medio abordaba el escenario abierto ante la confirmación de Alberto Fernández de no ir por la reelección en el marco de un análisis del contexto nacional, regional y global. Esa nota, titulada “El futuro no está escrito” tenía al nacer otro nombre: cómo renunciar a lo que no existe.
Con las enormes distancias del caso, ese título nos resulta útil para referirnos a otro “renunciamiento”: el de María Eugenia Vidal. La “leona”, orgullosamente bonaerense, tras la desastrosa gestión en provincia y la aparatosa derrota electoral ante Axel Kicillof hace casi 4 años desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires para defender allí intereses contrapuestos a los de la provincia (coparticipación, por caso), reconstruir su imagen aspirando a llegar a ser presidenciable o, al menos, potable candidata a suceder a Horacio Rodríguez Larreta como intendenta de CABA.
No obstante, llegado el año electoral la otrora diáfana promesa de la derecha parece diluirse como un trozo de hielo en un horno de panadería.
Aseguró, Vidal, que se bajó de la contienda como un gesto de unidad tras, entre otras “propuestas”, pedir que el resto de los candidatos de Juntos por el Cambio (Larreta, Bullrich y Morales) bajen sus candidaturas para ”barajar y dar de nuevo”.
Parece bastante claro por estas horas que el peso específico del que disfrutó en su hora estalló con la derrota en su intento por ser reelecta en la provincia de Buenos Aires, y nunca se recuperó de eso. Por otra parte, una novedad de la última semana pareció sellar su suerte, ya que la justicia decidió proseguir con la investigación en el marco de la causa popularmente conocida como “aportantes truchos”.
A lo largo de su gobierno en la provincia más grande de Argentina, Vidal se destacó por el cierre de escuelas en el marco del recorte en educación, la persecución a gremios políticamente opositores y escándalos que van desde causas por narcotráfico que involucran a cercanos suyos como el ya mencionado de los aportantes truchos.
En una nota publicada el 19 de febrero del 2018 titulada “”Preocupada” por la educación, Vidal cierra escuelas y despide docentes”, La Izquierda Diario informaba que de caras al inicio del ciclo lectivo de ese año la cartera de Educación, a cargo del promotor de la educación privada Gabriel Sánchez Zinny había cesado en sus funciones a 7.000 docentes provisionales y suplentes. A la vez, se informaba que a través de un comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación (DCCyE) la gobernación “exigió a las jefaturas distritales la fusión y cierre de cursos para todas las secciones que cuenten con menos de 15 estudiantes.”
La muerte como consecuencia de la desidia
En materia de recortes a la educación, el caso paradigmático es el de la explosión en la Escuela Primaria “Nicolás Avellaneda” de Moreno que el 2 de agosto de 2018 tuvo como consecuencia las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.
Un escape de gas que había sido informado a las autoridades distritales en distintas oportunidades fue la causa de la explosión mientras Sandra y Rubén preparaban el desayuno de les alumnes.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos (Suteba), en base al relevamiento anual que realiza sobre la situación educativa había elevado 7 notas informando del escape.
En el 2020, Suteba en su página web publicó una nota titulada “2 años sin Sandra y Rubén: ¡Justicia por Nuestrxs Compañerxs!”, recordó las acciones llevadas a cabo antes de la explosión y que no fueron atendidas por las autoridades:
• Años demandando por una "Ley de Infraestructura Escolar" en la Provincia y un financiamiento que acompañe su aplicación.
• 2 de mayo del 2018: En la Casa de Gobierno Provincial, el FUDB reclamó una audiencia a la Gobernadora Vidal, mediante una carta que detallaba el preocupante estado de Infraestructura que atravesaban las Escuelas bonaerenses (incluida la Escuela Nº 49 de Moreno).
• 17 de mayo del 2018: El FUDB realizó un "Carpetazo", tanto en la Legislatura Bonaerense y en la Cámara de Senadorxs y Diputadxs, como en cada uno de los distritos bonaerenses, para hacer entrega de relevamientos con denuncias de la situación crítica de Infraestructura en los edificios escolares.
• 31 de mayo del 2018: Frente a la alarmante falta de respuestas, el FUDB realizó un nuevo "Carpetazo", esta vez en la Dirección General de Cultura y Educación.
Los sindicatos, el enemigo predilecto
En materia de persecución gremial, el titular de Suteba Roberto Baradel fue uno de los principales apuntados y no solo por Vidal, sino por el propio Mauricio Macri, entonces presidente de la Nación, quien llegó a decir en amenazante tono que “Baradel no necesita a nadie que lo cuide”. La frase fue pronunciada por el ex portador de un frondoso bigote el 1º de marzo del 2017, nada menos que en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
La ex gobernadora, toda vez que pudo, calificó sus embates contra Baradel como parte de su “lucha contra las mafias”. Sería entonces por el Secretario General de Suteba que la “leona” se fue a vivir a una base aérea en Morón…
El caso UOCRA es otro, incluso por la espectacularización mediática, que funciona como ejemplo del accionar vidalista contra los gremios y Bahía Blanca estuvo en el centro de la acción. El 11 de enero del 2018 14 integrantes de la CD de la UOCRA local fueron detenidos imputados de, entre otras figuras, asociación ilícita.
Sin que mediare una denuncia penal, tras declaraciones que María Eugenia Vidal formuló en una visita a la ciudad luego reforzadas por el intendente Héctor Gay quien pidió en declaraciones periodísticas una investigación de oficio, la Fiscalía General a cargo de Juan Pablo Fernández ordenó esa investigación que recayó en el fiscal de Delitos Complejos Gustavo Zorzano.
Al titular del gremio Humberto Monteros y al resto de los integrantes de la CD se los acusó de haber formado una asociación ilícita que tenía por finalidad extorsionar a empresarios de la construcción para obtener dinero o la contratación de empresas para proveer servicios como el de transporte o comida.
No obstante, una mirada a la Enumeración de Hechos realizada por fiscalía permitía comprender se describían como delitos acciones propias de la actividad gremial: reclamar por mejores salarios, por mejores condiciones laborales, y en caso de no obtener respuesta, realizar paros de actividades. No solo eso, sino que para la fiscalía el solo hecho de constituir una comisión directiva de un gremio es sinónimo de formación de una asociación ilícita, dado que según lo escrito esa asociación se constituyó el mismo día que la Comisión Directiva asumió sus funciones en enero del 2005.
La “gestapo” antisindical
En diciembre del 2021 se conocieron videos en los que se lo veía y escuchaba al ex ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, asegurar ante empresarios "si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".
Esos videos corresponden a una reunión del 15 de junio del 2017 realizada en una oficina del Banco Provincia en La Plata de la que, además de Villegas, participaron el ministro de Infraestructura Roberto Gigante y el exsubsecretario de Justicia de la provincia Adrián Grassi, además del senador provincial Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata Julio Garro. Se encontraban también allí Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser indentificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila.
El entonces ministro de Trabajo bonaerense explicó que el plan no era solo ir contra los sindicatos, sino también contra los trabajadores públicos. "Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". Esa fue la frase completa.
La publicación de los videos derivó en una denuncia de la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien aseguró en su hora que “los videos muestran esta reunión (…) donde hay una mesa judicial de la provincia de Buenos Aires armada por la mafia de Vidal”.
En síntesis, lo que dejó en claro la divulgación de los videos es que durante la gestión “Mariu” existió una planificación decidida, como mínimo, desde el ministerio de Trabajo para perseguir y encarcelar a los sindicalistas.
La transparencia ante todo. Ponele…
Hace pocos días, exactamente el 27 de abril, la Cámara Nacional Electoral confirmó, según informó Página 12, “una resolución del juez electoral Alejo Ramos Padilla que había reprobado la rendición de cuentas sobre gastos de campaña hechos por Cambiemos en las primarias de las legislativas de 2017. Es otra vuelta de tuerca (ahora en la instancia máxima) de la causa conocida como “aportantes truchos”, que comenzó a ventilarse en 2018. Además de gobernadora Vidal era la presidenta del PRO a nivel bonaerense.”
Agrega la nota que “en aquel momento, tras una investigación del periodista Juan Amorin y una denuncia judicial de Teresa García, actual presidenta del bloque oficialista de senadores en la Provincia, quedó en evidencia que Cambiemos utilizó presuntos aportantes que no estaban en condiciones económicas de entregar las sumas que figuraban en los registros. Otros directamente ni aportaron. Sus nombres fueron utilizados sin permiso. Amorin detectó 800 identidades coincidentes con beneficiarios de planes de Anses.”
Desatado el escándalo en el 2018, el fusible fue la tesorera del PRO, María Fernanda Inza quien una semana antes de conocerse la denuncia periodística había sido nombrada por la ex gobernadora como contadora general de la provincia. La mencionada había estado a cargo de los aportes de campaña. En la práctica, la decisión de la Cámara Nacional Electoral significa que deben seguir adelante “las actuaciones pertinentes a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes con el Código Nacional Electoral”. Traducido, la Cámara devolvió al juez Ramos Padilla el expediente para avanzar en la determinación de si existió por parte del PRO la comisión de un delito penal.
Casualidad o no, lo cierto es que María Eugenia Vidal decidió “renunciar” a su precandidatura presidencial tras conocerse la decisión de la Cámara. No obstante, nadie dentro de la alianza Juntos por el Cambio manifestó pesar por esa decisión ni le pidió reconsiderarla. Cierto es también que en las encuestas que circulan, la Diputada nacional no mueve la aguja y sus declaraciones poco y nada contribuyeron a aclarar el horizonte cambiemita, convulsionado por el enfrentamiento Larreta-Bullrich-Morales.
De esta manera, la dirigente que supo ser la perla de la derecha argentina, amada por la prensa “independiente”, hoy aparece como un cero a la izquierda afectada por una imagen negativa consecuencia de su gestión en la provincia de Buenos Aires y fagocitada por la virulencia de la interna de Juntos por el Cambio.