En una sana excepción para la vida democrática en Argentina, una causa emblemática del lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner parece próxima a su cierre, luego de que el fiscal que la acusara, la UIF y la AFIP pidieran el sobreseimiento de la expresidenta en la causa que el macrismo comunicacional denominó como "Ruta del Dinero K".
La semana pasada, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa sobre supuesto lavado de dinero en la que él mismo la imputó varios años atrás.
El representante del Ministerio Público Fiscal firmó un dictamen presentado al juez federal Sebastián Casanello, en el que reconoció que no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada para convocarla a indagatoria.
Tras el dictamen, Casanello le pidió su opinión a los dos organismos que se habían constituido como querellantes durante el gobierno de Mauricio Macri: la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La Oficina Anticorrupción ya se había bajado al inicio de la gestión de Alberto Fernández. Sin acusación, no hay forma de seguir con la causa.
Los dos organismos apoyaron el sobreseimiento que promovió el fiscal Marijuan. Ahora, el juez Casanello deberá evaluar las opiniones de los tres acusadores que, desde ahora, decidieron promover el pedido de dejar de investigar a la Vicepresidenta.
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