El 6 de septiembre de 2023, un grupo de personas irrumpió violentamente en las oficinas centrales de la Corporación de Fomento del Río Colorado (CORFO), ubicadas en Pedro Luro, partido de Villarino.
El episodio, registrado por las cámaras de seguridad del organismo, incluyó el forzamiento del portón y la puerta de acceso a la sala de reuniones, causando graves daños materiales y la sustracción de elementos valiosos, como una notebook.
La justicia ordenó el desalojo inmediato, pero la investigación sigue abierta, con avances recientes que podrían aclarar los hechos, incluyendo la imputación de los responsables de la violenta toma.
Un hecho sin precedentes durante la visita del gobernador bonaerense
La irrupción ocurrió en coincidencia con la visita del gobernador bonaerense a Pedro Luro, lo que marcó un escenario inusual para este tipo de incidentes. Según denunció el gerente administrativo de CORFO, Dr. Juan Lozano, los responsables incurrieron en delitos como turbación de un acto legítimo de autoridad y usurpación de inmueble.
Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad revelaron cómo los intrusos manipularon deliberadamente algunos dispositivos para intentar evitar ser identificados, aunque no lograron borrar completamente su rastro.
Tras el desalojo ordenado por la jueza de Garantías N° 4 de Bahía Blanca, Dra. Marisa Gabriela Prome, se constataron daños significativos en el edificio: puertas forzadas, mobiliario roto, cámaras de seguridad cubiertas y la desaparición de documentación e insumos esenciales para la operatividad de la entidad. Además, se reportó el robo de una notebook, cuya información podría haber contenido datos sensibles relacionados con la gestión.
Pruebas clave
La investigación, liderada por la Ayudantía Fiscal de Villarino, incluyó pericias de cibercrimen y análisis exhaustivos del material audiovisual almacenado en el DVR del sistema de seguridad. Aunque algunos intrusos intentaron modificar el ángulo de las cámaras, las grabaciones permitieron identificar a varios involucrados, entre ellos miembros del Consejo Consultivo de CORFO.
Este detalle reviste especial gravedad, ya que quienes deberían proteger la integridad jurídica y operativa de la organización fueron señalados como responsables directos del ataque.
Además de las imágenes obtenidas en las instalaciones de CORFO, se incorporaron registros de cámaras de seguridad de una entidad bancaria cercana y actas policiales que respaldan la acusación. Estas pruebas han sido fundamentales para avanzar en la causa, aunque algunas diligencias aún están pendientes.
Impacto en la operatividad de CORFO
La ocupación ilegal de las oficinas centrales generó un impacto severo en la operatividad de la entidad. En estas instalaciones se centraliza la administración del sistema de riego que abastece a toda la región, así como áreas esenciales para garantizar el mantenimiento y suministro de insumos necesarios.
Durante los dos días que duró la toma (6 y 7 de septiembre), no sólo se apagó el sistema de registro de pagos y recaudación del organismo, sino que se pusieron en riesgo documentos históricos y actuales indispensables para la gestión incluyendo:
- Escrituras y resoluciones originales de concesión de riego.
- Archivos históricos de la creación de CORFO.
- Documentación original de proveedores y decretos oficiales.
- Legajos del personal actual e histórico.
- Acceso al sistema informático oficial de la Provincia de Buenos Aires.
- Cheques de recaudación, sellos oficiales y expedientes administrativos.
Este desorden afectó no solo el funcionamiento interno de CORFO, sino también a los regantes de la zona, quienes dependen del organismo para asegurar el suministro de agua necesario para sus actividades productivas.
Como si fuera poco, dentro del edificio se encontraban pertenencias de los trabajadores del organismo, como celulares, documentos de identidad y llaves -entre otros-, que no pudieron retirar durante los días que duró la toma.
La pericia sobre las filmaciones
En noviembre de 2024, se realizó un peritaje clave sobre el disco que contenía las grabaciones de las cámaras de seguridad, un elemento fundamental para identificar a los responsables y reconstruir los hechos. A partir de esta pericia, se espera que la investigación avance hacia imputaciones de los responsables. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía ha postergado formalizar cargos contra los involucrados, manteniendo la causa abierta.
CORFO Río Colorado se constituyó como particular damnificado en el proceso judicial, solicitando la imputación de todos los responsables.
Es menester remarcar que los miembros del Consejo Consultivo de Corfo identificados durante el hecho, son también -por estatuto- los directores del Consorcio Hidráulico; el mal accionar de estos también involucra a otra institución técnica, por lo cual muchos productores repudiaron los acontecimientos como así también organismos provinciales y nacionales.
No obstante, a pesar de las pruebas presentadas, la demora en las decisiones judiciales ha generado preocupación entre las autoridades del organismo, quienes exigen celeridad para resolver un caso que compromete la seguridad y estabilidad de una institución clave para la región.
