Se detectaron ocho trabajadores migrantes, originarios de San Luis, que se encontraban en “presunta situación de explotación laboral” en un campo de Gonzales Chaves, un distrito del sudoeste bonaerense.
El hallazgo tuvo lugar en el marco de una fiscalización a cargo de la Delegación del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) en conjunto con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en un campo de 120 hectáreas.
Los trabajadores tenían jornadas de trabajo desde las 4 hasta las 12, y posteriormente, de 13 a 20 horas, todos y cada uno de los días de la semana. En total, trabajan 15 horas por días, de lunes a lunes y estaban abocados a labores de cosecha, como tractoristas y tareas de peón general.
Unas horas antes de que comenzara la inspección, los trabajadores fueron registrados ante los organismos de seguridad social correspondientes, pero se comprobó que estaban en esa condición laboral irregular desde al menos un mes.
Como si fuera poco, no contaban elementos de protección personal, como tampoco poseían acceso a agua potable y energía eléctrica. Vivían en viviendas precarias.
En términos remunerativos, el ingreso que recibían estaba por debajo de lo que dispone la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Además, les debían entre dos y cinco meses de salarios y también se les descontaba el pago de la comida con sobreprecio.
Tras finalizar la fiscalización se consensuó el traslado y se dispusieron los hisopados necesarios para que seis de los trabajadores regresen a su provincia de origen.
