El Senado rechazará hoy los pliegos de los Jueces Daniel Bruglia, Juan Pablo Bertuzzi y German Castelli

La Corte respondió elusivamente el pedido de Daniel Bruglia y Juan Pablo Bertuzzi.

1. El Origen del Caso

Mauricio Macri durante su gobierno tuvo como obsesión lograr que los fallos del Poder Judicial fueran congruentes con sus objetivos de gobierno.

Uno de esos objetivos fue la presentación del gobierno que lo precedió (el gobierno de Cristina Kirchner) como una “asociación ilícita”, una banda de ladrones que cometió todo tipo de delitos.

Para lograr ese objetivo creó una asociación ilícita, la llamada “mesa judicial”, de la cual participaba el director de la AFI Gustavo Arribas (ya procesado). La Mesa Judicial con el auxilio de los agentes de la AFI dirigidos por Arribas, “construían” denuncias falsas, de supuestos delitos cometidos por exfuncionarios de Gobierno.

Esos supuestos delitos, por haber sido (supuestamente) cometidos por funcionarios en ocasión de sus funciones, eran de competencia de la Justicia Federal.

Mauricio Macri contaba con el Fiscal Federal y el Juez federal de Instrucción que le aseguraban que la causa “armada” prosperara con una instrucción que le garantizaba el acopio y la validación de la prueba (lo que preparaban los agentes de la AFI bajo la dirección de Arribas). El Fiscal Stornelli y el fallecido Juez Bonadío garantizaban esa parte de la operación.

Necesitaba entonces Tribunales Orales Federales (TOF) de 1° Instancia que condenaran en base al trabajo de instrucción hecho por Stornelli y Bonadío.

Para reforzar y dar seguridad a la sentencia en Primera Instancia de la causa más importante de todas, la llamada “Causa Cuadernos”, Macri, por decreto dispuso trasladar al Juez German Castelli desde el lugar y la función donde se encontraba al Tribunal Oral Federal 7 de la Justicia Nacional Criminal y Correccional Federal. El TOF 7 ya había sido sorteado para juzgar en primera instancia la causa “cuadernos”, donde la acusada principal es la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Cuadernos” es la causa en la que Bonadío tuvo como prueba válida unas supuestas fotocopias de “cuadernos” que habría escrito el chofer Centeno.

El Juez Castelli originalmente era Juez en la Justicia Federal de La Plata. Allí integraba el TOF 1 (Castelli fue uno de los firmantes del fallo que otorgó prisión domiciliaria al Comisario Etchecolatz, fallo que causó gran indignación y luego fue revertido). Desde allí, por desacuerdos insalvables con otro Juez Federal del foro platense, él pidió su traslado a la Justicia Federal de San Martín, donde pasó a integrar el TOF 3.

Desde allí, el presidente Macri lo trasladó al TOF 7 de la Justicia Nacional Criminal y Correccional Federal.

Ya teniendo asegurado el fallo en primera instancia, Macri necesitaba también asegurar la sentencia de Cámara.

Para ello, dispuso mediante decreto el traslado desde el lugar y la función que ocupaban, de los jueces Daniel Bruglia y Juan Pablo Bertuzzi.

Ambos eran Jueces del TOF 4 de la Justicia Nacional Criminal y Correccional Federal (Comodoro Py). Los trasladó a la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, que recibe todas las apelaciones a las disposiciones de los Jueces Federales de Instrucción de Comodoro Py (como lo era Bonadío) y apelaciones a los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py (como es el TOF 7 que juzgará la causa “Cuadernos”

2. Interviene el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Presidente manda los Pliegos al Senado y el Senado los trata.

La Constitución establece que la designación de un Juez debe tener acuerdo del Senado, y dicho acuerdo se otorga sólo después de que en el proceso haya intervenido el Consejo de la Magistratura, halla sustanciado un concurso de oposición y antecedentes, haya seleccionado tres aspirantes cuyos nombres y fundamentos comunica al Presidente de la Nación, el Presidente seleccione a uno entre esos tres, prepare los pliegos del seleccionado y los envíe al Senado. Solo después de este proceso puede intervenir el Senado y aprobar (o rechazar) el pliego. La aprobación es el requisito para que el Presidente vuelva a recibir el pliego; esta vez, con aprobación del Senado, y entonces, designe Juez al aspirante.

El concurso que debe atravesar el aspirante lo examina en relación al puesto que va a ocupar. No son las mismas preguntas para un Juez de Tribunal Oral Federal que para un Juez de Cámara, y no son las mismas preguntas para un Juez que va a ir a la Justicia federal en una ciudad del interior del país (cómo La Plata) que para un Juez que va a ir a la Justicia nacional Criminal y Correccional federal (de la Capital Federal). La razón es simple: la Justicia federal de La Plata no juzga el mismo tipo de casos que la Justicia federal de la Capital Federal. En esta última caen todos los casos de funcionarios del poder Ejecutivo Nacional acusados de delitos. No hay funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en La Plata, allí los casos son de otro tipo.

Nada de todo este procedimiento se cumplió en el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y en el caso de otros siete jueces. Los diez jueces fueron designados sin cumplir el procedimiento que establece el Art. 99 incisco 4 de la Constitución.

Por este motivo, el Consejo de la Magistratura dio vista a la Comisión de Selección, la cual recomendó que se comunicara al Presidente que estos diez Jueces habían sido designados por el anterior Presidente Macri sin cumplir el procedimiento ordenado por la Constitución.

Estamos ante un acto administrativo viciado (la designación de los jueces omitiendo el procedimiento constitucional). Si el acto administrativo es saneable, debe sanearse. Por eso, para sanear el acto administrativo viciado, el Presidente manda al Congreso los pliegos de los diez jueces designados en forma viciada por Macri.

El Senado da entrada a los Pliegos remitidos por el Presidente, y como reglamentariamente corresponde, los envía al Plenario de Comisiones para su tratamiento.

El Plenario de comisiones decide que son saneables los pliegos de siete de ellos, pero en el caso de Bruglia Bertuzzi y Castelli se encuentra con un problema provocado por los mismos jueces: no asistieron a la sesión del Plenario de Comisiones (a pesar de haber sido citados). La asistencia es obligatoria para todo aspirante, a efectos de responder las preguntas. La decisión del Plenario de Comisiones, se basa en las respuestas que den los aspirantes.

Como no asistieron, el plenario de Comisiones decidió rechazar sus pliegos, recomendar ese rechazo al cuerpo para cuando lo trate en el recinto.

Se tratará hoy a las 14 horas. Los pliegos serán rechazados. El caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli es un acto administrativo viciado a esta altura insanable. No puede ser saneado.

3. Bruglia y Bertuzzi van en Amparo a la Justicia Contencioso Administrativo, reciben un fallo en contra y van a la Corte en Per Saltum

En conocimiento del envío de los pliegos realizado por el Presidente al Senado, los Dres. Bruglia y Bertuzzi se presentaron en amparo ante la Justicia Nacional Contencioso Administrativa Federal. Pidieron como medida pre-cautelar que se suspendiera el efecto jurídico de la Resolución 810 del Consejo de la Magistratura que dispuso comunicar al Presidente la situación irregular en la que diez jueces se encontraban.

La presentación fue sorteada y cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 5 de la Jueza Alejandra Biotti. La Dra. Biotti les rechazó el Amparo.

Los Dres. Bruglia y Bertuzzi, ante el rechazo, se presentaron directamente ante la Corte Suprema con un escrito donde piden que la Corte abra y trate su situación mediante el procedimiento de “Salto de Instancia (llamado “Per Saltum”) previsto en el Art. 257 bis y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

4. La Corte mueve sus trebejos

Anticipo que no hablo en el así llamado “lenguaje inclusivo”. “Trebejos” son las piezas del ajedrez.

El “Salto de Instancia” fue creación pretoriana de la Corte. Los “pretores” eran los jueces del Imperio Romano que muchas veces creaban normas propias. De allí viene la expresión “creación pretoriana”, creación de los Jueces.

El Congreso transformó el Per Saltum en derecho positivo mediante la Ley 26790, enviada al Congreso por iniciativa de la entonces Presidenta Cristina Kirchner.

La Ley 26790 estableció los requisitos que debe cumplir un Recurso de Salto de Instancia (Per Saltum) para que la Corte lo abra y lo trate. Todo Recurso de Salto de Instancia es restrictivo y extraordinario, lo dice la propia Ley, que modificó el Código Procesal Civil y Comercial.

Es opinable que el Recurso presentado por Bruglia y Bertuzzi cumpla esos requisitos.

El lunes por la noche Bruglia y Bertuzzi solicitaron (fuera de horario) a la Corte, que intervenga con urgencia y resuelva el Per Saltum. Ya estaba convocada la sesión del Senado para hoy. Fue una presentación, digamos, “in extremis”, para evitar que el Senado les rechace hoy los pliegos. No lo lograron.

Ayer, en el marco de su habitual reunión de acuerdos de los martes, la Corte respondió, elusivamente, (les respondió sin decidir, difiriendo la decisión) en cinco líneas.

Dijo la Corte: “A la presentación digital de los doctores Bruglia y Bertuzzi del 14 de septiembre de 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la Causa por esta Corte de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine. Notifíquese.”

En el subrayado (de quien escribe) está la clave.

Si el recurso de Salto de Instancia presentado no cumple los requisitos exclusivos que establece el Art. 257 bis y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la vía no es el per saltum. La vía sería la que establece el Art. 117 de la Constitución (“… la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación…”)

El Art. 257 bis citado, pone como condición, entre otras cosas, que la sentencia que es objeto del Recurso de Salto de Instancia sea equiparable a una sentencia definitiva en primer a instancia, y que “el recurso (salto de instancia, sea) el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”

En este caso, en mi opinión (y la de otros colegas) no se advierte que la sentencia objetada sea equiparable a una sentencia definitiva en primera instancia (es un amparo, no tiene la misma sustanciación que un juicio ordinario, la sentencia está basada en la presunción de buen derecho (no en la certeza de buen derecho, el amparo no requiere esa certeza) y tampoco se advierte que el daño no se pueda reparar después. No se los destituye como jueces (lo cual sería irreparable), sólo vuelven a su lugar de origen. Si después se advirtiera que hubo un error en derecho, se deja sin efecto la decisión que ordenó su retorno al lugar de origen, y el daño se repara.

En mi opinión, por eso la Corte dijo “de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine”. Deja la puerta abierta para decirles “señores, vengan por apelación. No corresponde el Per Saltum.

5. Lo que podría venir

El Senado rechazará los pliegos.

Producido esto, el Senado debe comunicarlo al Presidente.

Se trata de una situación sin precedentes. No hay normativa específica para un caso como este. Nunca antes, desde el establecimiento del poder Judicial de la Nación en 1863, el Poder Ejecutivo se encontró con dos jueces literalmente “entrados por la ventana a sus despachos” a quienes sea necesario comunicarles que deben retirarse. En este caso, volver a los despachos de donde salieron.

En mi opinión, deben suceder dos cosas

  1. El Presidente, de acuerdo al Art. 99 inc. 2, debe emitir un decreto ordenando que los Jueces Bruglia y Bertuzzi se retiren de la Cámara Federal y regresen al TOF 4, su lugar de origen. En cuanto al Juez Castellí, que se retire del TOF 7 y regrese al TOF 1 en La Plata.

El Art. 99 inc. 2 dice que el Presidente “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las Leyes de la nación”. El rechazo de los pliegos por el Senado es equiparable a una Ley. El Presidente debe hacerlo cumplir. La forma de hacerlo cumplir, es la emisión del decreto.

  1. Al quedar vacantes dos lugares en la Cámara federal, corresponde, según la ley 27439 (Ley de Subrogancias) que la Cámara superior de la Cámara Federal de Apelaciones, nombre Jueces subrogantes para los dos puestos vacantes.

El superior de la Cámara Federal de Apelaciones es la Cámara Federal de Casación Penal.

Es imprevisible el curso que pueda seguir este caso. Solo una cosa es casi segura: no terminará con el rechazo del Senado.

Si los tres jueces deciden no abandonar sus lugares alegando que hay un recurso presentado que debe ser resuelto (el Per Saltum), el Presidente tiene ante sí opciones.

  1. Los decretos y leyes son ejecutables y el Presidente puede ejercer el instituto de la autotutela. Se trata de una institución por la cual la Administración del Estado puede hacer ejecutar por si misma sus decisiones. Esto sería, ordenar a las fuerzas de seguridad federales que se presenten en los despachos de estos tres jueces rebeldes y los saque de allí. El Juez Castelli ya dicho “me van a sacar a los empujones”. De manera que él, prevé el ejercicio de la autotutela.
  2. Podría ocurrir que el Presidente decida no recurrir a la autotutela y esperar la definición de la Corte. Lo que decida hacer la Cámara Federal de Casación Penal podría influir en esto.
  3. Una vez notificada por el Presidente de la decisión del Senado y el estado de vacancia de los lugares que hasta ahora ocupan Bruglia, Bertuzzi y Castellí, la Cámara federal de casación Penal, de acuerdo al Art. 2 de la Ley 27.439, en un plazo de tres días, tiene que nombrar jueces subrogantes que ocupen esos lugares. Esto, es complementario del desalojo. Si la Cámara Federal de Casación Penal designa subrogantes, el Presidente no tiene alternativa y, ante la negativa de los jueces Bruglia Bertuzzi y Castelli de retirarse de sus despachos, va a tener que ejercer la autotutela y desalojarlos con la fuerza pública. Lo cual. Por cierto, los mandaría de cabeza a un jury de Enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, pero…. No es seguro que estén los nueve votos en el Consejo para destituirlos.
  4. Pero si la Cámara Federal de Casación Penal recibe la notificación del Presidente acerca del rechazo de pliegos, y en lugar der designar subrogantes, manifiesta que no designará tales subrogantes por cuanto los desplazados tienen abiertos recursos ante la Corte en los que se cuestiona la legalidad de su desplazamiento, sería muy conflictivo que el poder Ejecutivo concrete los desalojos en ejercicio de la autotutela.

El fantasma de un conflicto de Poderes ronda hoy el escenario político e institucional de la Argentina. El Presidente necesitará como nunca hacer uso de su capacidad como estadista.

Y, el pueblo que lo votó -sobre todo quienes lo apoyan-, renovar su confianza en el mandatario y dejar de lado críticas muchas veces lanzadas con absoluto desconocimiento de las circunstancias, del mérito, la oportunidad y la conveniencia que el Presidente valora antes de tomar cada decisión.

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