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lunes, mayo 20, 2024

Reabren la causa por el "Vacunatorio VIP" a dos semanas de las PASO

A dos semanas de las elecciones PASO, la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada del caso conocido como “Vacunatorio Vip”, en una clara maniobra destinada a golpear la imagen del Gobierno Nacional.

No solo dispuso que la jueza María Eugenia Capuchetti debe profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad sino también que debe investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus. También ordenaron investigar las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que parte de la investigación no quedara archivada y además validaron su legitimidad para actuar en la causa, pese a las protestas de las defensas.

“Será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala la resolución.

La decisión de los jueces llega a dos semanas de las elecciónes Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, cuando, ya agotado el efecto del golpe a la imagen del Presidente Alberto Fernández por la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en medio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para evitar contagios de coronavirus, que le da a la oposición un nuevo ariete de campaña mediática.

El fallo plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga.

“Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, dijeron los camaristas.

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A partir de la resolución de la Cámara, la jueza Capuchetti deberá profundizar la investigación sobre aquellos que permitieron que allegados al Gobierno y funcionarios se vacunaran contra el coronavirus sin respetar el turno tal como lo hizo el resto de los ciudadanos. La magistrada había entendido que no estaba claro el delito a investigar, más allá de los cuestionamientos éticos que aparejaba la existencia de una vacunatorio para amigos del poder.

En otra resolución paralela, la Cámara Federal hizo lugar al pedido de una asociación civil para convertirse en querellante. Se trata de la asociación civil Bases Republicanas, organización que difunde la ideología neoliberal que lidera la ex funcionaria macrista Jimena De La Torre.

De esta manera, la causa tendrá ahora el impulso de un acusador privado, más allá de las decisiones que pueda tomar el Ministerio Público. No es un dato menor si se tiene en cuenta que inicialmente el fiscal Eduardo Taiano no había apelado la resolución y la intervención del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez había sido cuestionada por las defensas.

“Corresponde revocar la resolución apelada y tener como parte querellante a la organización Bases Republicanas; ello sin perjuicio de que con el avance del proceso se fije un marco fáctico distinto y concreto, que desvanezca los requisitos exigidos por la norma citada y, en consecuencia, la calidad de parte acusadora otorgada”, dice la resolución.

La causa se inició en febrero pasado. Fue luego de que el periodista Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido el día anterior a vacunarse al ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro Ginés González García. Aquellas declaraciones implicaron la apertura de la investigación penal para esclarecer si “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos” fueron inoculadas en el Posadas, en el ministerio de Salud e incluso en sus domicilios particulares.

La polémica se desató en los mismos días en que salieron a la luz las repetidas visitas de jueces, fiscales y periodistas -entre los que figuran los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada cuando éste era Presidente de la Nación. Las fechas de las reuniones coincidían con decisiones judiciales que afectaban sensiblemente a ex funcinarios kirchneristas.

Los imputados en marzo pasado en la causa del "Vacunatorio VIP" -así llamado mediáticamente- por el fiscal del caso Eduardo Taiano fueron el ex ministro González García y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. También se imputó a a Alejandro Collia y Marcelo Guillé.

El 8 de julio pasado, Capuchetti decidió archivar parcial del caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”.

Y entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. Con ese argumento, la jueza había decidido archivar la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el gobierno de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta.

La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los limites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”, había dicho la jueza.

La resolución de Capuchetti no fue apelada por el fiscal Taiano. En cambio sí apeló la decisión el fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la PIA. La apelación de Rodríguez recibió el respaldo del fiscal José Luis Agüero Iturbe.

“Nos encontramos frente a una investigación donde producto de una incorrecta interpretación de la prueba colectada, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5 arribó a una conclusión errada” dijeron Rodríguez y Agüero Iturbe en su dictamen conjunto. Y consideraron que se debía profundizar la investigación. Los camaristas les dieron la razón.

Días antes del archivo que dictó Capuchetti y hoy revocó la Cámara, Rodríguez había presentado un dictamen con un listado de 385 vacunados que no figuraban como personal de salud y que habían sido inoculados en el Posadas sobre los cuales se debía profundizar la investigación. También había reiterado el pedido para que se realice un cruce telefónico entre los imputados. El fiscal Rodríguez había vuelto a solicitar que se analizaran correos electrónicos de los involucrados en la causa y promovió cruces telefónicos.

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