Mauricio Macri y su “mesa judicial” sufrieron un duro revés, ya que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos interpuestos por las defensas del ex presidente, como así también su asesor José María Torello y el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, en la causa en la que se investiga una asociación ilícita por actos de hostigamiento a los directivos del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La resolución de la Sala III de Casación avala las medidas que fueron ordenadas por la jueza María Servini y luego ratificadas por la Cámara Federal sobre el análisis de los llamados entre quienes formaban parte de la mesa judicial del macrismo.
De esta manera, Macri y sus “socios” en lo que fue el armado de burdas operaciones a través de la justicia, no pudieron impugnar la pericia sobre sus teléfonos.
“Las decisiones impugnadas -relacionadas con la nulidad y alcance de una medida probatoria- no revisten la calidad de sentencia definitiva ni se equiparan a ella”, sostuvieron los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani.
En el expediente se investiga una organización delictiva integrada, entre otros, por altos funcionarios del anterior gobierno nacional -entre ellos, el ex presidente Mauricio Macri-:
“Quienes se habrían valido del poder estatal y de los recursos públicos a su disposición para llevar a cabo múltiples actos ilícitos en contra de las empresas del “Grupo Indalo”, -en particular, las sociedades que se encargan de administrar medios de comunicación- y de los beneficiarios finales de todas esas compañías, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”.
Servini ordenó que el entrecruzamiento de llamados entre Macri y sus allegados incluyera todas las comunicaciones desde enero de 2016 hasta agosto de 2019. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) elaboró ese informe. Macri buscaba, a través de su abogado Pablo Lanusse, impedir que la jueza incorporara sus llamados a la investigación.
En medio de esos planteos, Riggi le reclamó el expediente a Servini, un movimiento que le costó una denuncia de Carlos Beraldi (abogado de Cristina Kirchner y de Fabián De Sousa) ante el Consejo de la Magistratura por supuesto encubrimiento al ex presidente.
Uno de los imputados en la causa es el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, a quien se sindica como uno de los actores centrales de la denominada “Mesa Judicial” del anterior gobierno. Particularmente, se le atribuye haber participado en maniobras extorsivas perpetradas en contra de López y De Sousa.
La jueza había ordenado los entrecruzamientos de llamados entre los imputados para determinar las conexiones en fechas consideradas clave en la investigación, sobre la situación de las empresas de López y De Sousa, y como con distintas resoluciones el gobierno de Cambiemos fue acorralando a las empresas del conglomerado empresario y a sus accionistas.
Según los denunciantes dueños del Grupo Indalo, existieron reuniones y llamadas en las que fueron presionados para vender sus empresas. López mencionó a Rodríguez Simón, Nicolás Caputo, Mario Quintana y José Torello como los interlocutores del Gobierno para llevar adelante las negociaciones y presiones.
Al respecto, ambos aseguraron que “Pepín”, en nombre de Macri, había llamado para presionarlos para que apoyaran a Cambiemos. Si no lo hacían, declararon, perderían sus empresas. Servini accedió a los llamados de Rodríguez Simón, que además fue citado a indagatoria y deberá declarar el próximo 26 de mayo.