22.1 C
Bahía Blanca
viernes, marzo 29, 2024

Lo que la Represión a los dolientes de Maradona dejó al descubierto

Hace ya bastantes meses menudean en las redes comentarios y posteos adversos al Presidente Alberto Fernández a quien acusan de “tibio” y “blando”, erosionan su imagen llamándolo “Alverso”, “Alberta”, “Alberte” (?) y en general, buscan presentarlo como alguien que defraudó la expectativa puesta en él.

Alguien impulsa la formación de esta opinión, a la que se prenden muchísimos adictos a las redes que utilizan dicho instrumento para canalizar sus ansiedades. Francotiradores descontrolados del minimalismo político, que, agregados, parece como que formaran una corriente de opinión relevante

Uno de los picos de esta verdadera fiebre de rebeldía sin causa, se produjo cuando frente a las cámaras de TV y teniendo como marco las periódicas apariciones conjuntas del Presidente, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto llamó “mi amigo” a Horacio Rodríguez Larreta.

Los comunicadores y formadores de opinión dedicaron minutos que reiterados habrán sumado tiempos de extensión más propia de los expedientes judiciales que de la práctica mediática, los medios impresos dedicaron columnas y columnas y los habituales desbordados en las redes explotaron como lo hace el trinitrotolueno frente a una chispa que alcance los 0,0027 Kw – hora.  O sea, casi nada. Muy poquito. Menos que un fósforo.

Así “explotan” estos sujetos que nadie puede sujetar, en las redes.

VOS PODÉS HACER TU APORTE
Si llegaste hasta acá es porque valorás nuestro medio y porque buscás fuentes de información alternativas a los medios corporativos que expresen otras voces. Ayudanos a construir más y mejor periodismo.

Colaborar

Sin embargo, Alberto está haciendo cosas que nunca, nadie, hizo en la relación entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires.

En 24 años de existencia institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (desde 1996, cuando fue electo Jefe de Gobierno Fernando De La Rúa), nunca, ningún Presidente de la Nación, ningún Ministro del Gabinete Nacional, ningún Secretario de Estado, nadie, ningún funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, denunció penalmente al Jefe de Gobierno de la Ciudad. Alberto Fernández lo hizo, a raíz de los hechos conocidos el pasado  jueves, en la vía pública, mientras en el interior de la Casa Rosada, se llevaba a cabo el velatorio de Diego Armando Maradona.

En 1988 el Congreso creó el instituto de la coparticipación como instrumento de distribución de aquellos impuestos indirectos que la Constitución histórica estableció como facultad de las provincias, a pesar de lo cual a partir de la creación del Impuesto al Valor Agregado, “IVA” (Ley 20631, enviada al Congreso por el Presidente Perón en 1973), es recaudado por el Estado Nacional.

Desde entonces, desde 1988, hace 32 años, nunca ningún gobierno, se atrevió a “poner en caja” la desmedida voracidad del lobby político liberal de la Ciudad de Buenos Aires por capturar porciones cada vez mayores de los fondos que son de las provincias.

Nunca, ningún presidente, desde 1988 hasta acá, le puso límite a las peticiones dinerarias de la administración de la Ciudad, y mucho menos, le disminuyó sus ingresos.

Alberto Fernández lo hizo.

La Ciudad de Buenos Aires es desde hace 214 años el espacio privilegiado de acumulación de poder político del liberalismo dentro del espacio territorial que desde hace 194 años se llama oficialmente Argentina. El desarrollo del liberalismo en fue parte del proceso de creación de la Nación a partir de las invasiones inglesas en 1806/1807 8pòr eso hace 214 años).

El liberalismo comenzó entonces, hace 214 años, su desarrollo en la ciudad de Buenos Aires como instancia política superadora del absolutismo, el despotismo ilustrado que en realidad era el último esfuerzo de la nobleza de aquel tiempo (hoy lo llamaríamos “oligarquía”) por preservar el sistema feudal. De hecho, las leyes que regían la colonia española, regían desde tiempos feudales y, por supuesto, entorpecían el desarrollo del capitalismo

La denominación “Argentina”, si bien aparece por primera vez en el poema de Del Barco Centenera así llamado (“La Argentina”) de 1602 (hace 418 años), no fue utilizado oficialmente como nombre de nuestra Nación hasta la sanción de la Constitución unitaria de 1826, por eso, hace 194 años.

Todos los gobernantes de la Ciudad de Buenos Aires, desde 1810 hasta ahora han sido aristócratas o liberales con excepción de 1) Don Juan Manuel de Rosas, como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 2) Los intendentes designados por el Presidente Yrigoyen, 3) Los intendentes designados por el Presidente Perón, 4) El intendente designado por el Presidente Cámpora en 1973… y nada más.

Desde la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la elección de su primer gobierno, en 1996, ser sucedieron seis Jefes de Gobierno. Dos de ellos, radicales antiperonistas, De La Rúa y Enrique Olivera, un progresista que llegó al puesto aliado con radicales antiperonistas (que terminaron destituyéndolo), Aníbal Ibarra, un oscuro traficante de la política que nunca estuvo guiado por principios, él siempre estuvo guiado por sus fines: acomodarse, me refiero a Jorge Telerman, y, finalmente Macri y Rodríguez Larreta

El único que se atrevió a ponerle un límite a la expresión político-territorial más icónica del liberalismo en la Argentina, es Alberto Fernández.

La cuestión nos tiene que hacer reflexionar sobre otro tema: la sede del Gobierno Nacional, la Capital de la República.

La Constitución de la Confederación Argentina, de 1853 estableció en su Art. 3 que la Capital de la Confederación era la Ciudad de Buenos Aires.

La Constitución de la Nación Argentina, de 1860, modificó ese texto y declaró que corresponde al Congreso  declarar por una Ley Especial, cual es la Capital de la Nación.

Entre 1860 y 1880, dos veces el Congreso declaró Capital de la Nación a la Ciudad de Rosario, y ambas veces las leyes fueron vetadas por el Presidente Sarmiento.

Finalmente, en 1880, por iniciativa política de Julio Argentino Roca que era Ministro de Guerra del Presidente Avellaneda y su seguro sucesor, el Presidente Avellaneda envió al Congreso la Ley de Federalización del Partido de Buenos Aires. Dicha iniciativa parlamentaria ejercida por el Presidente Avellaneda a instancias de su Ministro Roca, costó 3.000 muertos en el marco de las acciones de guerra desatadas por orden del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, quien movilizó las milicias provinciales para impedir la federalización de la Ciudad. La represión estuvo al mando del Ministro de Guerra de Avellaneda, Roca quien comandó la Guardia Nacional que sofocó la insurrección.

La federalización de Buenos Aires dio lugar a la concentración del poder político y el poder fáctico en un pequeño espacio territorial. No hubo problemas mientras el poder político estuvo en manos de fuerzas que expresan al poder fáctico (desde 1862 hasta 1916; desde 1930 hasta 1945 y desde 1955 hasta 2003. Nuevamente, durante el macriato, 2015/2019

Esos períodos coinciden con etapas en las que en la Argentina no hubo democracia. Entre 1862 y 1916, el  fraude conservador con la ley electoral 140 que consagraba el voto cantado; entre 1930 y 1945 la “década infame” con la proscripción del radicalismo yrigoyenista y la sucesión de gobiernos oligárquicos; y el período 1955 – 2003 (salvo el corto período 1973/75) con el peronismo proscripto e incluso la Constitución proscripta, entre 1963 y 1966 y entre 1976 y 1983.

La co-habitación del poder político y el poder fáctico en el pequeño espacio territorial de la Capital Federal siempre ha generado importantes presiones antidemocráticas del poder fáctico hacia el poder político cuando este fue, como es ahora, de signo contrario a las fuerzas políticas que expresan al poder fáctico.

Así lo sufrieron Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y ahora Alberto Fernández.

Esa co-habitación condiciona la democracia.

La ley de federalización de Buenos Aires en 1880 surgió como necesidad política para la Liga de Gobernadores para garantizar que el Presidente no sería condicionado por el poder económico de la aristocracia porteña.

Esa aristocracia porteña era la dueña de la Provincia de Buenos Aires, con su poder consolidado en la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo Capital de la Provincia de Buenos Aires y asiento “de facto” del Gobierno Nacional, ya que en el complejo procedimiento de formación de las leyes, cada vez que el Congreso sancionó una Ley federalizando un territorio para declararlo Capital Federal (dos veces sucedió con Rosario), el Presidente sometido a la presión de los poderes fácticos concentrados de la Provincia de Buenos Aires, la vetó. Primero Mitre, y después Sarmiento. En 1880 Roca resolvió el problema “manu militari” después de derrotar en combate a las fuerzas de la Provincia de Buenos Aires.

El condicionamiento del poder presidencial volvió a repetirse con el Presidente Perón, en el período 1945/1955 y se agudizó desde la autonomía de la Ciudad afectando los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y ahora Alberto Fernández.

Otros países han evitado este problema alejando la Capital, centro político y administrativo de la Nación, de la ciudad que en sus países es el centro económico y financiero de la Nación.

En Estados Unidos al tiempo de sancionarse la Constitución de 1787, el cetro económico y financiero del país era, como hoy sigue siendo Nueva York. Fue la sede del gobierno federal entre la asunción del primer presidente George Washington, en 1789 hasta 1801

El Constituyente de 1787 en los Estados Unidos había  previsto la construcción de una ciudad para que sea Capital de la nación, en el Art. 2º, Sección 8º Numeral 17 del texto constitucional. A poco tiempo de sancionada la Constitución, los Estados de Virginia y Maryland cedieron el territorio para la construcción de una nueva ciudad, que fue inaugurada como Capital en 1801

En Brasil, la idea de separar la Capital del centro económico y financiero existente en las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo (muy cercanas entre sí) estuvo presente desde el origen de la República, en 1889. Finalmente fue concretado por Ley 2874 impulsada por el Presidente Kubitscheck en 1956. Fue construida en cuatro años e inaugurada en 1960.

Algunos otros países del mundo siguieron la misma estrategia de evitar presiones del establishment localizando su capital en ciudades especialmente construidas para ese fin. El caso más notorio es Australia, cuya Capital Federal, Canberra, desplazó el centro político del país separándolo de su centro económico y financiero, Sydney.

En la Argentina, intentó hacer lo mismo el Presidente Alfonsín, con la Ley Nº 23512, que creó un nuevo distrito federalizado, con tierras cedidas por las provincias de Buenos Aires y Río negro, en las márgenes norte y Sur del Río Negro. La ley 23512 está vigente, nunca fue derogada, pero tampoco nunca se puso en ejecución.

La permanente interferencia de los poderes fácticos con el poder político distorsiona la democracia. Limita la soberanía popular, el pueblo puede elegir Presidente, siempre y cuando no sea de signo político opuesto a los deseos del establishment. La permanencia de la Capital en la Ciudad de Buenos Aires facilita al establishment el despliegue de estrategias y tácticas hostiles hacia los gobiernos que no le responden. En definitiva, el Gobierno Nacional carece de poder territorial. Esa falencia condiciona la democracia.

La reversión de la autonomía de la Ciudad no es una opción.

En primer lugar, porque continuarían el poder constituido y los poderes fácticos, compartiendo el mismo espacio territorial. Además, porque teniendo la ciudad una vida urbana independiente de la administración pública nacional, sus ciudadanos, al no poder elegir sus autoridades políticas, serían ciudadanos con menos derechos políticos que los del resto del país (este fue uno de los fundamentos de otorgar la Autonomía a la Ciudad en la reforma constitucional de 1994)

La solución es seguir el camino de Estados Unidos, Brasil y Australia, con la creación de una nueva ciudad administrativa, sede del gobierno federal, en un territorio donde dicho gobierno federal tenga poder político y no pueda ser condicionado por el gobierno local.

Los hechos del jueves pasado, y recientemente, las agresivas manifestaciones anticuarentena en el obelisco, realizadas sin que las fuerzas federales de seguridad puedan intervenir, han puesto al descubierto este problema.

El Presidente Alberto Fernández es el primero en 140 años, desde la federalización de la Ciudad, que pone un límite a las pretensiones de los grupos políticos liberales de la Ciudad mientras conserva el funcionamiento de sus instituciones constitucionales (El Presidente Perón, entre 1946 y 1955 gobernó la ciudad mediante intendentes que él designaba, pero sin Concejo Deliberante)

La limitación a la coparticipación federal de la Ciudad a términos compatibles con una distribución equitativa con las provincias, es otro límite que nunca antes se había puesto al cual se ha atrevido el Presidente Alberto Fernández.

Son remedios transitorios, mientras no se acometa la raíz del problema, que es el desproporcionado peso político del establishment porteño en desmedro del resto del país, ayudado por una localización de la Capital que deja más expuestas a las autoridades políticas surgidas de la voluntad popular, a la presión de los poderes fácticos.

No se solucionará hasta que el problema de la Capital sea resuelto separando la sede del poder político de la sede del poder económico y financiero.

Algún día se hará.

Podría interesarte:

Las últimas noticias

Latest Posts

.links span { display:none }