Corte Suprema: el gobierno no designa reemplazos y mira a los conjueces

La renuncia de Elena Highton de Nolasco abrió una vacante en una Corte Suprema atareada por una fuerte crisis interna, y por ahora no pareciera fácil que ese puesto se ocupe inmediatamente: ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner evaluaron una posible sustituta y no hubo sondeos con los senadores opositores, quienes deberían aportar los votos para llegar a dos tercios.

Ni oficialistas y ni opositores del Congreso esperan una negociación en el corto plazo. Tanto es así que desde el FdT comenzaron a poner la mira en los posibles conjueces que intervienen en las votaciones de la Corte en las que no se alcancen los tres votos necesarios para la mayoría.

Puede suceder cuando haya un empate en 2, si alguno de los miembros se excuse en alguna causa o, dato no menor, en caso que se sancione una ley que amplíe los miembros del máximo tribunal y el Senado volviera a demorar las designaciones.

Este viernes, el diputado del PJ José Luis Gioja, ex presidente del PJ, presentó un proyecto de ley para exigir que al menos 2 de los 5 miembros de la Corte sean mujeres.

De prosperar, debería empezar a cumplirse con el reemplazo de Highton como también con la próxima vacante que suceda, que si es por el límite de 75 años sería la del cordobés Juan Carlos Maqueda, que tiene 71. Más jóvenes son el presidente del máximo Tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Sin tener en vista una urgencia para sustituir a Highton por lo pronto, los juristas del Frente de Todos que dialogan seguido con el ministro de Justicia Martín Soria empezaron a mirar de reojo cómo se seleccionan los conjueces y no quedaron para nada tranquilos.

El primer camino es un sorteo entre los presidentes de las cámaras de apelaciones, con una metodología a definir por los supremos. Sólo si no fuera posible cubrir el hueco con ese mecanismo interviene un conjuez designado por acuerdo del Senado.

La última lista aprobada fue hace tres años, vence en estos días y la integran figuras poco afines al Gobierno como el radical Ricardo Gil Lavedra, María Angélica Gelli y el entonces presidente del colegio de abogados de la Ciudad Guillermo Lipera.

La nómina surgió de un acuerdo entre Macri y Miguel Ángel Pichetto, quien por entonces lograba manipular a sus dirigidos del PJ para poblar la justicia con abogados elegidos por el entonces presidente.

La tarea fina estaba a cargo de Rodolfo Urtubey, que presidía la Comisión de Acuerdos, y esas maniobras estallaron en una reunión de bloque de 2019 que terminó a los gritos y marcó la salida del rionegrino del peronismo.

Pero Pichetto permitió que los conjueces de la Corte sean designados por dos tercios, como había pedido la Corte Suprema en un fallo de 2015 para desechar una nómina aprobada por mayoría simple un año antes, uno de las últimas medidas de CFK antes de abandonar la Casa Rosada.

El Gobierno no puede alcanzar un consenso tan amplio para esos cargos tan eventuales y por eso prefieren poner la lupa en cómo se hacen los sorteos en la Corte para elegir a los camaristas que ofician de conjueces. Increíblemente, nadie lo sabe bien.

Y se sorprendieron con uno de los últimos casos, en marzo, cuando la Corte debía resolver sobre el conflicto de la provincia de Buenos Aires con Farmacity, la empresa de Mario Quintana, ex funcionario de Mauricio Macri, y se excusaron Rosenkrantz y Rosatti.

Los sorteados para sustituirlos fueron los camaristas Martín Irurzun y Gustavo Hornos, dos jueces emblemas del lawfare en Argentina.

Irurzun es ni más ni menos que el autor de la doctrina que habilitaba la prisión preventiva a ex funcionarios públicos, eliminada por Macri antes de dejar la Casa Rosada, mediante una oportuna resolución que actualizó el Código Procesal Penal. Además, Irurzun está acusado de participar en tareas de espionaje ilegal.

En este contexto, los senadores de JxC no esperan llamados para hablar de la Corte.

En estos días de roscas presenciales había senadores oficialistas con peso en el bloque que sugerían una negociación conjunta por la vacante de la Corte y el procurador Daniel Rafecas, propuesto por Alberto. Pero no terminan de saber si el juez es hoy igual o peor que el interino Eduardo Casal, a quien tiene varias denuncias en su contra.

Además, parte del acuerdo del binomio gobernante tiene un capítulo intermedio en la última quincena de noviembre cuando Máximo Kirchner tendrá la última chance de juntar una mayoría que le permita aprobar leyes pendientes, antes de un recambio de la mitad del recinto que no le resultaría favorable.

Con el pase de Eduardo Bucca a su bloque, no está muy lejos de los 129 para sancionar la reforma del Ministerio público, que le permitiría desplazar de un plumazo al interino Casal. Esa mayoría sería útil para otros proyectos judiciales que luego deba completar el Senado.

Es que si bien CFK perdería la mayoría propia si se repiten los resultados de septiembre, podría conseguirla con el aporte de dos actuales aliados: la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck.

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