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jueves, marzo 28, 2024

Servini rechazó la solicitud de Macri para que no se perite su teléfono

La jueza María Romilda Servini rechazó el pedido que había realizado la defensa del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que no se perite su teléfono en el marco de la causa que investiga hostigamiento al Grupo Indalo (C5N). Según la magistrada, el análisis del teléfono no va en contra de garantías constitucionales.

Macri había apelado ante la jueza federal Servini para que no se audite las llamadas entrantes y salientes de su celular. Es lo que en la jerga se conoce como "la tira" y no incluye el contenido de las conversaciones que el ex mandatario haya realizado.

La orden había llegado en el marco de la causa que investiga la mesa judicial M y la tira alcanza las llamadas desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019. Se trata del expediente 16850/2019 caratulado, “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita querellante: De Sousa, Carlos Fabián y otro”

Servini ordenó que para “avanzar en la investigación” se lleve a cabo el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Martín Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Germán Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner.

A su vez, la presentación de Macri se realizó tan sólo un día y medio después de haber viajado a Paraguay avalándose en su carácter de presidente de la Fundación FIFA.  En la causa, se investiga hechos de hostigamientos denunciados por Fabián De Sousa, luego ratificados en el juzgado.

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El argumento de Servini para pedir la tira de Macri es que la denuncia realizada por De Sousa manifiesta  "existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri - o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.

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