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Latinoamérica

Amenaza a la democracia en Ecuador

Las elecciones presidenciales en Ecuador se aproximan, faltando menos de siete meses para realizarse -febrero de 2021- y solamente dos meses para que se venzan los plazos de inscripción de los candidatos. Sin embargo, el proceso democrático se ve cada vez más amenazado. El Consejo Nacional Electoral (CNE), presionado por la Contraloría General del Estado, proscribió la participación de cuatro partidos políticos por supuestas irregularidades, entre ellos el partido “Fuerza Compromiso Social”.

Este partido surge en el 2010, liderado por profesionales de la salud y actualmente es uno de los principales adversarios electorales del gobierno. Desde las elecciones del 2019 se integró al Movimiento Revolución Ciudadana (MRC) del ex presidente Rafael Correa, llegando a ser conocido actualmente como “Compromiso Social por la Revolución Ciudadana”. En las elecciones seccionales de 2019 obtuvieron la victoria en las Prefecturas -provincias- de Manabí y Pichincha y el 66 concejales, lo que equivale al 15,8% del total.

Lenín Moreno: del riñón del correísmo a su principal adversario

El actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ganó las elecciones en 2017 gracias al apoyo de Correa, de quien fue vicepresidente desde el 2007 al 2013 y pertenecía al riñón del correísmo, por lo que se impuso como el sucesor natural de Rafael Correa en el gobierno. Sin embargo, la lealtad duro poco. A las pocas semanas de asumir, Lenin comenzó a implementar medidas económicas de ajuste, antagónicas a las gestiones anteriores de “Revolución Ciudadana” (2007-2017).

Desde ese momento, comenzó un proceso de deslegitimación y persecución político-judicial a Mashi –seudónimo de Rafael Correa- quien en el presente se encuentra exiliado en Bélgica, así como de varios ex funcionarios correístas. Incluso funcionarios que participaron en la gestión de Lenin, como su ex vicepresidente Jorge Glas, sufrieron represalias por oponerse a la dirección que tomaba el gobierno. Glas, junto a otros militantes, fueron encarcelados, acusados por el delito de asociación ilícita en el caso de la constructora Odebrecht.

El gobierno cada vez más debilitado

La imagen del gobierno es cada vez más débil. Ello como consecuencia de la pésima gestión de la pandemia, contabilizando 78 mil contagios, y el deterioro de las condiciones sociales a partir de la implementación de medidas económicas impopulares. En Octubre del año pasado, el gobierno de Lenín enfrentó una grave crisis política con masivas marchas opositoras que se desarrollaron en Quito y Guayaquil. Las movilizaciones se originaron como respuesta al acuerdo del gobierno con el FMI y el aumento del precio del combustible, las que fueron duramente reprimidas por la policía y militares.

Sentencia sin pruebas

Correa había anunciado hace unas semanas su intención de presentarse en la fórmula como vicepresidente. Recientemente, dos tribunales de justicia -uno de ellos conformado de manera ilegal- confirmaron la sentencia a ocho años de prisión y la pérdida de derechos políticos del ex presidente Correa, de Glas y de otros militantes de Revolución Ciudadana y empresarios.

A Correa se lo sentenció por un pago de seis mil dólares, a pesar que se probó que los fondos provenían de aportes militantes y que el ex presidente ya había aportado legalmente 7 mil dólares. También se los acuso a él y a otros funcionarios como “autores instigadores” por sobornos ligados a contratos de Oderbretch. El Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, declaró públicamente que, a pesar de no haber pruebas que los involucren como autores del delito, igualmente se los acusa insólitamente por “influjo psíquico”.

Lawfare como estrategia antidemocrática en el Cono Sur

El proceso de feroz persecución que se está llevando a cabo en Ecuador no es un hecho aislado. Lo mismo sucedió en las elecciones del 2014 en Brasil, con la proscripción de Lula; actualmente está ocurriendo en Bolivia con la prohibición para presentarse a los candidatos del MAS -Movimiento Al Socialismo- y el exilio de Evo Morales.

El lawfare judicial o golpe blando, se impone como la nueva estrategia de la derecha regional para deslegitimar mediática y judicialmente a los líderes de los partidos populares y, en última instancia, impedir la realización de elecciones democráticas en las que cabe anticipar la victoria de los partidos populares, los que a pesar de todo, continúan teniendo apoyo de un importante porcentaje de la ciudadanía.
En un intento desesperado, el gobierno ecuatoriano en alianza con sectores mediáticos y judiciales busca, proscribir de manera inconstitucional al correísmo que tiene un núcleo duro del 30% de los votos a nivel nacional.

Lic. en Ciencia Política (UBA). Maestrando en Políticas Públicas (Universidad Torcuato Di Tella)

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