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lunes, marzo 4, 2024

La casa y el orden

Hoy se cumplen 36 años del inicio de la primera rebelión carapintada, en la Semana Santa de 1987. En Bahía Blanca y la región no se produjeron alzamientos, pero algunos nombres y hechos reclaman un repaso.

El paso reciente de la Semana Santa por el calendario de 2023, la reaparición de expresiones negacionistas y la nueva condena que el martes 11 recibió uno de sus líderes vuelven a traer a la memoria a la sublevación castrense de cuyo inicio se cumplen hoy 36 años.

La primera rebelión carapintada, como se conoció a ese hecho por el singular maquillaje de quienes lo encarnaron, no fue ajena ni lejana al sudoeste bonaerense, aunque ninguna de las unidades militares de la zona se haya sumado a ella. La protagonizaron oficiales del Ejército que buscaban evadir citaciones judiciales por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la por entonces reciente dictadura.

Para las primeras semanas de 1987, la tenaz lucha de sobrevivientes, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos había impedido los iniciales intentos de impunidad: una ley de autoamnistía que procuraron los propios militares antes de concluir la dictadura y el abordaje de los casos por parte de la justicia militar, primera opción del presidente democrático Raúl Alfonsín.

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Las presiones militares hicieron que a fines de 1986 Alfonsín impulsara lo que se denominó un “Punto Final”, traducido en un plazo perentorio de sesenta días corridos, contados desde la Nochebuena de ese año, para la formulación de acusaciones sobre presuntos responsables de delitos durante la represión clandestina. Como observó La Nueva Provincia en uno de sus editoriales inmediatamente posteriores a la rebelión de los carapintadas, aquel “Punto Final” consiguió más bien el efecto contrario al reclamado por los represores y las citaciones se aceleraron.

Bahía Blanca era acaso el ejemplo más patente. La Fiscalía de Hugo Cañón y la Cámara Federal que encabezaba Luis Cotter se entregaron a un trabajo febril, cuya primera estación fue la toma de una extensa declaración al general Adel Vilas, máximo responsable de la subzona 51 del engranaje del terrorismo de Estado en la región.

Junto a Vilas, los camaristas y el fiscal recorrieron los lugares donde funcionaron lo que los militares llamaban “Lugares de Reunión de Personas Detenidas”. No pudieron visitar la “Escuelita”, que ya había sido demolida, pero vieron los cimientos sobre los que dos décadas más tarde el equipo de arqueología de la Universidad Nacional del Sur coordinado por Alejandra Pupio trabajaría en busca de material que aportar causas que se reactivaron luego de 2005.

Por la magnitud de la tarea emprendida, en aquel 1987 la Cámara entendió que no podía pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de “Punto Final”, al ser abstracta en la jurisdicción: para cuando operó su plazo, ya habían sido citados todos los imputados que se consideraban en ese momento.

Vilas, que emitió un dolorido comunicado al comprobarse abandonado por quienes antes lo celebraban o proveían de información, declaró durante más de cien horas y quedó detenido a la espera de una resolución sobre su situación. Mientras tanto, la Cámara tenía pautado un cronograma de nuevas indagatorias para las semanas siguientes: los generales Abel Catuzzi, José Luis Sexton y Braulio Olea y los coroneles Aldo Álvarez y Osvaldo Páez.

La rebelión carapintada de abril de 1987 y la claudicación del alfonsinismo y de buena parte de la oposición de entonces en junio de ese año, con la consiguiente entronización de la impunidad militar bajo excusa de obediencia, hicieron que de ese grupo sólo Páez resultase condenado. Ocurrió veinticinco años después, cuando concluyó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La impunidad biológica se encargó del resto.

Nabo en Humanidades

La sublevación carapintada de 1987 comenzó cuando el mayor Ernesto Barreiro, un oficial de inteligencia del Ejército a quien llamaban “El Nabo”, se negó a concurrir a una citación judicial y se refugió en una guarnición cordobesa.

Desde días antes el gobierno manejaba información sobre movimientos sospechosos entre los cuadros intermedios, en particular del Ejército, inquietos por el avance de la Justicia.

Barreiro no era un desconocido en Bahía Blanca. En los meses finales de la dictadura y los iniciales de la democracia se lo solía ver en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Se había inscripto en la Licenciatura en Historia, aunque sólo rindió una materia: Geografía.

Un dato llamativo, sobre todo porque es sabido que hasta bastante entrada la década el aparato militar continuó su espionaje sobre sobrevivientes y familiares de víctimas, pero también en torno a ámbitos donde sospechaban que podían surgir resistencias a la impunidad planificada.

Barreiro fue condenado el último martes 11 de abril, en Córdoba, a una pena de 24 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en 1979, cuando se desempeñaba en el Batallón de Inteligencia 141 del Ejército. Su nueva condena se unificará con la de prisión perpetua que le había sido impuesta en 2008. Durante todo el juicio sobrevoló la referencia a lo ocurrido en la Semana Santa de 1987.

Las exclusivas de La Nueva Provincia

El diario La Nueva Provincia exagera los méritos académicos del “Nabo”, dándole por válidos dos años de la carrera. En Córdoba lo entrevistó, como enviado especial y en medio del conflicto por su rebeldía, Salvador Fernández. El intercambio es un documento histórico, en que por momentos los roles se confunden. Merece ser reproducido íntegro:

No fue la única exclusiva del diario de la familia Massot-Julio. Días antes del alzamiento habían publicado una solicitada firmada por esposas de oficiales de la Armada. Todas firmaban con sus apellidos de casadas, sin los de solteras y con el “de” marcando pertenencia.

En la misma edición, el sábado 4 de abril, La Nueva Provincia anunciaba como “primicia” publicada “de manera exclusiva” un pedido del entonces general Antonio Bussi para someter a un “tribunal de honor” al jefe del Ejército, Héctor Ríos Ereñú. Bussi, que se encontraba en ese momento bajo arresto, había sucedido a Vilas al mando del denominado “Operativo Independencia” en el norte argentino.

Un Jardín tenebroso

Cuando se produjo el alzamiento carapintada de 1987, Juan Pablo II acababa de visitar el país, en un recorrido que incluyó a Bahía Blanca. La prédica del papa polaco combinó un mensaje de supuesta reconciliación con la condena al marxismo y al derecho liberal al divorcio.

Pero a la derecha de esa rara mezcla conservadora, típica del final de la Guerra Fría, se insertaba la prédica de uno de los pastores del rebaño naval, el cura Luis Moisés Jardín. En la parroquia “Cristo Rey” de Punta Alta, frente a oficiales de la Armada y sus familiares, Jardín pronunció una homilía que el diario recogió:

Las rebeliones carapintadas continuaron hasta los primeros meses del gobierno de Carlos Menem, tras lo cual quedó limitado el poder de lo que por décadas se conoció con el coloquial nombre de Partido Militar. A cambio, por largos años, se entronizó la impunidad.

El martes 21 de abril de 1987 la cobertura periodística de La Nueva Provincia, que no era sólo un diario sino un actor fundamental en la represión dictatorial, cerraba con un balance editorial. Los elogios reservados a Alfonsín pueden servir como medida de su claudicación.

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