Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor presidencial de Mauricio Macri denunciado en diversas causas judiciales, viajó a Uruguay el 9 de diciembre pasado y no regresó a la Argentina. Esto ocurrió luego de que se le prohibiera abandonar la Argentina. Actualmente se desconoce su paradero.
Rodríguez Simón cruzó por Entre Ríos hacia la ciudad oriental de Fray Bentos. Su partida se conoce luego de que la jueza María Romilda Servini dispusiera su prohibición de salida del país en la causa del intento de desguace del Grupo Indalo.
La jueza Servini investiga el ataque del gobierno de Cambiemos al Grupo Indalo, que incluyó la detención de sus dueños, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Pepín Rodríguez Simón fue un actor clave en todo este proceso por lo que fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo 26 de mayo (un entrecruzamiento de llamados de su celular fue determinante para esta citación).
En ese marco, este lunes, la jueza Servini hizo lugar parcialmente al pedido de los abogados de De Sousa (Carlos Beraldi y Ary Llernovoy) y ordenó la prohibición de salida del país de Rodríguez Simón.
La magistrada consideró que existe:
“Un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente”.
Tras esta resolución se conoció que Pepín partió al exterior hace 3 meses y 20 días y nunca regresó. Este hecho puede transformarse en un punto de quiebre para el expediente. E incluso, hacerse extensivo a otros, ya que Rodríguez Simón también está imputado en otras causas, como la de la Mesa Judicial Macrista que investigan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi.
Si Pepín pidió permiso para salir del país en diciembre y le fue autorizado estaría en regla siempre y cuando regrese a la Argentina y se ponga a derecho. “Pero si se fue y no avisó, hay una zona gris”, explicaron fuentes con acceso al expediente. ¿Por qué? Porque si bien no tenía ninguna restricción para cruzar la frontera, en un viaje previo, en agosto, el diputado del Parlasur había avisado que se iba. Es decir, habría una contradicción que se puede interpretar como un intento de fuga.
En agosto del 2020, Rodríguez Simón viajó al exterior por 3 semanas. Había avisado en sede judicial y lo habían autorizado. Ahora lleva más de tres meses fuera del país. Atentos a que Rodríguez Simón podía no encontrarse en la Argentina cuando hicieron el planteo pidiendo la prohibición de la salida, los abogados de De Sousa dijeron que se reservaban “el derecho de peticionar una medida más ‘intensa’, en caso que la evolución de la investigación lo ameritara”.
En la misma línea, Servini ordenó este lunes a la Dirección Nacional de Migraciones que le “remita los movimientos migratorios de Rodríguez Simón desde el 6 de agosto de 2020 a la actualidad”. Tal como se indicó en esta nota, en aquella fecha Pepín comunicó que saldría del país por casi un mes. La incógnita es si el exfuncionario macrista viajó en más ocasiones sin dar aviso al juzgado, lo que complicaría su situación.
La magistrada recordó que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se decretó por la pandemia del coronavirus, Pepín viajó a Uruguay “aún con las restricciones que en ese momento estaban vigentes en ambos países, por motivos de trabajo, lo cual demostraría que podría trabajar y tendría arraigo fuera del territorio nacional”. Es decir, hay peligro de fuga.
Para justificar su decisión de prohibirle la salida del país a Rodríguez Simón, Servini recordó que investiga:
“Diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri – o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.
En ese marco, para la jueza:
“Se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”.
Uno de los encuentros que reconstruyó la Justicia se desarrolló en la Casa Rosada y contó con la “presencia del entonces Vice Jefe de Gabinete de Ministros, Mario Quintana (quien tuvo que interceder para bajarle el tono a las manifestaciones realizadas por Rodríguez Simón)”, indicó Servini. “Luego, en otra reunión, le habría expresado a uno de los empresarios mencionados que ‘no quería verlo preso’”, señaló la magistrada, que se basó en el testimonio del empresario y ex socio de Cristóbal López, Federico de Achával.
Más allá de que no tenía un cargo formal en el Ejecutivo nacional (era diputado del Parlasur y director de YPF), Rodríguez Simón solía atender en Casa de Gobierno. Allí, por ejemplo, se reunió con el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia, a quien le dijo que si la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó no presentaba su renuncia la iba a meter presa junto a sus hijas.
En otro pasaje de la resolución, Servini hace alusión al pedido de Pepín de “bajar” un programa de Roberto Navarro en C5N:
“En otra oportunidad, el imputado se enteró que en el canal de televisión ‘C5N’ – propiedad de los querellantes – iba a emitirse un programa conducido por Roberto Navarro, donde supuestamente se iba a hablar sobre su persona, para evitar ello se comunicó nuevamente con Federico de Achával, a quien le manifestó que debía bajarse el programa, y cuando éste le indicó que no tenía nada que ver con el canal de televisión mencionado, Rodríguez Simón le habría manifestado: ‘Jodete por ser socio de Cristóbal López, bájalo porque si no te hacemos mierda’”.
En su racconto de hechos paradigmáticos protagonizados por Pepín, la jueza también hace referencia a un apriete de 2019 para intentar que se frene la causa en que se investiga el intento de desguace del Grupo Indalo. El relato lo hizo el empresario Ricardo Benedicto, también ex socio de Cristóbal López, y provocó la apertura de un expediente conexo al principal.
Por todas estas razones, Servini entendió que estaban dadas las condiciones para decretar la prohibición de salida del país. El interrogante que se abre ahora es qué decisión tomará la jueza tras difundirse que Rodríguez Simón no está en la Argentina hace más de tres meses.