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Latinoamérica

Bolivia: el Ministro de Salud fue detenido dentro una red de corrupción por respiradores

(*) por Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana

El 20 de mayo la Dra. Eidy Roca viceministra en cartera asumió como ministra de salud, y es la tercera vez que Áñez cambia de ministro de salud seis meses de gobierno. En un contexto de un escandaloso caso de corrupción por la compra con sobreprecios de 170 respiradores a la empresa española G.P.A. Innova, a través de la intermediaria I.M.E. Consulting, representante de dichos respiradores en Latinoamérica. Por el hecho fue detenido el ahora ex ministro de salud Navajas, que al momento de asumir en sus funciones, tenía en su haber una condena de la justicia por estafa por la venta con sobreprecio de medicamentos contra el cáncer.

El ministerio público investiga la compra en 28 mil dólares por cada respirador cuando Pau Sarsanedas, el director de la empresa fabricante G.P.A. Innova, confirmó que su valor era de 7.000 dólares, o sea que se pagó un sobreprecio por más de 20 mil dólares por cada unidad, por lo que el sobreprecio total de la compra asciende a 3.500.000 millones de dólares en perjuicio del estado.

El gobierno de facto no le pagó a la empresa fabricante de respiradores G.P.A. Innova, sino a un intermediario del que se desconoce cuánto cobró del estado boliviano por los respiradores. Fuentes de G.P.A. Innova sostuvieron que solo “vendió los respiradores a un exportador a precio básico” y que desconoce el precio final de venta del exportador”.

La red de corrupción salpica a diversos funcionarios de primera línea del gobierno de facto, entre ellos al ministro de salud Marcelo Navajas, al director de la agencia en infraestructura en salud y equipamiento médico A.I.S.E.N. Giovanni Pacheco, al embajador de ciencia y tecnología Mohammed Mostajo, al cónsul General de Barcelona Alberto Pareja Lozada, a la canciller Karen Longaric, entre otros, que estarían implicados en un negociado millonario y ruin a costa de la salud del pueblo boliviano. Existen documentos oficiales, videos y testimonios de los mismos implicados que los comprometen y que se viralizaron en redes, que revelan que los implicados tenían conocimiento de los contratos, costos y calidad de los equipos, participaron en las negociaciones y de los traslados.

Por su parte, Áñez sostuvo en Twitter: “Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de la corrupción debe ser de vuelto al estado”. Y sostuvo que no se pagaría el 50% del valor que se adeudaría por la compra.

La abogada del ex ministro de salud Rosario Canedo denunció su detención por las fuerza de lucha contra el crimen F.E.L.C.C.: “Es una infamia, violación y supresión flagrante a sus derechos y garantías constitucionales y derechos humanos. ¿Estamos viviendo en un estado de derecho o estamos viviendo en una dictadura y en un gobierno totalitario donde no se respetan los DDHH.?”.

Por el caso, se encuentra detenido extrañamente el asesor jurídico del ministerio de salud, Fernando Valenzuela, tres funcionarios de A.I.S.E.N., incluyendo a su director, Giovanni Pacheco. Por otro lado, dos consultores están detenidos del Banco Interamericano de Desarrollo, que financió y respaldó la compra. Desde el ministerio público sostuvieron: “Además, se investigará la participación de los servidores públicos bolivianos del exterior vía cancillería. Existen participación de empresas intermediarias, diversos proveedores que se presentaron, vamos a solicitar informe al BID”.

El perjuicio no solo es económico al estado boliviano, sino que lo más grave es que el 22 de mayo se cumplieron dos meses de la cuarentena y en el país no hay suficientes respiradores mecánicos. Los que se compraron no son aptos para pacientes con Covid-19. El 14 de mayo, luego de varias promesas, finalmente llegaron al país 170 respiradores de 500 prometidos.

El 15 de mayo la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva descartó la utilización de estos en las unidades de terapias intensivas porque que no son aptos para pacientes con Covid-19. Especificaron que los respiradores comprados son de reanimación de asistencia en emergencia MAMBU, para mantener a un paciente unas horas mientras es trasladado a una sala de terapia intensiva. Lo que se necesitan son respiradores mecánicos para terapias intensivas para asistir a pacientes graves que necesitan ventilación asistida porque no pueden respirar por sí mismos. El 15 de mayo el ex ministro Navajas admitió en UNITEL que los respiradores eran reanimadores de emergencia y no convencionales.

Estaba al tanto de la calidad de los mismos y de que no cumplían con los requisitos técnicos especificados por la OMS.

Por otro lado, hay pruebas contundentes de que desde el ministerio de salud estaban al tanto de otras ofertas de menor costo por los mismos respiradores, y fueron descartadas. A su vez, Navajas trasladó los respiradores por la aerolínea de bandera (BoA) cuando esa gestión se podría haber obviado porque estaba incluida en otras ofertas a menor valor.

Es incomprensible también, porque hubo intermediarios cuando se pudo haber realizado la compra directamente con el fabricante. El 19 de mayo Rodolfo Vega, gerente de C.O.S.I.N. importadora local de quipos médicos confirmó que el 25 de abril le envió un presupuesto al ex ministro de salud Navajas para la provisión de 178 respiradores Modelo Respira, por el precio de 12.500 mil dólares, en cuyo presupuesto se incluía transporte, pago de impuestos, garantía, soporte técnico, capacitación con entrega a 15 días.

La importadora local ofreció traer al país los mismos equipos por un menor valor. No se obtuvo respuesta a la oferta. Por otro lado, A.I.S.E.N. pidió una cotización a C.O.S.I.N., que fue entregada los primeros días de mayo a su director Giovanni Pacheco, de quién tampoco recibió respuesta. Además, el Ing. Fabián Díaz, desarrollador del respirador MAMBU confirmo que el país fabrica equipos de similares características y de mucho menor costo. Relató que las autoridades del ministerio de salud los descartaron argumentando que los mismos no servían para terapia intensiva. Cuentan con dos modelos, su versión compleja saldría 6.800 bolivianos equivalente a menos de 1.000 dólares y en su versión estándar un costo de 3.500 bolivianos equivalente a 500 dólares

Hasta el 22 de mayo Bolivia registra 5.187 contagios y 215 muertos. El sistema sanitario de Santa Cruz y Beni están al borde del colapso y concentran el 80% de los casos. Se prometieron 450 mil reactivos que aún no llegan al país. Los 500 respiradores que prometieron desde la gestión del primer ex ministro de salud Aníbal Ortiz, que luego Marcelo Navajas retomó, recién el 14 de mayo llegaron y resulta que no sirven para pacientes Covid-19.

Faltan especialistas, principalmente intensivistas en el país y los médicos reclaman capacitaciones, contratación de nuevo personal, insumos y equipos de bioseguridad. La promesa es una política sanitaria del gobierno de facto para ganar tiempo embaucados en la campaña proselitista de Áñez.

Hasta que suceda una tragedia como la de Guayaquil, donde se lavarán las manos de las consecuencias de sus actos con el argumento de que “ningún país está capacitado para abordar un colapso sanitario”, como sostuvo y adelantó Navajas en una entrevista. De esta manera, la dictadura condena a la muerte a los adultos mayores y con enfermedades de base, que son los que tienen mayor probabilidad de necesitar asistencia mecánica para respirar. Estos hechos atentan contra la salud pública y se constituye en un genocidio hacia el pueblo boliviano.

La comunidad internacional y los organismos de DDHH. y la OMS. deberían realizar las denuncias pertinentes porque de la pandemia del Covid-19, la realidad demuestra que no se la superara sin la solidaridad del otre.

Los lazos de poder y encubrimiento comprometen a Áñez y a su familia

Mohammed Mostajo, es el novio de la hija de Áñez y actual presidente del “comité científico” que por decreto asesora y define las acciones del plan contra el Covid-19, incluida la compra de insumos y equipos.

Es miembro de Unidad Nacional, partido fundado por Samuel Doria Medina, candidato a vicepresidente por “Alianza Juntos” con Áñez. El 5 de abril en una entrevista explicó detalladamente el proceso de compra de los respiradores, que en RED UNO recientemente negó conocer.

Recomendó la compra de los respiradores, tenía conocimiento de sus características y del precio. Su primo hermano Eduardo Claros Mostajo es el transportador oficial de todos los insumos y equipos para el Covid-19 que se distribuyen dentro de Bolivia. El diputado Montenegro quiso denunciado por este hecho, pero la fiscalía no quiso recibir la denuncia. Acordó con Pacheco director de A.I.S.E.N. la compra de los respiradores.

Giovanni Pacheco es director de A.I.S.E.N., la empresa que revisó los equipos, precio, contrato y realizó la compra con la autorización del ministro de salud. Es miembro de Unidad Nacional, hombre de confianza de Samuel Doria Medina. Gerente de SOBOCE-Tarija y de la empresa de ASEO con Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto.

El cónsul general de Barcelona Alberto Pareja Lozada sería quien direccionó e influyó en la compra, es hijo de Ruth Lozada candidata a diputada por la “Alianza Juntos”, partido de Áñez. Es mano derecha de Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y sobrino de Hugo Lozada, presidente de la aduana. Lozada presionó en la compra con la empresa intermediaria I.M.E. Consulting. En un documento oficial con fecha de 11 de mayo viralizado en redes que envió a la canciller Longaric pone en sobre aviso de que la compra escandalosa estaba en peligro, debido a la aparición de una oferta por los mismos respiradores al 50% del valor que advirtió Fernando Valenzuela, asesor jurídico del ministerio de salud.

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