Después de unas semanas volvimos con la columna de los miércoles. En está ocasión analizamos los últimos feminicidios y hechos de violencia de género que llevaron a la realización de una nueva marcha de #NiUnaMenos en Bahía Blanca, y también la sanción de la ordenanza del cupo laboral trans.
Luara Cielo Lopez, Navila Serena Garay, Vanesa Caro y Cecilia Burgadt son los nombres de las mujeres asesinadas el pasado fin de semana a lo largo del país. En el Hospital Penna un nena de tan sólo tres años se encuentra internada por las lesiones que le produjo un abuso sexual. En La Plata un policía le disparo con su arma reglamentaria a su ex pareja, una nena de 12 años y una vecina. En San Juan el dueño de una emisora de radio agredió al aire a una locutora. Hechos como estos movilizaron a las mujeres y disidencias de Bahía Blanca a salir una vez más a la calle para gritar #NiUnaMenos.
De enero a agosto de este año se produjeron 223 femicidios según datos del Observatorio de las Violencias de Género "Ahora que sí nos ven", a esta cifra hay que sumarle los que ocurrieron en el mes de septiembre.
Ante estas situaciones el Estado debe brindar respuestas inmediatas con políticas con perspectiva de género que tengan el presupuesto adecuado y no los $11 que fueron designados este año como destino para el tratamiento de la violencia. El poder judicial debe rever sus prácticas, porque es parte responsable directa de la violencia que se ejerce contra las mujeres y disidencias, al dictar fallos vergonzosos que no sólo no brindan justicias a las víctimas o familiares si no que dejan un claro mensaje de impunidad para con los victimarios, es a causa de esto que fue necesario el dictado de la Ley Micaela que hace obligatoria la formación en género de todo el personal del Estado.
Es en este sentido que Marcela Lagarde conceptualiza a los femicidios como feminicidios cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no les crea condiciones de seguridad para sus vidas ya sea en la comunidad, en la casa, en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento.
La violencia de género, en todas sus modalidades y tipos, es una problemática compleja y la consecuencia más grave de las desigualdades de poder que genera la cultura patriarcal, es por esto que es necesario el compromiso de toda la sociedad a la hora de replantearse la existencia de privilegios que se dan por cuestiones de género, raza, clase social.
Tratamiento especial, dentro de esta temática, merece el análisis de los travesticidios. El Observatorio de Crímenes LGTB registra que cada 96 horas se produce un crimen de odio contra la comunidad trans/travesti.
Esta minoría es vulnerada constantemente producto de las múltiples discriminaciones que sufre tanto por parte de la sociedad como por parte del Estado, por esto la sanción de la Ordenanza del Cupo Laboral Trans el jueves 19 de este mes en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad es de gran importancia para el cambio necesario en la generación de oportunidades.
La normativa impulsada por la concejala Gisela Ghigliani y que establece que el Municipio debe tener en su planta de empleados a un 1% de personas transgénero, tardo más de un año en ser votada en el recinto luego de duras discusiones que pusieron en relieve los prejuicios de las y los ediles.