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Ramos Padilla denunció que Macri armó la “Operación PUF” y pidió que lo citen a declarar ante el Consejo de la Magistratura

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Ramos Padilla denunció que Macri armó la “Operación PUF” y pidió que lo citen a declarar ante el Consejo de la Magistratura

El juez de Dolores presentó una serie de escritos ante el Consejo de la Magistratura en respuesta a la denuncia en su contra impulsada por el gobierno nacional para quitarle la investigación sobre la banda de espionaje ilegal. El magistrado refutó la teoría de la llamada “operación PUF” y exigió que indaguen al Presidente, al juez Bonadio, Carrió y Stornelli.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, se defendió hoy ante el Consejo de la Magistratura por la denuncia en su contra impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. En una serie de escritos presentados por su padre y abogado defensor, Juan Ramos Padilla, aseguró que el presidente estuvo al tanto de las escuchas ilegales de la “Operación PUF” y exigió que sea llamado a declarar.

Lo hizo a través de tres escritos en el que refuta la “Operación PUF” montada en su contra mediante escuchas ilegales con la finalidad de generar la sensación de que la causa que se tramita en Dolores y que investiga una red de espionaje ilegal sería solamente una operación política judicial destinada a voltear la causa de las fotocopias de los cuadernos.

“No puedo soslayar que la denuncia fue promovida por el propio presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, que ha puesto el aparato administrativo estatal – incluso a los servicios de inteligencia- para montar este irregular proceso en connivencia con sus aliados políticos y judiciales, por lo que no me queda otra alternativa que solicitar su testimonio y la de aquellos funcionarios que siguiendo sus instrucciones la promovieron ante este Consejo”.

Además precisó que el denunciante fue el “Poder Ejecutivo Nacional” (es decir, el presidente) y que por eso, “en primer término deberían declarar los denunciantes Ing. Mauricio Macri y los Dres. Germán Garavano y Juan Bautista Mahiques”. 

Cabe recordar que Germán Garavano es el Ministro de Justicia, mientras que Juan Bautista Mahiques es Consejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, y que fue quien tramitó la denuncia contra Ramos Padilla.

En relación a la “operación PUF” y la denuncia que se generó en su contra añadió:

“Como juez debo avanzar en la investigación de las causas que son sometidas a mi decisión, y ello, por más que incomode a funcionarios, magistrados y/o legisladores vinculados al Poder Ejecutivo . Se me quiere apartar a través de este procedimiento irregular ante este Consejo de la Magistratura y se recurre para ello a elucubraciones absurdas que se construyen a partir de la utilización indebida de escuchas que la Corte Suprema de Justicia Nación ha señalado que ‘no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentando a la confianza pública”.

En esa misma línea, agregó que “varias dependencias del Poder Ejecutivo Nacional” fueron formalmente partícipes de la embestida que tenía como objetivo su ilegítima destitución:

“Por vía administrativa intervino el Ministerio de Justicia, a través del Dr. Germán Garavano y el representante del Poder Ejecutivo ante este Consejo -el recusado Juan Bautista Mahíques- que iniciaron este expediente, al que luego se le agregaron ‘escuchas filtradas’ por la Agencia Federal de Inteligencia que dirige Gustavo Arribas -amigo personal del presidente-, con la participación de magistrados y legisladores investigados en la causa de Dolores”.

En esa misma línea, Ramos Padilla padre detalló que “no caben dudas de que el presidente Mauricio Macri siempre estuvo informado por la propia AFI de esta ´operación escuchas`, no sólo en virtud de quienes estaban involucrados sino porque incluso el tema fue tratado en reuniones de gabinete”.

También explicó que mediante esas escuchas ilegales “y su distribución no solo se han fabricado las causas que se le endilgan a mi defendido, sino que han sido utilizadas o habrán de utilizarse para realizar operaciones judiciales y electorales impropias del Poder Judicial y que ese Consejo de la Magistratura debería erradicar inmediatamente“.

Concretamente, el 18 de marzo, el gobierno nacional denunció a Alejo Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, luego de que el juez asistiera a la comisión de Libertad de Expresión de Diputados, tras ser invitado por la oposición para explicar la causa, en virtud de la gravedad institucional que el caso revestía.

En una entrevista televisiva, Macri afirmó que Ramos Padilla ya se había “mandado varias” y que “no es un juez que actúe con ecuanimidad” ya que se había prestado “a un show mediático”. Además expresó su deseo: “espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.

La Comisión de Disciplina y Acusación analizó el caso y le pidió al magistrado que realizara su descargo. En ese contexto, Ramos Padilla replicó hoy sobre la vaguedad de la imputación en su contra:

“Lo actuado en aquella audiencia se relacionó precisamente con el deber que tenemos los funcionarios de actuar con transparencia y dar cuenta de los actos de gobierno. Aunque se amenace con una sanción, los funcionarios no nos podemos negar a dar explicaciones frente a los representantes de los poderes constitucionales, pues en la actividad de todos los funcionarios y magistrados está la posibilidad de ser sometido a aquel escrutinio”.

En otros dos escritos presentados por la defensa del juez, se pidió que se cite como testigos ante el Consejo de la Magistratura al presidente Mauricio Macri, su Ministro de Justicia Germán Garavano, al titular de la AFI y su segunda (Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente). También se requirió la citación de la diputada nacional Elisa Carrió, el juez federal Claudio Bonadío, el rebelde fiscal Carlos Stornelli, el juez de Lomas de Zamora (Federico Villena, mencionado por D’Alessio al ser allanado), al director de la oficina de escuchas (DAJuDeCO) e incluso a los detenidos Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi. También se pide que citen al fiscal de la causa, Juan Pablo Curi.

“El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la AFI, el Ministro de Justicia, el representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura, sus aliados políticos y judiciales contra mi defendido, el Sr. Juez Federal de Dolores, que en soledad y con escasos recursos lleva adelante una investigación que los incomoda”.

A continuación denunció la situación presente al mencionar que “resulta paradójico que en el juzgado de Dolores se investigue el modo en que los servicios de inteligencia introducen prueba ilegal en el circuito judicial y para lograr que el juez que interviene en la causa sea removido o sancionado, los involucrados en aquel proceso introducen prueba de manera ilegal en un expediente judicial que dirige otro de los investigados, con la que ahora se quiere avanzar en este Consejo de la Magistratura”.

El abogado del juez de Dolores también comparó “la operación Puf” con la causa por escuchas telefónicas ilegales en la que estuvo procesado Macri cuando era Jefe de Gobierno porteño, y en la cual fue sobreseído tras asumir como presidente.

“La operación sería igual o más grave que la que se llevó a cabo con funcionarios del entonces gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hace responsable especialmente a los jueces que disponen, almacenan y/o pretenden utilizar las escuchas de personas detenidas, -en algunos casos a su disposición- e investigan y avanzan en procesos a partir de una injerencia arbitraria del estado, en el caso de gran magnitud”.

Además expresó que “el espionaje judicial podría ser sólo una parte de una maniobra política y judicial ilegal más ambiciosa, y atendiendo al modo en que se fueron sucediendo los hechos, premeditada”.

En este sentido, hizo especial hincapié en el hecho de que las escuchas fueron requeridas en el marco de la causa de los cuadernos en la que se encuentra imputada la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner, y que lo que “se buscaba era blanquear escuchas para agregar de algún modo a la causa” contra la senadora nacional y candidata a vicepresidenta.

“Todo el modo en que se recolectó reclamó, distribuyó, filtró, transcribió y finalmente entregaron a este Consejo la escuchas hablan de una operación direccionada en la que la responsabilidad de algunos funcionarios y magistrados aparece como evidente”.

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