El presidente Alberto Fernández derogó la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente impulsado por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, durante los últimos día del gobierno de Mauricio Macri.
A 11 días de dejar el gobierno, Mauricio Macri crecó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), un ente autárquico que serviría para resguardar la seguridad de los "arrepentidos" o imputados colaboradores en causas judiciales.
De este modo, pretendía sacar del alcance del Poder Ejecutivo Nacional la información pertinente a los diferentes testigos protegidos.
Uno de los casos más escandalosos es el de Leonardo Fariña, que le costó al estado 7 millones y se utilizó para perseguir burdamente a la actual vicepresidenta. Las declaraciones de Fariña como arrepentido fueron guionadas por la AFI, con total conocimiento de Germán Garavano.
Hoy, Alberto Fernández anuló el decreto que había criticado entonces, aludiendo que "no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia".
El decreto 168/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, asevera que "no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del programa se mantuvo sin variación durante más de 16 años hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior".
De esta forma, el programa de protección de testigos tendrá nuevamente el diseño institucional anterior “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias", es decir, se mantendrá bajo el Ministerio de Justicia con el organigrama anterior.