Finalmente los diputados provinciales de la UCR privilegiaron la unidad con el PRO y decidieron no dar quórum para debatir la necesaria reforma previsional del Bapro que buscaba restituir los derechos jubilatorios de los trabajadores. El tema que se iba a tratar en la sesión de este miércoles fue nuevamente postergado aunque hay una posibilidad de volver a discutirlo a mediados de diciembre.
La premisa de los legisladores del PRO de no ceder ante el nuevo intento del oficialismo se terminó de materializar en la tarde de ayer luego de una reunión del bloque de Juntos en la que el partido amarillo, la UCR y la Coalición Cívica definieron en unidad no habilitar el número para sesionar en la Cámara Baja provincial.
Hasta el momento, las especulaciones pasaban por la postura que podrían haber tomado los boina blanca, dirigidos por el presidente del Comité Provincia de la UCR, Maximiliano Abad, que en mayo de este año había alcanzado un acuerdo con el peronismo para tratar la reforma del Bapro.
En aquella oportunidad, el consenso de las filas amarillas los había otorgado Néstor Grindetti, aunque poco tiempo después el ex presidente Mauricio Macri hiciera volar por los aires los pactos bonaerenses, provocando la renuncia de Grindetti a la mesa provincial del PRO.
Sin embargo, aunque algunos sectores del oficialismo especulaban con un escenario similar al de diciembre del año pasado donde el bloque opositor dividió votos por la ley que limitaba las reelecciones indefinidas, esta vez los boina blanca se abroquelaron a la postura del PRO.
Desde el partido centenario reconocen que estaban en una posición incómoda, ya que, si bien creían que se podía llegar a un acuerdo con el gobierno, corrían el riesgo de partir el bloque opositor. Por lo que privilegiaron la unidad con el PRO.
La caída del proyecto representa otra vez el cementerio en el que se convirtió la Legislatura bonaerense, donde son cajoneados varios proyectos de peso del Frente de Todos como la reconversión del Instituto Biológico “Tomás Perón” de La Plata, el juicio político contra el procurador de la Corte Suprema de Justicia, Julio Conte Grand, y la mencionada reforma del Bapro.
Sin embargo, la posibilidad que se baraja por estas horas es que en diciembre, una vez que termine el Mundial el 18 de diciembre, haya una sesión especial previa al tratamiento del Presupuesto 2023 y la Ley Impositiva donde se trata un nuevo proyecto de ley de reforma de la Ley 15.008, que se circunscriba a introducir cambios al artículo 41 de la citada norma, el mismo que la Suprema Corte bonaerense declaró insconstitucional.
Como fuere, el máximo órgano de justicia provincial ya lo advirtió, tras llamar a dos audiencias de conciliación: el 14 de diciembre se termina el plazo. Y a partir de allí sólo será cuestión de tiempo para la sentencia en contra de la Provincia, que acarreará una carga financiera para las arcas bonaerenses de importante magnitud, la de los más de 5 mil juicios pendientes de resolución.
La presura del gobernador Axel Kicillof responde al costo económico que debe afrontar el Poder Ejecutivo por las acciones judiciales que se llevaron adelante contra el Banco Provincia desde el cambio en la formula jubilatoria de los trabajadores del Bapro sancionada en 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Un fallo de inconstitucionalidad de parte de la Suprema Corte podría disparar los juicios contra el Estado por un costo cercano a los $90 mil millones.
Vale recordar, que durante el gobierno de Vidal se sancionó la Ley 15.008, que elevó a 65 los años de jubilación para hombres y mujeres y estableció el haber de los retirados en 75% de lo que cobra el personal en actividad en lugar del 82% que regía, bajo el argumento de que ese régimen llevaba a la caja a una situación deficitaria.