El Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca elevó a juicio la causa contra Néstor Luis Montezanti por su participación en el grupo parapolicial conocido como "Triple A" al que se le atribuye la comisión de 24 homicidios en la ciudad entre los años 1974 y 1975.
Además, la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, encabezada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y los auxiliares fiscales Paula Molini, Pablo Fermento y José Nebbia solicitó este miércoles la elevación a juicio de la investigación seguida contra el exmilitar Roberto Carlos Brunello por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 42 víctimas.
Finalmente, Montezanti a juicio
Montezanti, quien se desempeñó como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones bahiense hasta el 2016, fue acusado como autor del delito de asociación ilícita en concurso real con el de intimidación pública, calificados como crímenes de lesa humanidad.
La existencia de la asociación ilícita fue reconocida en agosto del 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense en la sentencia en la causa “Triple A”, por la que fueron condenados cuatro integrantes del grupo de ultra derecha.
El excamarista también deberá responder por el delito de intimidación pública, en virtud de la ocupación armada de las instalaciones de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) entre agosto y noviembre de 1974.
En aquella oportunidad fue acreditado por numerosas declaraciones de estudiantes que vieron al acusado junto a otros integrantes armados de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A).
La ocupación de la UTN fue la antesala de la actuación del grupo criminal en 1975 en la Universidad Nacional del Sur (UNS). El 3 de abril de aquel año, tres miembros de la Triple A asesinaron al estudiante y militante comunista David Hover "Watu" Cilleruelo.
Por el juicio de aquel crimen, en aquel momento, Montezanti fue designado por uno de los asesinos, Jorge Argibay, como su abogado de confianza.
Este fue uno de los numerosos vínculos que la fiscalía pudo reconstruir entre el acusado y los restantes miembros del grupo criminal.
Al respecto, el requerimiento de la fiscalía analizó la continuidad de Montezanti en el ejercicio de roles dentro del entramado delictivo, hasta su incorporación formal como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 de Bahía Blanca entre los años 1980 y 1982.
El 27 de julio de 2015, Montezanti fue imputado, pero recién pudo ser indagado el 16 de febrero de 2018, tras su renuncia como juez de la Cámara Federal bahiense.
Hasta esa fecha, el ex docente de la carrera de abogacía no había comparecido a las citaciones, lo que condujo a que se decretara su rebeldía y prohibición de salida del país.
Tras ser indagado, el 23 de septiembre de 2020, el juez federal Walter López Da Silva lo procesó. El 12 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la decisión.
Juicio para Roberto Carlos Brunello
A su vez, la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca también pidió elevar a juicio la causa contra el exmilitar Roberto Carlos Brunello, por la comisión de delitos de lesa humanidad.
A Brunello se le imputa ser responsable de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y torturas, además de los abusos deshonestos cometidos en perjuicio de una de las mujeres secuestradas.
Al momento de los hechos, Brunello era el jefe de la Compañía Combate “My Keller” del Batallón de Comunicaciones 181, la cual tenía a su cargo la ejecución de los operativos de secuestro llevados a cabo por esa unidad.
El acusado también integró la plana mayor del mismo batallón, en la doble calidad de oficial de Inteligencia (S2, en la jerga castrense) y oficial de Personal (S1) y ayudante del jefe.
Brunello había sido imputado en 2013 y estuvo prófugo durante casi ocho años, hasta que fue capturado el año pasado en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires. Tras ser indagado, el 19 de agosto pasado, el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca lo procesó.
Entre los casos por los que será juzgado, se encuentra el de una víctima que sufrió diferentes situaciones de abusos sexuales e intentos de violación en las instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181.
Se trata de uno de los dos únicos casos que, a la fecha, han podido ser llevados a juicio, pese a haber numerosas imputaciones por delitos sexuales cometidos por los represores y genocidas.
Según los jueces, la investigación no podía avanzar frente a la ausencia de ejercicio de la instancia privada por parte de las víctimas, a pesar de que las prácticas de violencia sexual eran sistemáticas y, en muchos de los casos, existían testimonios y otros elementos de prueba independientes que permitirían acreditar que efectivamente ocurrieron.
El caso se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.